Documento fechado el 6 de agosto señala en uno de sus acápites que se autoriza a un agente encubierto para "acompañar al informante (...) participar en los distintos traslados y reuniones que los imputados puedan sostener con el informante y eventualmente con los destinatarios de la droga".
Esa es la pregunta que ha rondado desde que estalló el caso de supuesto tráfico de drogas y asociación ilícita, que incluso detonó la remoción del jefe nacional de OS-7 de Carabineros.
Según oficios contenidos en la carpeta investigativa del caso, a los cuales pudo acceder "La Segunda", al menos en la internación por el paso fronterizo Chungará de más de 299 kilos de marihuana (el 5 de agosto pasado, el primero de los operativos cuestionados), el fiscal adjunto recibió antecedentes del OS-7, y en consecuencia despachó oficios autorizando acciones como la actividad de un agente encubierto para traer la droga en forma controlada hasta Santiago.
Por ahora el fiscal González se encuentra suspendido y bajo un sumario administrativo. Si bien hay una investigación administrativa en contra del fiscal Manuel González, fuentes ligadas al caso señalan que también está en marcha una indagatoria desformalizada.
Por esta razón los funcionarios de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac), incautaron la semana pasada el computador personal del persecutor, el que fue trasladado a Santiago para ser periciado. Además, se intervino su cuenta corriente y se le solicitó que entregara su teléfono celular.
El primer antecedente relevante en el caso es la "orden de investigar" fechada el mismo 5 de agosto en Arica y dirigida al jefe del OS-7, donde indica que "solicito a Ud. practicar aquellas diligencias de investigación necesarias para consignar y asegurar todo cuanto condujera a la comprobación del hecho investigado y en la identificación de los participantes en el mismo".
Otros dos documentos fueron firmados por González al día siguiente, una vez tomada la decisión de trasladar la droga a Santiago para detener a los receptores. En el primero autorizaba "la designación de un agente, que en calidad de encubierto pueda participar en el procedimiento y de esta forma tomar contacto, con el o los destinatarios de la droga".
Se agrega: "Para el éxito de la presente operación, resulta necesario que se designe en calidad de encubierto al siguiente funcionario policial, a quien se identifica como: el capitán L.A.V.S. y que por motivo de seguridad su identidad se mantendrá en reserva, disponiéndose la prohibición de difundir este antecedente, siendo conocido en esta investigación con un código determinado, siendo este: 'Tito'".
El agente debía, entre otras cosas, "acompañar al informante en sus desplazamientos, trasladar la droga si esto es necesario, participar en los distintos traslados y reuniones que los imputados puedan sostener con el informante y eventualmente con los destinatarios de la droga, sean en la ciudad de Arica, en la ciudad de Santiago, como en cualquier otra ciudad o localidad del país"
El segundo oficio del día 6 de agosto autoriza el traslado de la droga a Santiago para una entrega vigilada. "Se dispone que personal de la sección OS7 de Arica, de Carabineros de Chile, sea la autoridad encargada de vigilar y custodiar debidamente las sustancias prohibidas que se transportan", señala el texto.
Para facilitar el traslado de la droga desde Arica a Santiago, la autorización suscrita por el fiscal pide a Aduanas, SAG y organismos afines "prestar toda la colaboración posible al personal policial ya individualizado, para el éxito de la presente diligencia", al igual que al "personal de la Policía de Investigaciones que se encuentre apostado en cualquier punto de nuestro país". El documento deja constancia además que "la totalidad de la droga incautada será trasladada a su lugar de entrega, a bordo del vehículo patente FDHF 11".
Según la ley 20.000 todas estas acciones pueden ser autorizadas por el fiscal sin necesidad de consultar a un juez, a diferencia de las interceptaciones telefónicas o las órdenes de entrada y registro.
La entrega vigilada y otras dos detenciones (por el embarque de 299 kilos de droga) se realizaron el 16 de agosto.
En un escrito que consta en la carpeta investigativa, y que envió la fiscal regional Javiera López al juzgado de garantía, la autoridad manifestó que hay "fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, de la eventual participación del señor González en algunos de los delitos del artículo 3 o 16 de la ley número 0.000 o en defecto del artículo 13 de la Ley 20.000 (referidos a tráfico u omitir información respecto a éste siendo funcionario público) al mantener asignadas todas las causas antes mencionadas, mantuvo una inactividad inusual en este tipo de investigaciones, no realizó diligencias para efectos de abordar las omisiones y contrasentidos de procedimiento policial".
