El cierre del Penal Cordillera ubicado en Peñalolén, estandarizar los beneficios carcelarios de los militares presos por violaciones de Derechos Humanos en la cárcel de Punta Peuco, y degradar a los oficiales que fueron o serán condenados.

Esas son las peticiones que agrupaciones de Derechos Humanos, parlamentarios y abogados están solicitando al Gobierno tras el repudio que produjeron las entrevistas televisadas al general (r) Manuel Contreras.

Así lo señaló la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira. Dicha entidad, junto al diputado Tucapel Jiménez (PPD) y otros organismos de Derechos Humanos, quienes pidieron que el Gobierno patrocine un proyecto de ley para modificar el sistema carcelario de ex militares y la situación jerárquica de los sentenciados.

En el pasado hubo algunos proyectos presentados en el Congreso por parlamentarios, pero no prosperaron, de allí la solicitud de que sea el Gobierno el que encabece la iniciativa.

"No se puede aceptar que un (Sergio) Arellano Stark, que tuvo responsabilidad en la Caravana de la Muerte, un Manuel Contreras, un (Miguel) Krassnoff hoy tengan su rango y sean respetados y valorados como militares. Creemos que eso debe modificarse y le exigimos al Gobierno un cambio", dijo Lira.

A esto se suma la petición de que se realicen cambios en los beneficios de infraestructura del Penal Cordillera -construido en 2004- donde diez condenados disponen de salas de esparcimiento, canchas de tenis y quinchos. El recinto tiene cinco cabañas, cada una compuesta por dos dormitorios, un baño y una pequeña sala de estar. Además, hay una serie de electrodomésticos y TV cable que son financiados por los reclusos o sus familias.

"Tienen que estar en una cárcel común. Hay presos por robos, estafas u otros delitos que están cumpliendo condena en pésimas condiciones, mientras ellos hicieron algo peor, planificaron y ejecutaron los crímenes más repudiables en este país", agregó Alicia Lira.

Punta Peuco, dijo el diputado Tucapel Jiménez -integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara- es a simple vista más parecida a una cárcel convencional, pero igual tiene más espacio de esparcimientos y lugares de entretención que no se repiten en otros penales. También la población es menor, 44 reclusos.

Jiménez indicó que el llamado es a los ministros de Defensa, Interior y Justicia para que tomen el proyecto de ley y lo apoyen. "Llegó la hora de cambiar esta situación, porque esta desigualdad de presos de primera y segunda categoría, ha sido uno de los motivos que ha evitado que Chile se encuentre. Esto provoca indignación en la ciudadanía".

Por su parte el abogado de DD.HH, Nelson Caucoto, señaló que "aparece como una afrenta a las víctimas, la sociedad chilena e incluso a los otros presos que estos condenados tengan tantas garantías".

Para Caucoto, el tema central es que se construyeron cárceles especiales para los militares y "eso es lo que hay que cambiar por un sistema menos desigual".