Abogados reciben el pago de costas en caso de que la Corte falle a favor del cotizante. Colmena empezó a enviar carta a los afiliados para comprobar si es que efectivamente interpusieron un recurso judicial.
Los recursos judiciales se apilan en las cortes de apelaciones.
Hace dos semanas S.R. (35) recibió un e-mail de su isapre que la sorprendió. En la nota, Colmena le informaba que había sido notificada del recurso de protección interpuesto por ella contra la institución, en rechazo al alza de la prima GES (Auge).
El problema es que ella nunca había presentado ni pedido a nadie presentar a su nombre dicha acción legal.
En la página web del Poder Judicial confirmó que el recurso había sido interpuesto el 30 de junio de 2013, justo el último día de plazo para recurrir contra el alza y en medio de un boom de escritos ingresados a tribunales.
"Como patrocinantes figuraban dos abogados que no conozco y con los que nunca he conversado, ni en persona, ni por teléfono, ni por ninguna otra vía", relata. Al buscar en internet sus nombres, descubrió que son socios de una de las principales oficinas dedicadas a este tipo de acciones contra las isapres.
El recurso fue declarado admisible por la Corte de Apelaciones de Santiago el 29 de enero.
La sorpresa de S.R. aumentó cuando compañeros de trabajo, afiliados a la misma aseguradora, recibieron el mail tipo aunque "ellos tampoco habían presentado recursos", afirma.
La situación se ha producido en medio de una avalancha de verdaderos recursos ingresados a los tribunales por afiliados que quieren frenar las alzas de precios de sus planes base o GES. Sólo el año pasado, 148.677 recursos de este tipo llegaron a las cortes.
Fuentes de la industria señalan que las acciones judiciales fraudulentas, sin conocimiento de los afiliados, se han detectado desde el segundo semestre del 2013. En agosto del año pasado tres isapres, Cruz Blanca, Consalud y la propia Colmena se querellaron contra una abogada de la V Región por estafa, fraude y falsificación de firma, tras descubrir numerosos escritos similares. El caso sigue pendiente.
En este contexto es que Colmena decidió tomar medidas. Según explica el fiscal Rodrigo Abascal, "enviamos una carta a todos los afiliados que aparecían presentando recursos por alza de precios, para que nos confirmaran si efectivamente habían dado su consentimiento para iniciar las referidas acciones legales".
En la nota les entregan la posibilidad de asesoría legal, "en caso de que fuera necesario para desistirse de sus demandas y regularizar su situación. Producto de esta carta hemos detectado nuevos casos que presentan irregularidades", señala Abascal.
-Sólo el año pasado las isapres pagamos más de $8 mil millones por conceptos de costas, que fueron directamente a pagar los honorarios de los abogados que patrocinaron estas causas. Como isapre claramente preferiríamos destinar estos fondos a iniciativas como apoyar las cotizaciones de los adultos mayores. Por lo mismo, nos parece aún más grave, e incluso delictivo, que algunos de estos recursos sean interpuestos sin el consentimiento del afiliado y que el abogado que los deduzca lo haga con el sólo fin de obtener el pago de las costas correspondientes a la tramitación de estas acciones", asegura. Y agrega. "¿Le parece razonable que unos pocos abogados el 2014 vayan a recibir por concepto de costas judiciales un monto cercano a los $12 mil millones?".
Cercanos a la industria de las isapres indican que este tipo de irregularidades son posibles porque el abogado patrocinante del recurso sólo requiere el nombre y el RUT del cotizante. En todo caso, para cobrar las costas sí debe tener un mandato firmado ante notario.
Y para desistirse, como en el caso de S.R., los afiliados deben iniciar un engorroso proceso en la misma corte.
Las costas por cada recurso acogido contra el alza de la prima GES promedian $70 mil (aunque hace poco ya quedó claro que los tribunales los están rechazando), mientras que las de recursos por alza de precios base fueron aumentadas a $130 mil.
Para el fiscal de Colmena, "más que un vacío en el sistema hay un abuso del mismo. Se ha creado una verdadera industria en torno a las demandas para congelar el precio base de los planes de salud. Se trata de un proceso automático en el que basta modificar una firma -que como hemos visto muchas veces incluso se suplanta-, obteniendo pagos millonarios por parte de las isapres".
Desde Cruz Blanca agregan que "consideramos que situaciones de este tipo son muy graves puesto que constituyen un delito que afecta a nuestros afiliados y al sistema judicial, y dejan en evidencia que se ha formado un negocio en torno a los recursos de protección en contra de las Isapres, que más que velar por los intereses y el beneficio de los afiliados, lo que buscan es obtener un beneficio a costa de los usuarios, en perjuicio de todo el sistema de salud privado".
