José Antonio Viera-Gallo

El Informe de Transparencia Internacional de este año se refiere a los riesgos de corrupción en la educación.

A medida que se expande la educación obligatoria y se multiplican las oportunidades para la formación superior, crecen las posibilidades de corrupción, sobre todo en los sistemas educacionales descentralizados con multiplicidad de prestadores, donde los establecimientos gozan de autonomía en el manejo de los fondos.

El informe muestra cómo estos abusos son más frecuentes en los países de escasos recursos. En Chile, si bien son bajos los casos descubiertos de ilegalidades, la percepción de corrupción en el sistema educacional es alta.

Entre las irregularidades más frecuentes podemos mencionar:

-Seleccionar a los alumnos según situación socio-económica de sus padres.

-Alterar la presencia de alumnos en clase para que el sostenedor pueda recibir la subvención fiscal.

-Desviar los fondos provenientes de la subvención fiscal hacia otros fines, incluso la ganancia injustificada, como ha ocurrido lamentablemente con la subvención preferencial o los dineros para remuneraciones de los profesores.

-Acomodar las calificaciones de los alumnos y su promoción para lograr una mejor evaluación del colegio.

-Disimular el ausentismo de los profesores.

-El plagio en diversas formas y en distintos niveles educacionales.

-Fraude en la provisión de servicios, como en lo relativo a la provisión de textos escolares o raciones alimenticias, y en la construcción y habilitación de los establecimientos educacionales.

-Clientelismo en la dotación de funcionarios de los DAEM y Corporaciones Municipales de Educación.

-Fraude en los sistemas de acreditación universitaria, que han sacudido a la opinión pública.

-Sistema de reconocimiento de títulos obtenidos en el extranjero.

-No cumplimiento de la ley en cuanto a la prohibición del lucro en el caso de las universidades privadas a través de un intrincado sistema de empresas relacionadas.

Es lamentable la resistencia que las universidades públicas opusieron al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. La transparencia debería ser una exigencia para todas las universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales.

Resulta alentador que la Superintendencia de Educación y la Agencia de Calidad estén cumpliendo con su tarea de fiscalizar. La Superintendencia acaba de cancelar el reconocimiento a 14 sostenedores privados, de suspender al jefe de un DAEM y ha cursado multas por más de $1.800 millones. Se suma así a la labor de la Contraloría General de la República, que se ha centrado en los municipios y el propio Ministerio de Educación.

Es urgente reducir las oportunidades de corrupción y promover un cambio de mentalidad que refuerce la probidad de los que intervienen en el proceso educativo.