Jueces acogieron recurso de amparo presentado por dos mujeres en Colina y hablaron de "ilegalidad". Caso se suma a muerte de un detenido en un furgón policial en Rancagua.
El pronunciamiento ocurre cuando aún la Fiscalía Militar investiga las circunstancias en que falleció José Aravena Retamales dentro de un furgón policial en Rancagua. De hecho, la sentencia determina que se vulneró la libertad de las amparadas al retrasar injustificadamente su liberación, pese a que existía una orden de liberación decretada por un fiscal del Ministerio Público, tal como ocurrió en el caso de Aravena el 17 de febrero pasado.
La situación hizo que esta mañana expertos vinculados al tema seguridad pidieran revisar los procedimientos, así como la capacitación de los uniformados.
Las hermanas Jéssica y Catalina Quijada Onell fueron detenidas durante un operativo por robo junto a un hombre que había sido identificado como el ladrón, de nombre Rodrigo Montecinos Pino. Según afirma el fallo, "no fue respetado el derecho fundamental que cede en su beneficio ni fueron guardadas las formalidades legales, incurriéndose en una ilegalidad que no puede ser tolerada. En efecto, las detenciones en entredicho fueron ejecutadas a las 10:40 horas del día 12 de febrero de 2014 y a pesar de que alrededor de las 14:00 horas de ese mismo día la fiscal de turno dispuso la libertad de las amparadas, tal orden sólo vino a ser ejecutada a las 23:55 horas, esto es, prácticamente 10 horas después".
Los jueces agregaron que "es evidente que cualquier medida que afecte la libertad personal ha de ser de carácter excepcional, de momento que está limitada por la presunción de inocencia".
Al acoger la acción cautelar, la Corte de Apelaciones de Santiago dispuso dos medidas:
1.- En lo sucesivo, Carabineros de Chile deberá adoptar las providencias necesarias para evitar infracciones como las evidenciadas en este caso; y
2.- Se ordena remitir copia de estos antecedentes a la respectiva superioridad de la Tenencia "Batuco" de la Octava Comisaría de Carabineros de Chile, "Colina", para los fines disciplinarios a que hubiere lugar".
Esta mañana, se supo que Carabineros instruyó una investigación administrativa en la unidad de Batuco, donde se produjeron los hechos, de modo de determinar eventuales responsabilidades en el procedimiento descrito por el tribunal.
Consultado por La Segunda, el diputado PPD Felipe Harboe -que a partir del 11 de marzo presidirá la comisión de Constitución del Senado- indicó que "es muy importante que Carabineros cumpla con lo que indica la ley. Si algunos procedimientos evidencian que esto no está ocurriendo, porque hubo una muerte y ahora un reclamo de dos personas, entonces amerita que la policía analice lo que está pasando".
Agregó que es "conveniente que el alto mando de Carabineros y las nuevas autoridades se junten, revisen lo que está pasando y adopten las medidas necesarias para que se respeten los derechos de las personas".
La académica y experta en temas de seguridad de la Usach Lucía Dammert , señaló que "estos no son los primeros casos. Se abrió la puerta para que no sólo se revisen los procedimientos, sino para ver cómo y quiénes los están llevando a cabo. Los procedimientos pueden estar muy bien descritos en el papel -como ocurrió en Rancagua, donde aparentemente también se falsificó una orden- pero eso no basta para saber lo que está pasando".
"No podemos seguir esperando a que ocurran más casos. Hay que tener cuidado con la burocracia. Carabineros detiene a miles de personas todos los años, pero uno no sabe cuántas de ellas son revisadas por los superiores a quienes las realizan. Lo que ocurrió ahora es un indicio de que tenemos que efectuar una revisión mayor", insistió la académica.
En tanto, el investigador del Instituto Libertad y Desarrollo José Francisco García, indicó que "estos hechos son noticia porque son sucesos aislados. No existe una práctica constante de atropello de los derechos humanos, pero la situación sí invita a que Carabineros, el Ministerio Público y los tribunales sean más rigurosos en la aplicación de los protocolos de detención y de las primera diligencias de una detención".
García también indicó que "es necesario pensar en invertir en la capacitación de quienes ejecutan los procedimiento. Es algo que analizamos en la comisión de reforma a la reforma procesal penal. Ahí detectamos que uno de los problemas que tienen las policías tiene que ver con la capacitación en la interpretación de las normas".
