En marzo, la nueva administración al mando del país tendrá la tarea no menor de sacar adelante una serie de temas de protección del medio ambiente que resultan clave para el cumplimiento de compromisos internacionales, pero también para el desarrollo del país. Expertos y parlamentarios entregan su análisis sobre los grandes pendientes que debieran marcar la hoja de ruta los próximos cuatro años.
Estos tópicos ya estuvieron presentes en el debate electoral, donde se esbozaron algunas propuestas destinadas a lograr una mayor equidad ambiental y el fortalecimiento del rol del Estado en este ámbito. En ese sentido, relevancia cobraron planteamientos alusivos a la necesidad de abordar el ordenamiento territorial y el perfeccionamiento de la institucionalidad ambiental vigente.
Ineludibles para las nuevas autoridades también serán la contaminación atmosférica, donde en el debate previo a las elecciones se planteó la necesidad de acelerar la elaboración y revisión de normas de emisión de aire, así como el desarrollo de una política de calefacción sustentable, que entre otras materias, aborde el uso residencial de la leña en Chile, que se ha convertido en una piedra de tope en ciudades del sur del país, como Temuco, que este año presentó varios episodios de polución que superaron las normas establecidas.
Así, sentar las bases de un modelo de desarrollo sustentable, que logre conjugar variables de protección al medio ambiente, pero también factores económicos y los intereses de la población, asoma como el desafío mayor que el futuro gobierno deberá sortear.
Es que tal como señala Alvaro Sapag, ex director ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente y actual miembro del Panel sobre Recursos Naturales del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el próximo gobierno deberá ser capaz de “tener una mirada de cómo el desarrollo sustentable se transforma en un eje estructurante del desarrollo del país y no sólo miradas parciales que abarcan lo económico, lo social o lo ambiental, sino que una visión de equilibrio entre estas tres perspectivas o pilares que conforman el desarrollo sustentable”.
Aun cuando el abogado admite que es complejo lograr conjugar todas estas variables, considera que se requiere unir voluntades respecto de que ésta es una perspectiva de desarrollo de largo plazo y que, por ende, requiere incluir el diálogo social en todos sus niveles.
Con una ciudadanía cada día más consciente y empoderada en temas ambientales presionando por definiciones, el desafío a partir de marzo no es menor. Por eso, Alvaro Sapag junto a Susana Jiménez, economista senior del Instituto Libertad y Desarrollo; Enrique Calfucura, académico del Instituto de Políticas Públicas de la UDP; la ex secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía, Vivianne Blanlot, y parlamentarios de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados delinean los temas que se tomarán la agenda del próximo año.
Asimismo, plantean la necesidad de avanzar en materia de capacitación de los servicios a nivel regional y evitar las dilaciones de plazos en los pronunciamientos que debe realizar el Comité de Ministros.
Enrique Calfucura considera que dicha instancia debiera funcionar como un organismo coordinador y de generación de las grandes políticas públicas.
Sapag apela a la necesidad de dar “credibilidad a la institucionalidad” para que la ciudadanía confíe en ellas. En su opinión, uno de los problemas de gestión ambiental es que existe un nivel de desconfianza tal que la ciudadanía no cree en el quehacer de las instituciones, lo que incide en el nivel de judicialización que han tenido los proyectos medioambientales.
La diputada Andrea Molina, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja, considera que existe un problema de fondo en esta materia, por lo que debieran revisarse las atribuciones del Consejo de Ministros, pero también del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, de modo que se realice una revisión acuciosa de sus procedimientos.
La ex secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía, en tanto, es crítica respecto de la forma en que la gestión ambiental se ha concentrado en el Sistema de Evaluación Ambiental de proyectos de inversión debido a que ha dejado de lado otros instrumentos de gestión de relevancia para mejorar la situación ambiental de Chile, asociados con otro tipos de problemas ambientales, como son las áreas desforestadas, los ecosistemas dañados, las zonas altamente contaminadas y los sistemas deficientes de manejo de residuos, entre otros, que requieren del uso de instrumentos distintos al SEA. Algo que, dice, debiera cambiar en el futuro.
Susana Jiménez, del Instituto Libertad y Desarrollo, advierte ante la creciente judicialización de iniciativas, la necesidad de buscar mecanismos que otorguen mayor certeza jurídica a la inversión, “sin perjuicio del legítimo derecho que debe garantizarse a quienes se sientan afectados para reclamar ante la justicia”.
En esta línea, la participación ciudadana en etapas tempranas de la evaluación de proyectos resalta como ineludible, al igual que mejorar la calidad de las iniciativas, de modo que “el proceso de evaluación cuente con toda la información necesaria para resolver oportuna y adecuadamente”.
La opinión es compartida por Enrique Calfucura, de la UDP, quien señala que se debe mejora la participación ciudadana en los proyectos que se presentan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y establecer un ordenamiento territorial que mejore la coexistencia de fuentes de generación termoeléctricas y comunidades.
Asimismo, plantea la necesidad de avanzar en la propuesta del ex ministro de Energía Marcelo Tokman sobre “compensaciones locales”, tema que también es compartido por la presidenta de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Andrea Molina.
