Jefe del OS-9: "El problema de fondo es que hay empresas usando indirectamente recursos institucionales para su fin comercial". Se impulsará catastro para conocer recursos y clientes de estas compañías.
Cristóbal Lira se reunió en La Moneda con representantes de empresas de seguridad.
Foto ERIC ALLENDE
Eso hizo que durante el primer semestre de este año, la policía debiera atender 112.853 llamados que no respondían a una real emergencia.
Por esta caótica situación, este mediodía el subsecretario de Prevención del Delito, Cristóbal Lira -junto al jefe del Departamento de Seguridad Privada del OS-10 de Carabineros, general Christian Fuenzalida- citó a una reunión en La Moneda a representantes de las empresas de seguridad.
El objetivo de la reunión que partió este mediodía era iniciar "una profunda revisión al funcionamiento de este sistema y regularlo". Y entre las medidas que se pedirían a las compañías figuraba en primer lugar exigir "nuevos protocolos de verificación" sobre lo que realmente está ocurriendo donde se activa la alarma.
"Lo lógico es que se produzca un llamado por teléfono de verificación (a los moradores de la vivienda presuntamente afectada) o una ida a terreno a visitar el lugar, y después llamar a la policía", explicó Lira momentos antes de ingresar a la reunión. "Porque lo que ocurre es que el 99% de las actuales llamadas son falsas, y eso ocurre por cosas como que la ventana se abrió por el viento, o se activó la alarma por una falla... porque tampoco son sistemas infalibles".
"Hay que mover 700 patrullas al día"
El problema es que actualmente muchas empresas se limitan a llamar al cliente "y si no contesta nadie, terminan llamando a Carabineros. Eso genera un problema en todo el sistema de emergencia nacional, el 133. Porque por cada llamada de falsa alarma de las empresas hay que mover 700 patrullas al día, con dos carabineros, para llegar a verificar al lugar", afirma el subsecretario.
"El problema de fondo es que hay empresas usando indirectamente recursos institucionales para su fin comercial", afirma el general Fuenzalida.
Una "mala práctica" expresa, que se ha hecho frecuente entre firmas que ofrecen servicios sin contar con los recursos necesarios. "Muchas no poseen los medios tecnológicos ni los móviles para dar respuesta", asegura.
Por ello, la cita con las empresas permitirá además realizar un catastro, hasta ahora inexistente, de la cantidad de clientes, recursos técnicos, personal y móviles de reacción con los que cuentan las empresas del sector". Tienen que transparentar cuáles son sus recursos, para atender una demanda que tampoco conocemos, porque no sabemos cuántas viviendas atienden", señala Fuenzalida.
Buscan certificar a las empresas
El fin último es realizar una auditoría, que permita a Carabineros certificar a las empresas que sí tienen los medios mínimos. Las que no cumplan "no podrán operar, porque la gente sabrá que no están certificadas".
"La idea es que queden funcionando las que son un aporte a la seguridad y están en condiciones de verificar las presuntas alarmas. Hoy la tecnología por ejemplo permite, si un sensor de movimiento se activa, chequear con cámaras, en una segunda etapa", señala el general.
El 99% de llamadas falsas saturan el 133 y "finalmente entorpecen todo el sistema. Así, cuando un dueño de casa que tenga alarma realmente necesite, lo más probable es que demoren en llegar".
La regulación a las falsas alarmas de seguridad privada forma parte de las iniciativas para liberar de "trabajo inoficioso" a Carabineros, a las que se suman otras como realizar las alcoholemias in situ, limitar las constataciones de lesiones y la implementación de comisarías judiciales. "Les estamos quitando cargas que no necesariamente tienen que ver con la prevención de delito", afirmó Lira.
Bancos pagaron más de US$ 1,2 millones por falsas activaciones durante el año pasadoCerca de 2 mil instituciones que manejan grandes sumas de dinero, mayoritariamente bancos, tienen conectadas sus alarmas directamente con la Central de Comunicaciones de Carabineros (Cenco) a través del sistema 'Alpha II'.
Por la conexión pagan 0,5 UTM mensuales, pero además deben cancelar 1,5 UTM ($60.500 al valor actual) por cada falsa alarma que se produzca.
En la actualidad las falsas alarmas producidas en estas empresas son cerca de 20 al día.
Así, el año pasado estas instituciones desembolsaron más de US$ 1,2 millones por este concepto, sin contar las multas que les pueden imponer los juzgados de policía local. Por cada activación errónea, Carabineros cursa una infracción e ingresa además una denuncia.
Que la seguridad domiciliaria pague también multas por las falsas alarmas es una opción que "se va a estudiar", afirmó Fuenzalida.
"Tenemos varias ideas, pero primero queremos reunirnos con las empresas y escucharlas", dijo el subsecretario Lira. "Por ahora, el protocolo de verificación es clave".
En paralelo, Carabineros abrió a fines de febrero una licitación para renovar la tecnología del sistema 'Alpha II', lo que incluye también la idea de ampliarlo a otras industrias.