Con el título de "Amparo y Justicia", el diario "El Mercurio" publicó este viernes una carta de Enrique Orellana, ejecutivo bancario acusado y absueldo de abuso sexual de sus propias hijas.

En la misiva señala que "una vez terminado el tercer juicio oral al que fui sometido, me autoimpuse un silencio para proteger a mis hijas y a mi familia. Sin embargo, tras casi cuatro meses, he decidido romperlo".

Asegura que se decidió a quebrar este silencio a raíz de una carta del  director de la Fundación Amparo y Justicia, Ramón Suárez, quien aludió al caso que lo involucró a él.

Luego de rechazar el que se vincule al Banco Central, institución donde trabaja, en la situación que le afectó, se refiere a la cita que hace Ramón Suárez de su caso en un contexto de víctimas de abuso sexual.

"Quiero recordarle que no solo fui absuelto de todos los cargos en dos juicios orales, sino que además en ambas ocasiones el tribunal estableció que dichos delitos no existieron. Mis hijas nunca fueron vulneradas en la esfera de su sexualidad por nadie. Es más, el juicio que me condenó fue anulado por la Corte Suprema con un fallo categórico que evidenció las graves infracciones al proceso que allí existieron, entre las cuales estaban los escandalosos cambios en la declaración del "perito" del Servicio Médico Legal".

"Sin embargo, mis hijas sí sufrieron daño, el que fue provocado por la falsa denuncia de su madre, y todo lo que ello conllevó y conllevará para su desarrollo. Por lo mismo, hay que ser más cuidadoso en el uso del lenguaje. Hablar de supuestas víctimas de abuso no solo es más correcto, sino que también es más justo con quienes están involucrados en estos procesos. La presunción de inocencia es algo que no se debe olvidar jamás; de lo contrario, solo se demuestra un sesgo que no es aceptable para una institución cuyo nombre es Amparo y Justicia. El amparo y la justicia son para todos, tanto para las supuestas víctimas como para el supuesto victimario, al menos mientras no se pruebe su culpabilidad".

Añade Orellana: "Estoy absolutamente de acuerdo con que la sobreexposición de los niños es algo que debe evitarse. Mis hijas fueron revictimizadas una y otra vez por el Ministerio Público y su madre, quienes las hicieron declarar en distintas instancias periciales y en tres juicios orales. Ellas podrían haberse evitado asistir, con todo el revuelo mediático que tenía, y pedir que se escucharan sus audios previos o se leyeran sus declaraciones en las distintas pericias".

"Sin embargo, el Ministerio Público y la madre decidieron lo contrario, y las volvieron a llevar a declarar. ¿Por qué? ¿Porque exponerlas a los medios les podía dar más cobertura a su posición? ¿Porque las declaraciones del primero y segundo juicio eran tan contradictorias entre sí, y también con lo que habían dicho en las etapas probatorias, que necesitaban una nueva "verdad"? El que mis hijas volvieran al estrado a declarar fue absoluta y total responsabilidad de su madre y del Ministerio Público".

"Dado lo anterior, me llama la atención que en la búsqueda de la protección de los menores el señor Suárez ni siquiera mencione tangencialmente qué responsabilidad le cabe a quien presenta una falsa denuncia y expone a sus hijos a algo tan brutal y salvaje como lo que mis hijas pasaron. Me gustaría saber si el señor Suárez y la Fundación que preside están dispuestos a discutir y apoyar cambios legislativos que castiguen con penas efectivas a quienes denuncian falsamente".

Finaliza su carta, Enrique Orellana, diciendo que "mientras no se castigue con severidad la falsa denuncia, seguirán existiendo padres y madres que utilizarán sin el más mínimo escrúpulo a sus hijos para dañar a la que persona que se separó de ellos".