El pasado 2 de octubre, el Comandante en Jefe de Ejército, Juan Miguel Fuente -Alba, envió un oficio al Ministerio de Defensa, solicitando formalmente que se ponga fin al contrato de comodato que la institución tiene con Gendarmería por los terrenos donde se instaló el penal Cordillera.

Con el documento, echó por tierra la aspiración del Ministerio de Justicia de convertir la ex cárcel para militares condenados por violaciones a los Derechos Humanos, en un recinto penitenciario para mujeres con hijos en edad de lactancia.

Según confirman altas fuentes de la institución, luego que el Presidente Piñera decidiera cerrar el penal y trasladar a Manuel Contreras y los demás militares que allí estaban a Punta Peuco, se abrió para el Ejército la posibilidad de llevar a cabo el proyecto que originalmente tenía para este lugar: Levantar allí una casa de acogida para los funcionarios -y las familias de ellos- que vinieran desde regiones a tratarse al hospital militar.

Si bien en las autoridades militares señalan que están dispuestos a conversar con el gobierno la posibilidad de cooperar con terrenos para instalar un penal para mujeres, aseguran a "La Segunda" que esto podría realizarse en otras propiedades, pero "en ningún caso" en donde estaba el penal Cordillera.

¿La tercera es la vencida?

Según detallan en esta rama de las Fuerzas Armadas, han sido dos las veces que debieron postergar el proyecto de esta "casa de acogida". La primera fue cuando -junto con la construcción del hospital- los números no dieron y se debió suspender, y la segunda, cuando decidieron -en acuerdo con el gobierno de Ricardo Lagos- destinarlo a una cárcel para que Manuel Contreras cumpliera su segunda condena.

Dado que ésa era la finalidad, el contrato de comodato del terreno se hizo por un plazo de 30 años, estimando que ni Contreras ni los otros militares condenados vivirían más allá de tres décadas. Sin embargo, sostienen, con la determinación presidencial de terminar con este penal, se acaba la "naturaleza" del comodato, por lo que se pide su restitución. Además, sostienen en el Ejército, siendo éste un "patrimonio de afectación fiscal", su objetivo es darle "bienestar" al personal de la institución.

Actualmente, son alrededor de 2 mil funcionarios -la mayoría suboficiales- los que llegan anualmente al Hospital Militar para atenderse. Dado que no existe esta "casa de acogida", explican que deben costearse los traslados y alojamientos por sus propios medios.

En el plano original de la construcción, este edificio tiene una superficie total de 3 mil 500 metros cuadrados construidos, y contaba con 12 departamentos de 57 metros cuadrados, 16 habitaciones acondicionadas para discapacitados y 26 piezas dobles, todas con baño privado. A ello se suman los espacios comunes que van desde comedores hasta una guardería infantil, pasando por una enfermería.

En estos momentos, el Ejército está a la espera del oficio de autorización del ministro de Defensa para terminar el convenio con Gendarmería y comenzar, de inmediato, a usar las actuales instalaciones para alojar a pacientes del hospital o familiares de éstos, mientras se proyecta el nuevo edificio. Para ello, el comando de Infraestructura de los uniformados ya está trabajando en la presentación que harán al Comandante en Jefe para que autorice el financiamiento de la nueva torre. Y, claro está, también le cambiarán el nombre.