Debía pronunciarse sobre la solicitud de prisión preventiva, pero la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Andrea Díaz-Muñoz -según comentaron algunos tras la audiencia- "casi dictó sentencia".

Y es que la magistrada no sólo rechazó el pedido de la Fiscalía: En su fallo tras la formalización por presuntos abusos sexuales contra el sacerdote John O'Reilly, la jueza afirmó que no están acreditados los delitos... y estimó "poco probable" una condena.

Incluso, le llamó la atención a la Fiscalía "para que investigue con más objetividad". En su resolución, Díaz-Muñoz cuestionó una serie de pruebas y antecedentes:

1.- La jueza afirmó que los testimonios de las menores, exhibidos parcialmente en un video durante la audiencia, "no han sido espontáneos". J.H.M., de 7 años y primera denunciante, fue mostrada en una sesión con una perito del Cavas de la PDI, donde relataba presuntos juegos con el religioso. "Me echaba dulces en las partes privadas", dice la menor.

Díaz-Muñoz criticó que el relato surgiera tras cuatro sesiones seguidas en las que no acusó al religioso -una con el fiscal y tres con el Cavas- y lo atribuyó a "desgaste". Sobre C.H.M. la hermana mayor de 11 años, afirmó que su versión está "influida por el relato de su hermana".

En tres sesiones con el Cavas, la menor no entregó antecedentes. Sí lo hizo en una siguiente entrevista, con el entonces fiscal Ignacio Pinto, donde habló de tocaciones en una oficina y en la capilla del Colegio Cumbres. Y aunque los acusadores afirmaron que alude a sensaciones y datos "difícilmente falseables", la jueza estimó que el relato de la niña está "a todas luces dirigido".

2.- La Fiscalía mencionó a una testigo protegida que declaró en agosto del 2012, al inicio de la investigación. Se trata de una ex alumna del establecimiento, que se confesaba siempre con O'Reilly y que relató un presunto episodio ocurrido en 1995, mientras cursaba 4° Básico. El cura, señaló, le habría tomado la mano y se la habría pasado por su cara y labios.

Para la magistrada, dicho testimonio "en nada aporta" a la indagatoria. Y junto con afirmar que se trata de una acción penal prescrita, dijo que no hay certeza y es discutible que el hecho tenga significación sexual... pese a que la fiscal Lorena Parra lo calificó como una "conducta lasciva". La defensa del presbítero reclamó que hay otras dos testigos reservadas que "de oídas" reafirman este episodio, lo que sólo habría servido para decretar el secreto de la carpeta investigativa.

3.- Otro punto que Díaz-Muñoz cuestionó el martes durante la audiencia (y en el fallo) es que no existan informes sexológicos sobre las menores. En especial en el caso de C.H.M., quien dado el relato de la Fiscalía podría mostrar evidencia físicas de "desfloramiento", indicó.

La fiscal Parra y el abogado querellante José Ignacio Escobar afirmaron que la familia no estuvo dispuesta a realizar un examen, y recalcaron que se trataba de una formalización por abuso sexual y no por el delito de violación.

La jueza apuntó entonces que en el caso de la hermana mayor la falta de pericias físicas resta fuerza a la teoría de los acusadores. Sobre la menor, en tanto, la defensa resaltó que la familia la llevó al doctor al constatar "enrojecimiento", pero que no obtuvieron ningún diagnóstico de abuso.

4.- Díaz-Muñoz se refirió también al posible prejuicio que tendría la madre de las supuestas víctimas. Mencionó la querella presentada el 25 de julio del año pasado por el abogado Mario Schilling, a nombre de la familia, donde se indica que desde 2006 (cuando J.H.M. tenía sólo meses de vida) la mujer manifestó malestar porque O'Reilly recibiera a los niños en las mañanas, para llevarlos a misa.

"Está convencida de que siempre tuvo la razón", dijo el abogado del imputado, Luis Hermosilla, que acusó una "fijación" de la mujer en contra de su defendido.

La parte acusadora recalcó la "baja intencionalidad de denuncia" de la familia, tal como se señaló desde el propio colegio al poner la primera denuncia. "Ellos son católicos, vinculados a los Legionarios de Cristo. Esto ha sido un drama", dijo Escobar (querellante), afirmando que la mujer se realizó exámenes en el SML que descartan alguna psicopatología.

5.- El fallo de la jueza subraya también las "discrepancias" entre psicólogas que trataron a las menores. En específico, sobre Marisol Sagredo -quien trató a la niña mayor el 2010 y no dio luces sobre abusos-, lo que la llevó a afirmar que el informe del Cavas es "parcial" al no citarla.

Quien sí se refirió a abusos, el año 2012, fue la sicóloga Ana Eugenia Cheverría.

Hermosilla -quien ha cuestionado con fuerza a esta profesional- aseguró que es ella quien menciona por primera vez el juego con caramelos, en agosto del 2012, lo que luego fue mencionado por J.H.M. en noviembre, en la sesión con el Cavas. "Está repitiendo", cree el abogado. La magistrada señaló también que ninguna de las sesiones con Cheverría está grabada por lo que no se pueden observar las técnicas utilizadas.

Los acusadores, en tanto, destacaron que la familia llegó a Cheverría tras la recomendación del mismo colegio.

6.- Díaz-Muñoz criticó también con dureza la decisión de la Fiscalía de solicitar un informe presentencial, que emite Gendarmería para pronunciarse sobre la conveniencia de que alguien cumpla su pena en libertad. El informe fue solicitado tras anunciar la formalización, y la fiscal Parra afirmó que era "necesario", previendo que la defensa invocaría atenuantes para reducir la pena. Parra aventuró que el castigo para O'Reilly partiría en los 10 años de presidio.

"En estos casos el 100% es negativo (para cumplir en libertad), ¿por qué lo pidieron?", cuestionó la jueza, afirmando más tarde que se buscó reforzar la postura de la Fiscalía con un informe que debería pedirse sólo si se va a ofrecer llegar a un procedimiento abreviado.

Fiscalía apelará el lunes, para conseguir prisión

El vocero de la Fiscalía Oriente, abogado Nicolás Calvo , informó que el Ministerio Público presentará el lunes la apelación a la resolución de la jueza Díaz-Muñoz, quien negó la medida cautelar de prisión preventiva solicitada contra el sacerdote John O'Reilly.

"En este caso, y como en otros casos donde hemos reunido antecedentes de esta naturaleza, con declaración y testimonios de las víctimas, con informes de daños de peritos psicólogos y psiquiatras, la fiscalía cree que (en el caso de O'Reilly) están suficientemente acreditados los presupuestos materiales, es decir, el delito y la participación", apuntó Calvo.

El motivo por el cual solicitan la prisión preventiva del sacerdote, añadió el profesional, "es la seguridad de la sociedad y también por la naturaleza y forma de comisión del delito".