Advierten que la fiscalización que tienen en Chile las más de mil organizaciones no gubernamentales que existen "es mínima". No están obligadas a informar sus actividades a la Unidad de Análisis Financiera del gobierno.
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El jefe del Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia, Carlos Aguilar, reconoce que allí sólo existen cinco funcionarios para controlar a todas las ONG existentes en el país (cerca de mil), las que deben tener personalidad jurídica para constituirse.
Pese a que en esa cartera se reciben memorias y balances de las corporaciones y fundaciones que operan en Chile, la labor de los fiscalizadores sólo apunta a establecer de manera periódica que la organización cumpla con el objeto para lo que fue creada.
Pero eso no es lo más preocupante, dice el inspector Alfaro. Según el detective, el mayor problema es que las ONG no están obligadas a informar sus actividades a la Unidad de Análisis Financiera (UAF) del gobierno , por lo tanto, no se sabe de dónde proviene su financiamiento ni adónde va. De hecho, dice, "no remiten sus balances anuales de gestión ni tampoco los publican (...) Son la excepción en el continente, dado que en el resto de los países sí lo hacen".
Esto, advierte el oficial, permite que estas entidades puedan ser la fachada perfecta para que "organizaciones criminales desvíen fondos para financiar actividades ilícitas como narcotráfico o terrorismo. Algunos grupos necesitan transferir, recaudar y juntar grandes cantidades de dinero utilizando estas corporaciones, ya que son un vehículo que les proporciona una fachada de legalidad por la actividad que dicen desarrollar".
Ministerio de Justicia sin competencia
Desde el Ministerio de Justicia, Carlos Aguilar aclara que por ley "no es nuestra competencia verificar el tema del financiamiento", aunque reconoce que "muchas veces en algunos procesos de fiscalización podemos tener conocimiento de alguna presunta irregularidad económica".
Según el inspector Alfaro, para subsanar este problema estas organizaciones deberían obligatoriamente entregar sus antecedentes a la UAF "para que los dineros e instituciones no se utilicen para propósitos distintos de la organización, disminuyendo así la posibilidad de ser utilizadas o creadas para lavado de dinero y financiamiento del terrorismo".
Opinión similar tienen en el capítulo chileno de Transparencia Internacional, que el año pasado elaboró un documento denominado "Transparencia y Rendición de Cuentas en Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL)".
Allí, la entidad dice que "las buenas prácticas, si bien existen, no son regla general. Prueba de ello es que se realizó una evaluación de transparencia activa a una muestra aleatoria de las OSFL en base a los estándares formulados por Chile Transparente el año 2008, evidenciándose un bajo cumplimiento. Sólo el 12,75% de las OFSL revisadas cumplía con los estándares de transparencia".
CDE preocupado
Pero la procedencia y el destino de los recursos que manejan las ONG no es un problema sólo en Chile.
Así lo asegura el abogado del Departamento de Lavado de Activos del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Rodrigo Reyes, quien explica que para desarrollar políticas para combatir el tema se creó en 1989 el Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Activos (GAFI).
Este organismo "ha venido señalando su preocupación respecto de las entidades sin fines de lucro en general, dentro de las cuales están las ONG, en el sentido que deben evaluarse periódicamente".
Agrega que hay compañías en Chile que han entendido el mensaje y han adoptado medidas para prevenir problemas. Por ejemplo, es cada vez más frecuente que empresas multinacionales recurran a asesores para elaborar "radiografías" de las organizaciones sin fines de lucro, a fin de conocer su idoneidad antes de realizar cualquier donación.
El ex director de la UAF y actual presidente ejecutivo de la consultora Prelafit, Víctor Ossa, dice que algunas empresas se han acercado "para que investiguemos a qué se dedican algunas ONG (con las que contribuirán económicamente), a fin de tomar precauciones. Las multinacionales incluso hacen un seguimiento posterior a los dineros".
Y agrega que en Chile no hay ningún ente que supervise bien a las ONG: "Hay algo desde el Ministerio de Justicia, pero es muy vago, así que de alguna manera operan en tierra de nadie".
