Al hacer un balance de la gestión, indica que "el desafío es pasar del cumplimiento formal de la ley de publicar información, a que ésta sea entendible y reutilizable... Para el ciudadano no es fácil saber si en un hospital hay tal o cual prestación AUGE o cuál es la tasa de mortalidad de una patología en relación con otro hospital".
A un par de meses de entregar su cargo como presidente de la gubernamental Comisión Defensora Ciudadana (CDC), Alberto Precht hace un balance de su gestión. Destaca las 52 mil personas que se han acercado a su institución buscando respuesta a sus reclamos ante deficiencias en los servicios del Estado. Esto, dice, es la mejor prueba de que organismos que velan por la transparencia y defensoría ciudadana funcionan y deben ser siempre fortalecidos y, en algunos casos, institucionalizados.
También aborda tanto el proyecto de Ley de Probidad en la función pública, que mejora las declaraciones de patrimonio e intereses de 17.500 funcionarios públicos, como también el debate legislativo sobre los partidos políticos, donde espera que se incorporen ámbitos que hoy no están regulados.
-¿Cuáles son los principales logros de la Comisión Defensora Ciudadana?
-Cuando el actual gobierno asumió tomamos la decisión de tener instituciones que lograran coordinar, en ciertos aspectos fundamentales, a toda la administración del Estado. El Presidente de la República me encomendó hacerme cargo de la coordinación en materia de probidad, transparencia y derechos de las personas de los 340 órganos que tiene la administración de Estado, y hemos sido exitosos. Hoy tenemos un Estado más coordinado y donde los ciudadanos pueden hacer de mejor forma tanto sus solicitudes de acceso a la información como sus reclamos cuando no son bien atendidos en los servicios públicos. Las cifras nos avalan: 52 mil reclamos a la Comisión en estos cuatro años. Entonces, lo que existe en el Estado funciona y debemos tratar de que funcione lo mejor posible.
-¿Qué desafíos quedan pendientes?
-Tenemos que seguir institucionalizando estas comisiones asesoras. Debemos dotar a los ciudadanos de una mejor defensa de sus derechos en los ámbitos que están fuera de la transparencia y que tienen que ver más con el reclamo en cuanto a los servicios públicos.
-La CDC es el resultado de la fusión de dos comisiones asesoras, una a cargo de la labor de transparencia y probidad y otra de la defensoría ciudadana. ¿Cómo fortalecer a futuro esta institucionalidad creada por decreto y que depende del Ejecutivo?
-Creo que en cuanto a unidades coordinadoras están cumpliendo muy bien su función y quizás sería bueno establecerlas fijas dentro de un Ministerio de Presidencia aún más potente, quizás como una División. Por otra parte, creo necesario crear un órgano garante para los derechos de las personas que podría acercarse a lo que es un Servicio Nacional del Usuario, que puede ser una buena forma de proteger un ámbito que todavía no está tan protegido, como sí lo está la transparencia a través del Consejo, y la probidad a través de la Contraloría.
-En lo relativo a los reclamos de los ciudadanos frente a los servicios del Ejecutivo y la calidad de sus respuestas, ¿puede faltar una institucionalidad autónoma e independiente como un Ombudsman?
-Es importante no atrofiar el Estado y, si tenemos instituciones que funcionan, es preferible fortalecerlas. En varios países de Latinoamérica hay procuradurías, contralorías, zares anticorrupción, Ombudsman, y al final nadie sabe dónde están las competencias de nadie. En el caso chileno la distribución de competencias ha sido exitosa: el fortalecimiento de la Contraloría, la creación del Consejo para la Transparencia y del Instituto de Derechos Humanos, y un Ministerio Púbico autónomo. De modo que si uno ve la institucionalidad chilena está bastante cubierta. Pero quizás en el ámbito de los reclamos ciudadanos falta una figura que tenga una autonomía mayor, aunque no sé si necesariamente la figura del Ombudsman sea la que da una respuesta efectiva para el ciudadano, entendiendo que lo que necesitamos, más que una figura doctrinariamente modelo, es una que le sirva a la persona. Podría ser un Servicio Nacional del Usuario o fortalecer a la Contraloría.
