Audiencia está agendada para el 18 de octubre en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago y si el acuerdo prospera los imputados aceptarían los cargos de lavado de dinero, cohecho e infracciones tributarias.
En marzo de 2006 llegaron al puerto de Valparaíso dos de las cuatro fragatas compradas en Holanda.
Foto Archivo
Partió como una arista del caso Riggs (que buscaba establecer el origen de la fortuna de Pinochet) pero a poco andar el "Caso Fragatas" tomó aguas propias y ahora, dos años después de su inicio, está próximo a culminar con condena por lavado de dinero teniendo como delito base el cohecho.
Mediante un acuerdo de procedimiento alternativo -que están afinando el Ministerio Público, los querellantes y las defensas de Patricio Basili y Juan Tapia-, se transformará además en la primera causa que lograría sentencia por supuesto soborno en el marco de la venta de material bélico. Otros casos (como Mirage y Leopard) continúan en los tribunales bajo el antiguo sistema de justicia.
El arreglo implica que los ex oficiales de la Armada reconozcan los cargos que se les imputan -lavado de dinero, cohecho e infracciones tributarias- a cambio de una pena que no exceda los cinco años así como el pago de $125 millones cada uno a beneficio fiscal en una suerte de devolución de los US$ 400 mil que recibieron como presuntas coimas. Términos que deben quedar a firme en la audiencia del próximo 18 de octubre en el Octavo Juzgado de Garantía.
La hebra de los sobornos
La arista de las fragatas holandesas sólo quedó al descubierto a principios de 2011. Siguiendo la hebra del pago de comisiones en la compra de tanques Leopard, el Ministerio Público pidió a Estados Unidos levantar el secreto bancario de las cuentas que Ibieta allí tenía.
En esas cartolas bancarias, a los persecutores -los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena- les llamaron la atención dos cosas: un depósito de US$ 800 mil de Royal Schelde, el astillero que refaccionó las fragatas Blanco Encalada, Almirante Riveros, Capitán Prat y Almirante Latorre compradas por el gobierno chileno; y los dineros que Ibieta ingresó a una cuenta del Banco de Chile, sede Nueva York, abierta a nombre de Juan Tapia.
En esta última estaban los US$ 400 mil que Ibieta depositó, en cuatro cuotas (tres de 2005 y una de 2007), presuntamente como compensación de la información clasificada que los ex marinos le habrían dado para que éste se adjudicara los negocios.
En ese momento la fiscalía inició formalmente el caso Fragatas y a corto andar, en octubre de 2011, formalizó a Ibieta, Basili y Tapia.
Los embargos que aseguran el pago de las multas
El fiscal Carlos Gajardo reconoció a "La Segunda" que existe una proposición de juicio abreviado: "Hay un principio de acuerdo que será planteado ante el tribunal que es el que debe resolver".
En un primer momento los formalizados ofrecieron una cifra menor (poco más de $70 millones cada uno) como multa, pero el monto no se aceptó porque distaba mucho del valor del supuesto soborno. Es decir, los US$ 400 mil que recibieron de Ibieta, que hoy está más cerca de los $250 millones que pagarán entre ambos.
A fin de asegurar tal desembolso, el Ministerio Público tomó como medida cautelar el embargo de tres propiedades (casas y departamentos) de cada uno de los imputados.
Libertad vigilada
Pendiente hasta la audiencia quedará la forma en que se cumplirá la pena. Si bien será tema de debate ante el tribunal, lo más probable es que se les condene a una pena de cinco años con libertad vigilada.
La alternativa a la cárcel se debe a que se podrían aplicar atenuantes por colaboración eficaz e irreprochable conducta anterior de ambos ex marinos. Estos son algunos de los elementos que consideró el Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado -el pasado 12 de septiembre- cuando analizó el caso e instruyó a los abogados del organismo, Iván Fuenzalida y Estanislao Dufey, consentir el procedimiento.
"Las Marías", la arista pendiente, también tendría arregloTras la muerte de su padre, las cuatro hijas de Guillermo Ibieta heredaron sendas formalizaciones por "lavado culposo" de dinero.
De acuerdo a la fiscalía, las cuatro mujeres -María José, María Fernanda, María Macarena y María Carolina Ibieta Montalva- eran las nuevas dueñas de la sociedad de inversiones Guifer. Firma que originalmente era propiedad de Ibieta y su primera esposa María Fernanda Montalva (fallecida en 2005).
Para los investigadores, ellas no sólo recibieron la empresa, sino también alrededor de mil millones de pesos que provendrían de los negocios irregulares de su padre y que además colaboraron con el ocultamiento del presunto origen de esos dineros.
El abogado Juan Carlos Manríquez representa a tres de las hermanas: María Fernanda, María Macarena y María Carolina (María José tiene como abogado a Gustavo Promis).
Manríquez reconoció a "La Segunda" que también están buscando un arreglo con el Ministerio Público: "Estamos conversando con la fiscalía y el CDE la posibilidad de una salida distinta, pero sin reconocimiento de los hechos que se imputan".
En esa línea lo más probable es que lo que se transe sea el pago también de una multa de beneficio fiscal, cuyo monto faltaría por establecer.