Otras irregularidades son: Gastos del 2012 por $82 millones imputados al presupuesto de 2013, pérdida de especies, auto rematado erróneamente e información falsa de pago de facturas.
Un desorden financiero que incluye gastos por $82 millones correspondientes al año 2012 -pero cancelados con presupuesto del 2013-, además de remates realizados en forma errónea, información falsa en el pago de facturas, pérdida de especies incautadas y hasta la existencia de "peritajes fantasmas".
Estas son parte de una serie de anomalías ocurridas en estos últimos dos años en la Fiscalía Metropolitana Sur y que quedaron plasmadas en una resolución donde el fiscal nacional, Sabas Chahuán, ordenó reabrir un sumario interno que se llevaba en esa repartición regional y que responsabilizaba de los hechos únicamente a funcionarios que ya no trabajaban allí.
Chahuán no se convenció de la conclusión expuesta y no sólo ordenó reabrir las indagaciones y cambiar al fiscal instructor del sumario. También dispuso realizar diligencias que apuntan a "determinar si efectivamente se puede descartar o no la responsabilidad administrativa" de dos altas autoridades de la Fiscalía Sur, ambas de "exclusiva confianza" del fiscal regional, Raúl Guzmán: la directora Ejecutiva Regional (DER), Evelyn Valencia, y la jefa de la Unidad de Víctimas y Testigos (Uravit), Gabriela Cruces.
El cargo de DER tiene el mismo grado y sueldo que el del fiscal regional y se encarga del funcionamiento administrativo. La jefatura de la Uravit implementa los criterios de protección de víctimas y testigos desarrollados por el fiscal regional respectivo, y para ello cuenta con un presupuesto específico.
Las situaciones que destapa la resolución de Chahuán se agregan a los peros internos surgidos por el arriendo de un vehículo de alto costo para uso del fiscal Guzmán, y problemas en la planificación presupuestaria y el ritmo de gasto de esta unidad regional, que ha debido pedir suplementos de fondos en los últimos dos años.
La historia tras los "peritajes fantasma"
En el documento elaborado por Chahuán al que «La Segunda» tuvo acceso, fechado el 30 de agosto, se menciona someramente que "en la ejecución presupuestaria 2012 se registraron pagados contablemente honorarios de pericias contratadas en el último trimestre de ese año, con profesionales particulares, respecto a delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad, que conforme a su estado de ejecución no estaban en condiciones de ser pagados".
¿De qué se trata esto?: A fines de mayo, la Fiscalía Nacional recibió información de que la Metropolitana Sur había ingresado como "pagados" y había enterado impuestos por decenas de peritajes privados de credibilidad del relato sin que ellos hubiesen sido realmente cancelados a los psicólogos y psiquiatras contratados, algunos de quienes no cumplieron con la totalidad de los trabajos.
La situación fue anexada al sumario administrativo que instruía el fiscal Jorge Cáceres.
Según pudo reconstruir «La Segunda» gracias a varias personas que han conocido el tema, éste comenzó a gestarse a fines del año 2012, cuando la Fiscalía Sur se percató de que no habían gastado todo el presupuesto asignado para peritajes privados, lo que implicaba una reducción de este ítem al año siguiente.
Entonces, se ideó una fórmula: Pedir a los peritos boletas por adelantado para casos en que los fiscales consideraban conveniente tener estos estudios. Cada "orden de servicio" fue asociada así a análisis de credibilidad del relato, que deberían realizarse en causas de abuso sexual determinadas, dejando registrado el RUC interno.
Comenzaron a llegar las boletas y se llenaron los cheques, sin firma. Los dos documentos eran dejados juntos, corcheteados, a la espera de que el perito entregara su trabajo. A la Fiscalía Nacional se le informó del gasto y, por ende, ella pagó al Servicio de Impuestos Internos el 10% correspondiente al año tributario 2012.
Todo marchaba bien, pero los peritajes comenzaron a demorar más de la cuenta... Resultó que no todas las víctimas estaban accesibles para realizarse los análisis. Varias incluso se negaron. Algunas eran causas antiguas que no habían avanzado («La Segunda» detectó hasta del año 2009) y las víctimas ya no estaban dispuestas a someterse a nuevas entrevistas. De esta forma, existen peritajes que a la fecha no se efectúan y ya se dan por impracticables.