-¿Qué pasa actualmente cuando se trata de reclamos ciudadanos no por mala atención, sino por servicios donde el Estado podría no actuar en forma correcta? Por ejemplo, en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez hay una fila de Policía Internacional para todas las personas y otra para los pasajeros bussiness.
-Nosotros cumplimos ese servicio. A mí como presidente de la Comisión, de ser así, eso me parece una discriminación arbitraria. Puede haber una fila especial para discapacitados o para la tripulación, pero no por capacidad económica. En ese tipo de casos, la CDC interviene directamente con el director del servicio, porque muchas veces las cosas se pueden arreglar con una buena coordinación y basta con un oficio, aclarar los procedimientos administrativos correctos o simple buena voluntad. Por eso es importante tener una figura coordinadora, independiente de que se creara un organismo autónomo.
-Al Portal de Transparencia del Estado parece faltarle aún la visión del usuario respecto de la información que entrega.
-Efectivamente, un gran desafío es pasar del cumplimiento formal de la ley de publicar información, a que ésta sea entendible y reutilizable. En eso ya hemos empezado con el portal de datos abiertos, pero es un camino que recién comienza. Prefiero que se publique complicado a que no se publique y que lo vayamos perfeccionando. Sólo publicar es un importante disuasivo.
-¿Qué pasa con las cuentas públicas de los ministerios? Hoy en día, tienen poca estandarización.
-La buena señal es que se está rindiendo cuenta y hay algo que uno puede debatir; lo segundo es pasar a estándares de accountability y que se puedan comparar en el tiempo. Hay una base importante que es la Unidad de Cumplimiento de Metas del Gobierno o Delivery Unit, donde se hace el seguimiento de la gestión. Sería óptimo que ello continuara y se institucionalizara.
-En el caso del gasto público, los datos se transparentan principalmente acorde con la glosa presupuestaria, lo que limita su entendimiento. El formato utilizado tampoco facilita el control ciudadano sobre el gasto público...
-Ese es el salto que hay que dar: que no solamente tengamos la información disponible, sino que sea entendible, manejable, descargable. Con la conversación sobre el Portal de Transparencia hemos entendido que llegó el momento de evolucionar hacia allá y espero que el Consejo para la Transparencia dicte nuevas instrucciones generales que nos ayuden a tener mejores estándares.
No obstante, ya hemos empezado. Por ejemplo, mi sucesor tendrá que ir al Reino Unido a ver los mejores estándares de transparencia en materia de salud, un proyecto que estamos trabajando con la Cancillería. Hoy los hospitales realizan anualmente 41 millones de atenciones, pero para el ciudadano no es fácil saber si en un determinado hospital hay tal o cual prestación AUGE o cuál es la tasa de mortalidad de una patología en relación con otro hospital, para que la persona no sólo tenga mayor información para elegir, sino también para reclamar.
-En el caso de los indicadores de desempeño de los hospitales, que es información vital para la ciudadanía, ¿debe haber una ley que la eleva a transparencia activa?
-No siempre es necesario tener ley, es mejor comenzar con la buena práctica que esperar que se publique la ley. La historia dice que todas las discusiones sobre probidad y transparencia en Chile duran muchos años.
-En esa línea, el Open Government Partnership (OGP) ayuda a hacer sostenibles los compromisos del sector público, sin necesidad de que sean iniciativas legislativas...
-Los 84 compromisos que tenemos con OGP son de Chile ante la Alianza para el Gobierno Abierto. Hubo diálogos participativos a través de todo Chile, lo que les otorga una fuerza ciudadana de validación. Deben ser cumplidos esté quien esté, y si hay que revisarlos deben serlo en la misma instancia en que se generó.
-La agenda de transparencia consta de cinco iniciativas: la ley que regula el lobby, la ley que regula las declaraciones de patrimonio e interés conocida como probidad en la función pública, el proyecto que reforma la ley de acceso a la información pública, transparencia municipal y partidos políticos.
-En el caso de las leyes de transparencia hay una tendencia a buscar grandes acuerdos, como ha ocurrido en la ley de Lobby. A mi juicio, la más importante hoy es la Ley de Probidad en la Función Pública, que unifica en una sola normativa la declaración de intereses y patrimonio tanto de funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, regula el fideicomiso ciego y la enajenación de bienes para evitar el conflicto de interés.
-¿Los datos se entregarán en un formato útil para trabajar con ellos?
