Los llaman "los desplazados de Ercilla".

Porque han debido abandonar sus hogares, ubicados en la llamada "zona roja" de Ercilla, debido a condiciones de violencia e inseguridad.

Se trata de 33 pequeños parceleros, propietarios de 485 hectáreas en total, que desde hace dos años comenzaron a irse para arrendar o vivir con familiares en zonas más seguras.

Su pedido es que Conadi les compre las tierras a precios mayores que los ofrecidos. Aseguran que varias veces han tenido conversaciones al respecto, pero una y otra vez se ha postergado la respuesta. Es en esta misma zona donde el agricultor René Urban está pidiendo que el Estado le compre las 600 hectáreas de dos predios "tomados" por mapuches.

Humberto Beltrán es uno de los parceleros desplazados. Según cuenta, ha vivido por más de 50 años en Ercilla, pero todo empezó a cambiar hace aproximadamente una década.

-En 2004 hice un predio forestal en mi campo. Dos meses después grupos de comuneros ingresaron a mi propiedad argumentando que eran territorios ancestrales y que debía abandonarlos. Saquearon mi casa, mataron mis caballos, robaron las ovejas y me prohibieron el ingreso a mi campo. Pero yo seguí luchando y trabajando, hasta que en marzo pasado incendiaron el campo y me echaron a balazos, hiriéndome en la columna. Ahí sí tuve que abandonar mis tierras y decidí irme a vivir a Ercilla, a unos 9 kilómetros de mi campo.

Según los resultados del "Barómetro de conflictos con connotación indígena" elaborado por la Multigremial de La Araucanía, este año se han registrado 138 denuncias por hechos de violencia en la región, más que nunca antes.

"Llevamos dos años esperando una solución"

Héctor Espinoza, presidente de la Agrupación de pequeños parceleros de Ercilla Víctimas de la Violencia, afirma que "hace más de un año se acordó con el entonces ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, la venta de nuestros terrenos al Estado, pero la idea no prosperó. Posteriormente, se conversó con el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien se comprometió a dar una respuesta el viernes pasado, pero ese día el subdirector nacional de la Conadi, Germán Riquelme, me dijo que pasado mañana nos entregarán una propuesta definitiva. Esperemos que nos entreguen una oferta justa y con plazos establecidos, porque llevamos dos años a la espera de una solución".

Aseguró el dirigente que "estamos negociando con una pistola en la cabeza, porque el Estado es juez y parte. Ellos mandaron a personal de Conadi a tasar nuestras tierras y luego nos ofrecieron $4 millones 800 mil por hectárea de riego, valor inferior en un 40% al precio comercial de los predios. Con esta propuesta los parceleros quedaremos en una situación de pobreza mayor".

Recalcó Espinoza: "Nosotros no buscamos ayuda social ni una canasta familiar. Solicitamos que se nos respete el derecho de reposición de nuestras tierras, que las compren a un precio justo. El Gobierno no se debe olvidar de que nosotros somos producto de una problemática que el Estado no ha sabido resolver".

"La policía está de manos atadas"

María Cristina Urra, directora ejecutiva de la "Asociación de Víctimas de Violencia Rural de La Araucanía" , explicó que "algunos parceleros se acogieron al bono social que entregó el Gobierno a quienes debieron abandonar sus tierras por las amenazas de muerte que les hicieron grupos altamente organizados y con una fuerte ideología. Pero el beneficio sólo alcanza para costear el arriendo de una vivienda y no para suplir el resto de las necesidades de una familia".

Aseguró la dirigenta que incluso "los predios agrícolas de Ercilla han sido usurpados por mapuches en ocupación productiva, quienes en ocasiones, incluso, han trabajado y explotado las tierras con recursos entregados por el Estado por vía de otros programas sociales", añadió la dirigenta.

A juicio de Urra, la situación se ha polarizado a tal punto que ni siquiera las órdenes de desalojo dictadas por la fiscalía han surtido efecto. "La policía está de manos atadas. No cuentan con garantía ni respaldo político para su actuar. Prueba de ello son los sumarios internos y dadas de baja a las que han sido sometidos algunos funcionarios de Carabineros, por ser acusados de exceso de fuerza pública al enfrentar a un grupo mapuche en conflicto por las tierras en la Novena Región", acusó Urra.