Fue un fallo lapidario que absolvió a los 8 gendarmes y que culpó a la Fiscalía de presentar medios de prueba "difusos, imprecisos y contradictorios".
La situación gatilló la inmediata disconformidad de los familiares de los fallecidos en diciembre de 2010 en la cárcel de San Miguel. Pero también de las ONGs que trabajan con los reos. Sus dardos, más que hacia los gendarmes, apuntan hacia la deuda que tiene el Estado con los presos.
Para el director judicial de la ONG Comunidad y Justicia, Gustavo Delgado, "llama mucho la atención que el tribunal (que dictó el fallo absolutorio hacia los gendarmes) sostenga que la tragedia tuvo responsables que no corresponden a los acusados. Si las pruebas rendidas en el juicio no han tenido, en opinión del tribunal, el mérito suficiente como para condenar a los 8 acusados, difícilmente pudieron tenerlo para afirmar que sí existió responsabilidad de otras personas que ni siquiera tuvieron la calidad de imputados en esta causa".
En cualquier caso, indica, es "evidente que el Estado tiene una responsabilidad civil por la muerte de los internos al encontrarse todos ellos bajo su cuidado. Es una responsabilidad que no necesariamente requiere de la condena penal para que se haga efectiva, y tendremos que estar atentos sobre este asunto también".
Y va más allá: "San Miguel dejó en evidencia lo que era un secreto a voces: la situación de las personas privadas de libertad en nuestras cárceles es sencillamente indigna".
La Fundación Paternitas lleva ya largo tiempo trabajando con los presos y sus familias para "romper el círculo de la delincuencia".
Para su director, sacerdote Nicolás Vial, "la muerte de los pobres en Chile y sobre todo los que están en privación de libertad vale cero. Nadie se preocupa cuando muere una persona que no tiene injerencia en el mundo social".
Aún más, dice, el fallo que dejó el incendio de San Miguel sin responsables "me parece escandaloso. No puedo creer que en la institución, que estaba a cargo de los internos, no haya alguno (gendarme) que tenga algún grado de responsabilidad".
Agrega: "¿Qué hubiese pasado si el incendio hubiera ocurrido en otro sector y hubieran muerto 81 funcionarios? Todo el país habría quedado consternado, se hablaría de millonarias indemnizaciones. Aquí hubo una mala administración, no de todos los funcionarios que estaban en ese momento, pero tiene que haber habido responsables. A mi entender, algunos no actuaron en forma coordinada, oportuna y profesional, no entregaron su vida al servicio de los privados de libertad".
Más allá de este caso, para el padre Vial "aquí hay responsables desde hace 50 años, porque algunas de las cárceles están concebidas para desechar a los seres humanos. En muchos aspectos son atentados a los derechos mínimos del ser humano y una tortura camuflada".
"Esperábamos una justicia simbólica, nuevas señales, pero quedamos en lo mismo. Aquí hay una responsabilidad del Estado y también de operación de los custodios. En los tiempos que vivimos, de modernidad y progreso, no puede estar ocurriendo este tipo de cosas", afirma el asesor de Derechos Humanos de la ONG Confraternidad de Familiares y Amigos de Presos Comunes (Confapreco), Manuel Henríquez.
Recuerda que "el año 2000, en el mismo penal murieron siete personas en un incendio. El gobierno de turno dijo que eso no podía volver a ocurrir, que se iban a tomar las providencias del caso, pero el hacinamiento continuó y no se reparó el penal. Al año siguiente, en mayo, murieron 27 en el penal de Iquique y en 2004 otras 6 personas en la cárcel de Concepción, también en las mismas condiciones. ¿De qué justicia estamos hablando respecto de las personas que están privadas de libertad?".
Finaliza Henríquez: "No se han sacado lecciones de nada. Se creyó que con la construcción de 10 cárceles concesionadas el tema estaba saneado. Tienen que entender que si bien los presos cometieron un error, también tienen derechos como toda persona. Si no, ¿qué nos hace mejores que ellos como sociedad?".
