Arista de posible enriquecimiento ilícito de los policías cobra fuerza. Se investiga el patrimonio de los involucrados y de sus familias.
La Comisaría de Arica donde están detenidos los policías.
Esta vez se trata de lo que se encontró en el allanamiento que los funcionarios de la Brigada de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI, hicieron al cuartel del OS-7 a mitad de esta semana.
"Nos sorprendió el hecho de que había mucho dinero en efectivo. Moneda chilena y extranjera. Pero la sorpresa fue mayor cuando nos dimos cuenta de que eran billetes falsos", dice una fuente de la indagatoria.
La misma agrega que el hallazgo abre una nueva arista en la investigación, donde tanto el Ministerio Público como la policía buscarán establecer -entre otras cosas- si hubo una triangulación destinada al enriquecimiento de quienes hasta ahora aparecen como envueltos en el caso.
De hecho, se supo que la fiscalía está investigando si el objetivo de los decomisos simulados podría ser adueñarse de los dineros que tenían en su poder las personas detenidas en los operativos.
Llama poderosamente la atención que el 9 de septiembre, fecha del cargamento de 814 kilos de marihuana, el capitán L.V.S. (sindicado como el que se comunicaba con el proveedor de la droga ingresó en su cuenta un depósito por un millón.
Otra posibilidad, señalan fuentes del caso, es que el enriquecimiento ilícito viniera por otro lado. "Por ejemplo, que mientras se incautaban 500 kilos de marihuana, se estaban dejando pasar 1.000 de cocaína por otro lado".
Sin embargo, agregan que es muy prematuro adelantarse sin tener los resultados de los peritajes a todo lo que fue incautado en Arica.
Por estos días el Laboratorio de Criminalística de la PDI se encuentra periciando los computadores, celulares y chips telefónicos incautados desde el cuartel del OS-7 y las casas de los carabineros y civiles.
El personal de la Brilac, en tanto, realiza una investigación patrimonial de los detenidos, sus familiares y su círculo más íntimo, además de revisar toda la documentación que se requisó.
Los sujetos, puestos en libertad el martes, debían declarar este jueves ante el tribunal de garantía como testigos en la indagatoria, sin embargo la audiencia se suspendió luego que el sargento F.V.F., el único de los imputados que no quedó en prisión preventiva, no se presentara. Sólo lo hizo su defensor público, quien argumentó que no había sido notificado correctamente.
Ante el reclamo de la fiscalía y del CDE, que se hizo parte como querellante en la causa, el tribunal resolvió suspender y reprogramar para el 9 de diciembre.
El aplazamiento implicaba un problema para el Ministerio Público, y en especial para la Unidad de Víctimas y Testigos, que había recomendado medidas de protección para los extranjeros, tres bolivianos y un colombiano. La fiscalía sólo confirmó que éstas se decretaron, pero declinó dar detalles por seguridad. Trascendió que habrían dicho que fueron amenazados y, dado que no están con arraigo, desean regresar a sus países. De hecho, su declaración será tras un biombo.
La presencia de F.V.F. y los demás formalizados es indispensable en la prueba anticipada, ya que es un adelanto del futuro juicio oral.
