"Este delito debiera tener una pena mucho más alta", afirmó magistrado, al explicar por qué dejó en libertad a hombre que chocó y mató a otro automovilista, pese a que habría estado bajo la influencia del alcohol y las drogas.
"En lo personal yo soy del parecer de que este delito debiera tener una pena mucho más alta, pero no es la decisión política que yo debo honrar. (...) No puedo construir a espaldas de la ley una gravedad que el propio legislador no ha establecido".
Con esas palabras el juez del Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, Rodrigo Carvajal , justificó así la resolución que dejó en libertad a Carlos Reyes Marabolí. El domingo el sujeto manejaba contra el tránsito en la Autopista Central cuando chocó y causó la muerte del joven padre de familia Víctor Stappung Agusto.
En la audiencia de ayer, Reyes quedó formalizado por conducción bajo los efectos de alcohol y drogas (portaba 300 miligramos de cocaína) causando la muerte de una persona, y sujeto a las medidas cautelares de firma mensual, arraigo nacional y retención de la licencia de conducir, durante los 120 días que dure la investigación.
Tras la formalización, el fiscal de la zona metropolitana occidente, Guillermo Tapia , dijo que pese a que el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva, "finalmente al no cumplirse completamente con los requisitos que establece la ley para decretar ese tipo de medidas cautelares, se dicta otro tipo de medidas".
Haciéndose eco de la familia del conductor fallecido, que reclamaron por lo que consideraron derechamente una injusticia y un desatino, el fiscal dijo que "lo que se discute en la audiencia es el derecho vigente. La resolución judicial, al igual que las peticiones de las partes, tiene que realizarse dentro del marco legal vigente".
Lo sucedido recordó de inmediato la frustrada tramitación de la "Ley Emilia", destinada a endurecer las sanciones a aquellos conductores que manejando en estado de ebriedad causaren lesiones graves o la muerte de una persona, que finalmente quedó en nada.
El proyecto de ley fue presentado en marzo del año pasado, pero fracasó luego de que diputados y senadores no lograran ponerse de acuerdo en cuánto se debían aumentar las penas.
Consultado por La Segunda el diputado Gustavo Hasbún (UDI), uno de los promotores del proyecto , dijo que "lo que pasó el lunes demuestra la irresponsabilidad que tuvieron los senadores. Los senadores de la comisión de Constitución se deben hacer responsables que hoy conductores ebrios, que causan muertes, estén quedando libres exclusivamente por la actitud garantista y poco clara que tuvieron en la discusión".
Agregó que "comparto plenamente lo que dijo el juez. Hoy la ley tiene penas bajísimas y no les da margen de opción para privar de libertad a los autores de estos delitos"
Y recordó que hace un mes -con motivo del primer año de la muerte de Emilia Silva, por cuya muerte nació el proyecto- presentaron un nuevo cuerpo legal. "La única gran diferencia es que bajamos el rango de penas, de 10 a 15 a de 5 a 10 años, para generar el consenso necesario", dijo, asegurando que como Cámara quieren despacharlo la segunda semana de marzo, apenas se retome el trabajo parlamentario. "Esperamos que el Senado haga lo mismo y no extiendan la discusión que lo único que provoca es mantener la impunidad y la sensación que no hemos cumplido nuestro deber como parlamentarios", sentenció.
Mientras, el presidente de la comisión de Constitución del Senado, Patricio Walker , señaló que "siempre hemos tenido la disposición de aumentar las penas. De hecho, aprobamos una indicación del senador (RN Alberto) Espina por amplia mayoría, que en los casos más graves subía el piso de la sanción, de modo que se aplicaran de manera efectiva. Lo que habíamos aprobado era un avance, el caso de Emilia por ejemplo quedaba cubierto, pero la Cámara tuvo otro criterio", señaló.
Walker indicó que la diferencia con la Cámara fue "porque todos los penalistas que recibimos decían que no se podía igualar la pena de estos casos con un hecho doloso, como un homicidio por encargo".
