La presidenta del Colegio de Abogados, Olga Feliú, adhirió a las críticas al planteamiento del gobierno de impulsar un "observatorio judicial" y afirmó que "una idea de ese tipo afecta la independencia" de este poder del Estado.

"El Ejecutivo no tiene facultades para crear planes piloto. Toda actividad y todo gasto del Estado está sometido al principio de legalidad, es decir, tiene que establecerse por ley", dijo, cuestionando la forma como se asignó el proyecto a la UAI. Por lo mismo, advirtió que esta iniciativa "no debiera aprobarla el Congreso o el Tribunal Constitucional debería rechazarla".

"Lo que resuelve un juez está sometido a recursos judiciales, no a la ponderación del Ejecutivo. Hay una norma en la Carta Fundamental que establece que ninguna autoridad, ni el Presidente, puede revisar los fundamentos o contenidos de un fallo".

Aunque afirmó que sistematizar los fallos es una idea "interesante", destacó que hoy existe una comisión de la Reforma Procesal Penal, que incluye a todos los actores y puede realizar múltiples análisis.

Feliú insistió en que los problemas en la seguridad pública no pueden atribuirse a un sólo eslabón de la cadena, donde además participan las policías -a cargo del Ejecutivo- y el Ministerio Público. "Decir que los problemas se deben a uno solo es desconocer la realidad", sentenció.

Comando de Bachelet: "Presión a jueces"

La controversia llegó hasta la campaña presidencial, donde el comando de Michelle Bachelet, también cuestionó la idea.

"Yo pediría seriedad al gobierno, porque si se trata de conocer las sentencias, eso ya existe, porque son públicas", dijo la vocera Javiera Blanco, quien afirmó que esto podría resultar ser una "vía de presión para los jueces y una intervención a la independencia de un poder del Estado".

Por su parte, la senadora DC Soledad Alvear calificó la idea de "improcedente porque vulnera el principio de un Estado de Derecho en que cada poder es independiente".

Desde el gobierno el ministro del Interior, Andrés Chadwick, volvió a defender la idea, señalando que se busca "que la gente común y corriente pueda entender una resolución judicial", junto con usar esa información "para evaluar legislativamente las políticas públicas, o bien el trabajo policial o el trabajo del Ministerio Público, a la luz de lo que las sentencias judiciales no están indicando".

Descartó que se busque "endosar responsabilidad" a los jueces y afirmó que el proyecto "lo estábamos estudiando" hasta que lo planteó Evelyn Matthei. "Cómo alguien va a reclamar que se afecta su independencia cuando se quiere conocer en profundidad y sistematizar el conocimiento de su trabajo", cuestionó.