-Se va a abrir esa ventana, con un nuevo formulario que es administrado por la Contraloría, que como ha estado en la punta de la vanguardia tecnológica, probablemente lo va a generar con datos reutilizables.
-¿Se podrá asegurar que su contenido sea verídico?
-La Contraloría puede, según la ley, pedir información a la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Valores y Seguros, y otras instituciones, entonces va a haber mayor fiabilidad.
-Esta nueva declaración ¿transparenta la red que los funcionarios mantienen con el sector privado y previene que un funcionario actúe por interés propio o de su sector, que también es una forma de corrupción?
- Absolutamente. Algo fundamental es que con esta ley al menos 17 mil 500 funcionarios van a tener que publicar. Ahora, todos los seres humanos tenemos algún tipo de interés, porque somos padres o nos gusta un club de fútbol, lo importante es que esos intereses no vayan contra el interés colectivo.
-El proyecto de ley de partidos políticos tiene diez indicadores de transparencia obligatorios, pero ¿no ha sido el Ejecutivo algo tímido al no incorporar el financiamiento público?
-La ley avanza sustancialmente en un ámbito donde hoy no existen estándares de transparencia. Esperamos que el debate legislativo enriquezca otros ámbitos que hoy no están suficientemente regulados. Sin duda uno de estos es el del financiamiento, así en mi opinión personal debería terminarse con las donaciones anónimas y aumentarse los grados de financiamiento público, pero ligados a altos estándares de transparencia.
-La CDC no tiene tuición sobre los municipios. ¿Qué pasa con los reclamos ciudadanos sobre su labor?
-Ahí hay un punto débil, porque frente a los municipios u otros órganos autónomos, como el Ministerio Público, sólo podemos hacer un traslado solicitando que nos informen e informen al ciudadano, pero no tienen por qué respondernos. En general los alcaldes nos responden y, si no, damos las orientaciones para que las personas vayan a la Contraloría. Ahí hay un espacio donde podemos tener algún tipo de desafío futuro. En el caso de las Corporaciones Municipales, el Consejo para la Transparencia distingue entre aquellas que están sujetas a la ley y las que no, dependiendo de si cumplen una serie de requisitos, entre ellos si existen recursos públicos.
-¿Hasta dónde debería incluirse a la empresa privada en materias de transparencia activa, cuando está en relaciones con instituciones del Estado?
-El principio es que donde haya dinero público debe existir algún grado de transparencia. Mucho ya está regulado a través de la misma Ley de Transparencia; por ejemplo, cuando se ha pedido un contrato entre una empresa privada y el Estado de una obra pública, la Corte de Apelaciones ha determinado que estos contratos sean públicos. El Estado lo publica, pero la pregunta es si debería hacer lo mismo la empresa privada en su sitio web también. Yo creo que sí, primero como una buena práctica y luego con una legislación.
-¿Debería Chile participar en la iniciativa Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), que incluye a empresarios y sociedad civil y es liderada por los gobiernos, considerando su gran industria minera?
-Al igual que OGP, EITI es una iniciativa muy interesante dado que en general las alianzas público-privadas han demostrado ser sostenibles en el tiempo y beneficios. En mi opinión personal, Chile tarde o temprano va a terminar siendo parte, porque necesitamos tener industrias extractivas que den confianza a los ciudadanos.
-También está el tema del sector sin fines de lucro, que en algunos casos recibe fondos públicos directos o se adjudica asignaciones por licitaciones o tiene beneficios impositivos...
-El sector sin fines de lucro es una de las grandes cajas negras que podemos tener hoy, está muy poco regulado. Eso castiga a los que hacen bien el trabajo. Hay que avanzar con seriedad: si hay recursos públicos involucrados, transferencias del Estado, directas, esas transferencias no sólo deberían estar publicadas en la web del Estado sino también en las de las fundaciones, así como estándares de transparencia mayores a los actuales. Un programa como la FECU Social, que se está haciendo con pocas fundaciones pero ha ido avanzando, es un ejemplo a seguir. Eso quizás debería institucionalizarse y deberíamos progresar en que determinadas instituciones estuvieran obligadas a tener ciertos estándares de transparencia. Para un Estado de Derecho firme y una sociedad civil fuerte tiene que haber transparencia.