Los funcionarios de la Fiscalía Sur han buscado soluciones. Contactaron a los peritos que entregaron boletas por anticipado y que no habían evacuado los trabajos, y les pidieron que devolvieran el 10% que habían recibido del SII en mayo de 2013 tras la Operación Renta. Pero algunos profesionales se negaron.
Otra idea para arreglar el enredo fue cambiar la orden de realizar peritajes de credibilidad del relato por "metaperitajes" , pues en estos el perito sólo debe revisar la carpeta investigativa y opinar si las denuncias son coherentes o no con los antecedentes. También se evaluó la posibilidad de rectificar las declaraciones ante el SII.
Pero el hecho es que hasta hoy, en la Fiscalía Sur existen una serie de cheques asociados a gastos del 2012 ya caducados y son incobrables.
Gastos mal imputados
Además de este problema, la instrucción de Chahuán pide revisar la responsabilidad de la DER Valencia en la existencia de gastos por $82 millones que correspondían al año 2012 y fueron cancelados con presupuesto del 2013, sumado al hecho de no llevar registro contable de todas las obligaciones presupuestarias.
La investigación del fiscal Cáceres además constató que "no se registró en el módulo de existencias los ingresos y salidas de materiales de oficina de todo 2013", y que la bodega de la fiscalía no cumple con las condiciones de seguridad y contiene materiales "no registrados".
Entre las preguntas que Chahuán ordena realizar destaca una mención a "variadas investigaciones administrativas" instruidas en la Fiscalía Sur entre 2012 y 2013, de las cuales nada se sabía públicamente.
Se alude también a sumarios por "pérdida de especies incautadas", "orden de remate de vehículo en forma errónea", "destrucción de arma incautada" e "información falsa de pago de facturas".
Chahuán pide que Valencia sea inquirida respecto a "qué medidas de supervisión ha ejercido en la Unidad de Administración y Finanzas", considerando esos diversos sumarios y los varios informes de auditoría que alertaban falencias.
Respecto al auto rematado erróneamente, «La Segunda» supo que se trata de un vehículo incautado en un caso de narcotráfico que fue rematado sin que el tribunal respectivo decretara el decomiso.
Según trascendió, esta nueva etapa indagatoria quedará a cargo del fiscal Rodrigo Chinchón, mano derecha de Guzmán y quien investigó el caso de las escuchas ilegales a ex carabineros.
Preguntas al blancoLa instrucción del Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, incluye que se realicen diligencias para esclarecer la responsabilidad administrativa de la directora ejecutiva regional de la Fiscalía Sur, Evelyn Valencia Soto, y de la jefa de la Unidad de Víctimas y Testigos (Uravit), Gabriela Cruces González.
En el sumario inicial, el investigador Jorge Cáceres levantó cargos a ambas, pero tras recibir sus defensas recomendó al fiscal regional, Raúl Guzmán, sobreseerlas. Por ello, responsabilizó de todos los hechos a dos funcionarios ya fuera de la repartición: el ex jefe de Administración y Finanzas, Andrés Díaz, y su sucesora inmediata, Ximena Salinas.
La razón para descartar a Valencia fue que Díaz había omitido información a sus superiores "de manera absolutamente negligente y voluntaria", y respecto de Salinas se señala sólo que la directora ejecutiva regional sí supervisó su trabajo. Sobre la jefa de la Uravit se estableció que "no ha incurrido en infracción de deberes".
El fiscal nacional ordenó nuevos interrogatorios a Valencia y a Cruces, adjuntando preguntas concretas que se les debían realizar.
Por ejemplo, a Valencia pide que aclare "qué medidas de supervisión ha ejercido en la Unidad de Administración y Finanzas, considerando que los diversos informes de auditoría evacuados por Contraloría Interna ya daban cuenta de falencias al interior de la Unidad de Finanzas".
Chahuán desea aclarar, por otro lado, "cuál es el rol de la abogada asesora Sylvia Morales Gana como contralora interna y si ello no significa superponer funciones y responsabilidades de jefatura en un funcionario profesional".
El Fiscal Nacional dio un plazo de 15 días hábiles para realizar las diligencias.