Como ministro de Vivienda, en 2004 Jaime Ravinet impulsó la reforma a la ley que estableció plazos para llevar a cabo expropiaciones de terrenos o inmuebles declarados de utilidad pública. Luego de cinco o diez años, si no se habían hecho los proyectos públicos, debían volver a su estado original.

Por eso, está en completo desacuerdo con el proyecto enviado por el actual Gobierno al Congreso que busca anular los plazos y retrotraer la situación a lo que había hace nueve años. El fundamento entregado por el actual titular de la cartera, Rodrigo Pérez, es que "todos los ensanches y aperturas viales vigentes en el país van a caducar en febrero de 2015", lo cual tendría "un costo gigantesco para las ciudades del país" debido a lo que significaría expropiarlas.

Según Ravinet, "el fundamento esgrimido por el Ministerio de Vivienda es falso. Quienes hemos sido alcaldes podemos decir que tuvimos por cerca de 60 años zonas del centro de Santiago sujetas a expropiación, y eso significaba, en la práctica, que esa propiedad no podía ser vendida, construida o reconstruida. La modificación de la ley fue precisamente para que la planificación urbana se hiciera con responsabilidad, porque antes era cosa de tirar una línea en un plano y algún día se construiría. Eso afectaba a cientos, por no decir miles, de propietarios en las ciudades. Lo que se hizo fue armonizar con la Constitución vigente (artículo19, número 24), para que la planificación urbana fuera responsable y no fuera gratis afectar la propiedad privada".

En el mismo sentido, agrega, "no es efectivo lo que dice el ministro en La Segunda, de que (con la actual normativa) la Costanera Sur nunca se podría expropiar. La verdad es que siempre se puede, pero puede costar más caro. Y por otro lado, ¿con qué derecho el Minvu priva al propietario del derecho a construir, reparar o usar su propiedad'. En el caso del MOP, cada vez que necesita expropiar para un camino lo hace, pero no requiere tener en esta suerte de limbo jurídico por decenas de años a los propietarios".

En todo caso, Ravinet considera que el proyecto "es perfectible en la medida que se acoten procedimientos para que el afectado pueda reclamar estas declaratorias de utilidad pública y pedir que esto vaya a tribunales de forma expedita. Hay un grado enorme de discrecionalidad en el proyecto propuesto, ya que deja al Ministerio de Vivienda como ente rector de la propiedad en Chile, en circunstancias que la Constitución establece que sólo mediante una ley se puede expropiar y que el monto debe ser fijado por tribunales de justicia. No puede ser un ente administrativo el que se arrogue estas facultades".

- ¿Cuando se discutió la actual ley, se tomaron en cuenta futuros proyectos viales como la Costanera Sur?

- El ministerio ha tenido 10 años para construirla y quiere esperar 10 más. ¿Quién le paga a los propietarios afectados?. El ministro se equivoca, él siempre va a poder expropiar, pero va a tener que pagar. El quiere expropiar sin pagar y eso es en contra la Constitución.