Alvaro Sapag asevera que cualquier discusión que se dé en materia energética debe tener como eje la elaboración de una política con base en la “sustentabilidad del desarrollo”. En esta dirección, plantea que Chile no puede negarse a distintas fuentes energéticas prara lograr una matriz equilibrada y que tienda a la descarbonización, mientras Jiménez señala que “será necesario despejar el camino para el desarrollo de toda la tecnología de generación disponible, pues tanto la termoelectricidad, hidroelectricidad, ERNC y nuclear serán necesarias para sostener el crecimiento al que el país aspira”.
Con todo, precisa que el problema principal surge porque ni las aprobaciones de la Ley 20/25, que busca en 2025 tener una participación del 20% de ERNC, ni de concesiones eléctricas ni la carretera eléctrica harán viables los proyectos de generación que Chile requiere, pues “no basta con resolver la transmisión si no tenemos fuentes generando esa energía. En la capacidad de generación, nos hemos entrampado en forzar la incorporación de ERNC para alcanzar un 20% de la matriz, pero nadie se ha hecho cargo de cómo resolver el 80% restante”.
En la misma línea, Vivianne Blanlot estima que si bien es “evidente” que se requiere un equilibrio entre fuentes que aporten importantes bloques de energía firme y formas de generación no convencional, algunas de ellas no entregan estos bloques.
De ahí que considere que la meta de 20% de ERNC al 2025 es “ambiciosa, teniendo en cuenta que se trata principalmente de energía con bajo factor de planta. El debate debe apuntar a definir a la brevedad “el 80% de otras fuentes más firmes”.
Bajo la óptica de Patricio Vallespín, integrante de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara Baja, el gran reto es iniciar un proceso de transición desde una matriz energética contaminante a una más amigable con el medio ambiente. “Para lograrlo hay que reducir el aporte de las centrales termoeléctricas para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y, en paralelo, deben haber incentivos para las ERNC para llegar a un 30% al 2030”, sentencia.
En la práctica, esta iniciativa definirá las áreas de protección para orientar los usos de conservación y de las actividades sustentables que se podrán desarrollar en las áreas silvestres protegidas.
Susana Jiménez califica como “prioritario” sacar adelante esta iniciativa, porque permitiría terminar de consolidar la institucionalidad ambiental existente, fortaleciendo el desarrollo sustentable del país y permitiendo una gestión más efectiva de los temas relativos a biodiversidad y áreas protegidas.
Sapag va más allá al señalar que lo que falta es una discusión “en serio” sobre la materia. El debate, señala, debiera centrarse en fortalecer la institucionalidad, el servicio que administrará el tema, porque “la biodiversidad dentro de las áreas protegidas está suficientemente resguardada”.
Para Calfucura, en cambio, el tema clave en materia de protección a la biodiversidad es su financiamiento, porque el proyecto de ley presentado no hace referencia a este punto, por lo que propone tres vías para la obtención de mayores recursos: que el Estado entregue fondos para cubrir los déficits de infraestructura y operación del sistema de áreas protegidas existentes y futuras; generar mayores recursos mediante la optimización de las tarifas de entrada y la participación del sector privado a través del sistema de concesiones, e incorporar a parte de las comunidades aledañas en varios parques en la protección de los mismos a cambio de beneficios por productos no madereros del bosque.
“Hay que construir un consenso importante con niveles crecientes de participación ciudadana y mirada de sustentabilidad sobre cómo se quiere ordenar el territorio”, plantea, al tiempo que reivindica el rol que en esta materia deben tener las regiones. “Cualquier proceso de ordenamiento del territorio que se pretenda desarrollar en forma centralizada está destinado al fracaso”, asevera el ex director ejecutivo de la Conama.
En esta misma dirección, Susana Jiménez explica que avanzar en una planificación territorial centralizada “sería altamente ineficiente e indeseable”, razón por la que se requiere mayor información y criterios claros para calificar terrenos en las distintas categorías de protección y definiciones respecto de las restricciones que ello conlleva, de modo de compatibilizar los objetivos de protección con el desarrollo de proyectos de inversión.
Para el experto de la UDP “lo relevante es cómo las decisiones de ordenamiento territorial son tomadas y se compatibilizan los objetivos productivos junto con los locales y nacionales”.
La opinión es coincidente con la del experto del Instituto de Políticas Públicas de la UDP, quien enfatiza que se deben profundizar los mecanismos de participación ciudadana, de forma de “entregar mayor y mejor información a la comunidad local y nacional respecto de los beneficios y costos de los proyectos productivos”.
La idea es que se conjuguen los intereses de todos los actores involucrados mediante la provisión de beneficios también a la comunidad.
Para la economista senior del Instituto Libertad y Desarrollo resulta de gran importancia crear canales formales para encauzar las observaciones y objeciones de la ciudadanía, así como para acoger sus propuestas de mejora y perfeccionamiento tanto en el diseño de las políticas públicas como en el desarrollo de proyectos específicos en etapas tempranas.
Blanlot, por su parte, considera que aunque la participación ciudadana es fundamental para dar legitimidad a los proyectos, el problema es “cómo se logra que esa participación tenga profundidad; es decir, que sea amplia e informada”. Por ello, propone que más allá de concentrar la participación en los procesos de evaluación de impacto ambiental se debe apuntar a ser parte activa en la definición, por ejemplo, de los planos reguladores, porque es justamente allí donde surgen los grandes conflictos económicos y ambientales por el uso del territorio.