También "se sincera que si se requiere más agua para alguna actividad minera, estas empresas tendrán que traerla de otras partes para desalar".
"Con la ley actual, las cuentas del agua sólo suben. Pero cuando cambiemos la situación, debieran tender en el sentido contrario. Van a bajar, porque la escasez de agua la pagarán todos los actores Hoy, las empresas sanitarias son las que financian cada vez que hay un problema. Y si financian las empresas, lo financian los usuarios".
Así describió este jueves el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, uno de los efectos del anuncio hecho el miércoles por la Presidenta Michelle, para "reconocer el agua como un bien nacional de uso público en sus diversos estados, modificando sustantivamente el Código de Aguas".
El titular MOP recordó que tanto la reforma constitucional como la modificación al Código ya se discuten en el Congreso. Pero "como hoy la Constitución sólo contempla los derechos de agua y no que el agua es un bien nacional de uso público, cada vez que hay una disputa gana la Constitución", indicó.
Según explicó, el primer beneficio de los cambios legales "es que se determinan usos prioritarios, que son el consumo humano y la pequeña agricultura. El segundo beneficio es que se sincera que si se requiere más agua para alguna actividad minera, estas empresas tendrán que traerla de otras partes para desalar".
Respecto de las críticas planteadas por la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, entidad que pidió respetar los derechos adquiridos, Undurraga dijo que "la pequeña agricultura puede estar totalmente tranquila, porque esta norma es para protegerla. En la medida en que conozcan los alcances, van a notar que esto es algo positivo".
A modo de ilustración, describió lo que ocurre en el río Copiapó, donde existen derechos que superan en tres veces el caudal real. "Se otorgaron 19 metros cúbicos y sólo hay 3 metros cúbicos", dijo. "Hoy esa escasez la pagan el usuario, pero la debe pagar el que genera esa situación, arriba en la cordillera, que son las mineras".
"Lo que estamos planteando es que el Estado puede limitar el ejercicio de los derechos de agua en momentos de sequía. Además, la reforma constitucional nos permitiría poder evaluar si llevamos agua de una cuenca a otra en caso de que una tenga excedentes y a la otra le falte. Se usará con criterios de bien común y no de mercado", explicó.
"Esto también ocurre cuando alguien acumula agua arriba en la cuenca y no la deja pasar. En estos casos, el Estado generaría estándares de cuánta agua tiene que bajar de acuerdo con la prioridad de consumo humano y pequeña agricultura", sostuvo e indicó que aún no está claro cuánto presupuesto se requerirá. "El Banco Mundial dice que la Dirección General de Aguas necesita 90 personas más para hacer cumplir las actuales normas", advirtió.
Respecto del anunciado proyecto de ley que proteja los glaciares, dijo que trabajarán en conjunto con el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, con el propósito de poder mandar una iniciativa al Congreso antes del próximo 21 de Mayo.
