Es el último capítulo de un caso por el que fueron formalizados por cohecho, en 2010, Mario Olavarría, su ex jefe de gabinete Domingo Soto y el gestor inmobiliario Nabil Mansour.
Mario Olavarría
"Me dijo que tenía que pagar favores políticos en el municipio. Le pregunté si eran coimas y me dijo que sí".
La voz del ingeniero Francisco Núñez se escuchó con toda claridad en el Juzgado de Garantía de Colina en donde, desde el lunes, se realiza el juicio simplificado en contra del alcalde Mario Olavarría (UDI), su ex jefe de gabinete Domingo Soto y el gestor inmobiliario Nabil Mansour.
Todos imputados por dos delitos de cohecho, al que Olavarría suma el de otorgamiento indebido de patentes de alcoholes.
Es la etapa final de una historia iniciada en 2007, cuando un carabinero denunció una supuesta infracción a la ley de alcoholes de un supermercado Tottus, colindante a la 8ª Comisaría de Colina. Esta acción desató una avalancha de denuncias, que en 2010 llevaron al Ministerio Público a formalizar a Olavarría, Soto y Mansour por supuestos cobros de coimas en las negociaciones del arriendo del terreno municipal en que se instaló el supermercado. También la fiscalía presentó cargos en contra del vicepresidente de Tottus, Francisco Leyton, por el delito de soborno.
Según la acusación del Ministerio Público, Leyton habría pagado una coima de más de $100 millones a Mansour por el negocio. Luego, éste habría entregado $21 millones a Soto (ex asesor de Olavarría) quien -entre 2005 y 2009- transfirió $117 millones a la cuenta bancaria del alcalde.
En su minuto, Olavarría reconoció el traspaso de estos dineros -que se detectó con el levantamiento del secreto bancario a las cuentas de los involucrados-, pero aseguró que correspondían a "préstamos personales" y no a una coima.
En abril de 2011, la fiscalía acordó una salida alternativa: que Olavarría restituyera a las arcas municipales $56 millones mientras que Soto, Mansour y Leyton tenían que pagar conjuntamente otros $60 millones en 12 cuotas.
Al Consejo de Defensa del Estado (CDE) no le gustó el acuerdo (salvo en el caso de Leyton quien no estaba indagado por cohecho): Apeló y la corte ordenó que la fiscalía tenía que seguir investigando.
Este lunes el Ministerio Público abrió los fuegos -en este juicio que se prolongaría por otras dos semanas- presentando sus pruebas: 30 testigos, seis peritos y más de 80 documentos.
Luego lo hará el CDE y después las defensas de los imputados: Jorge Bofill y Matías Balmaceda por Olavarría; Vinko Fodic y Eduardo Riquelme por Mansour mientras que Gonzalo Cruz y Rodrigo Luna lo harán por Domingo Soto.
El fiscal Mauricio Vergara confía en que las pruebas generen "convicción" al tribunal de que los imputados cometieron cohecho, por lo que arriesgan entre 61 días a 3 años (el caso es de antes de que se agravaran los castigos por estos delitos). Condena que, lo más probable, será remitida por la intachable conducta anterior de los acusados que además arriesgan "inhabilitación absoluta para cargos u oficios públicos" (temporal o perpetua). Sanción que afectaría más a Olavarría por su condición de alcalde.
La declaración del ingeniero Francisco Núñez -citado en un comienzo- es uno de los testimonios clave en el caso: Fue quien se habría opuesto a pagar una comisión de 6 mil UF a Nabil Mansour por conseguir el arriendo.
Ante el tribunal, Núñez recordó que en 2005 entró a trabajar como gerente de desarrollo de la inmobiliaria de D&S (hoy Walmart). Al llegar, heredó las carpetas con los proyectos, entre los cuales, estaba el de Colina, gestionado por Mansour.
Al revisarlo, le extrañó la cifra que el gestor pedía como honorarios: "Era bastante más alta de lo que se manejaba en el mercado... y como era arriendo, le correspondía a lo más dos meses, unas mil UF", indicó.
Y se negó a pagar. Posteriormente, tras una reunión con Mansour en Valparaíso -para ver otro proyecto en Playa Ancha- el tema fue abordado entre ambos.
Al decirle que el pago era excesivo, según Urzúa, "él me dijo que su gestión era cara y agregó que debía pagar algunos favores políticos en el municipio. Le pregunté si eran coimas y me dijo que sí" .
Tras ello, Urzúa y su superior, Sebastián Rozas, se reunieron con Olavarría, le contaron lo ocurrido y le manifestaron que podían pagar las 6 mil UF, pero al municipio y no a Mansour.
El alcalde los invitó a explicar el proyecto al Concejo Municipal, mientras Mansour les llamaba constantemente para cobrar su comisión. Poco después les envió un e-mail , con una carta adjunta, supuestamente del edil, en la que expresaba que sólo se haría el acuerdo a través de Mansour.
Tras quedar el negocio en punto muerto, Domingo Soto pidió reunirse con Núñez. Era para proponerle una solución: "que la constructora que hiciera el supermercado fuera la que ellos indicaran. Les dijimos que no y se acabó el proyecto".
Núñez nunca más vio a los involucrados y desarrolló una exitosa carrera en D&S (Walmart). Hoy es gerente de formato de Ekono.
Sigue al mando del municipio, pero por estos días, el alcalde de Colina, Mario Olavarría, debe asistir cada mañana a los tribunales de su zona para enfrentar el juicio simplificado.
"Lo único que quiero es defender mi honorabilidad, que se esclarezcan los hechos y que quede clara mi inocencia", señala en una pausa de las audiencias.
-¿Ha tenido algún problema colateral en Colina?
-La verdad que no, esto tuvo su momento cúlmine en dos elecciones, el 2008 y el 2012, y en la última saqué la más alta votación. Entonces en la comunidad no es un tema, es un mero trámite.
