"Es necesario extremar los mecanismos para transparentar los pagos por uso de recursos de infraestructura y servicios, así como garantizar la plena justificación de su validez", dice el informe que redujo de 5 a 4 los años de acreditación.
Los problemas de infraestructura de la Universidad Andrés Bello que llevaron a los estudiantes de Derecho del campus Bellavista a iniciar un paro de actividades el miércoles, ya habían sido detectados por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) en el informe que resolvió acortar de 5 a 4 años la acreditación de esta casa de estudios, controlada por el consorcio Laureate (mismo propietario de la U. de Las Américas y la U. de Viña del Mar).
Tanto la universidad Andrés Bello como Las Américas son investigadas por el Ministerio de Educación por la información que entregaron en sus respectivos procesos de acreditación, donde este último plantel fue rechazado, por lo que deberá esperar dos años para intentar obtener nuevamente la acreditación.
El informe de la CNA sobre la UNAB -que fue enviado el mes pasado al rector Pedro Uribe- indica que "los propósitos institucionales (de la universidad) son desafiantes y de difícil concreción, dadas las brechas entre la aspiración de 'ser reconocida como una de las mejores universidades del país' y la realidad actual de la universidad".
Agrega que "es evidente la necesidad de revisar las políticas (de infraestructura) por parte de la dirección superior de la universidad. Se hace necesario extremar los mecanismos para transparentar los pagos por uso de recursos de infraestructura y servicios, así como garantizar la plena justificación de su validez" .
Y señala que la universidad "comparte cierta infraestructura y equipamiento con instituciones de otros niveles de la educación superior propiedad de Laureate. La infraestructura es propiedad de sociedades inmobiliarias (a su vez propiedad de terceros relacionados) en la que la UNAB tiene participación, aunque no control".
Luego sostiene que " la universidad explica este mecanismo de propiedad indirecta de infraestructura como una forma de establecer un fondo fiduciario, que garantice rentas futuras para el financiamiento institucional, porque los arriendos pagados son destinados en parte a financiar dicho fondo ".
Los comisionados agregan que en la visita de los pares evaluadores "se observó que la adjudicación de asignaciones y el uso de partidas para algunos centros de costos relacionados con la infraestructura, son compartidos por instancias donde conviven distintas instituciones relacionadas, con y sin fines de lucro".
Y aunque reconoce avances, la CNA establece que "existe heterogeneidad en la calidad de la infraestructura, lo que se evidencia en los recursos materiales, humanos, equipamiento e infraestructura, en cuanto a metros, disponibilidad y estándares fijados por la misma institución".
Por eso, agrega, que "en opinión de los pares evaluadores, la estructura de propiedad de los inmuebles de la universidad, en que la UNAB es parte de sociedades inmobiliarias, presenta el inconveniente que la disponibilidad de uso y mantención mayor de los inmuebles puede ser condicionada a factores ajenos al mejor interés institucional, lo que representa algún grado de riesgo para el proyecto educativo".
Consultada la universidad, declinaron referirse al tema debido a que estaban enfocados en solucionar el paro estudiantil de Derecho.
