Ya no hay nada más que hacer. El deterioro de la universidad ha sido tal que ya estamos en la etapa terminal... si hasta nos dieron fecha de muerte: el 31 de agosto".

La lapidaria frase de un alumno de Medicina de cuarto año, retrata lo que hoy viven casi 4 mil 700 alumnos de la Universidad del Mar que actualmente están matriculados en esa casa de estudios, convertida en un zombi: muerta pero resucitada, en estado agónico.

Otros 6 mil 600 estudiantes ya fueron "reubicados" en distintas universidades y cerca de 1.300 están en proceso de titulación. Nada se sabe de los poco más de mil alumnos que también fueron considerados como parte de su matrícula en febrero pasado y que hoy no están en ninguna parte, por lo que se estima que habrían desertado de la educación superior.

"La situación ya es insostenible: no hay platas, no hay sueldos, las deudas son enormes, los alumnos no pagan, en algunas sedes no hay clases o están atrasadas y no hay representante legal. Pero igual seguimos...aunque esté todo mal", dice el dirigente de los académicos, Cesar Guisado, a meses de que se decretara el cierre que está programado para el 2015.

En algunas sedes aún no terminan el primer semestre y los últimos informes del Ministerio de Educación, presentados ante el Congreso la semana pasada, detallan que la actual deuda de la institución supera los $24 mil millones.

Lo que parecía que podía aliviar las dolencias del plantel -platas frescas a través del Crédito con Aval del Estado (CAE)- han profundizado aún más la agonía, ya que está pendiente el pago de más de $500 millones que sólo se entregarán cuando esa casa de estudios cierre todos los procesos académicos 2012 que aún mantiene abiertos.

Para el 2013, la comisión que entrega estos dineros pidió un informe a la Contraloría para definir la legalidad de transferir recursos a una universidad autónoma "en proceso de cierre".

"El vicerrector académico, Mario Ahumada, dijo ante estudiantes y apoderados que la insolvencia económica haría que la universidad cayera a fines de este mes y eso nos tiene muy preocupados", cuenta el presidente del centro de alumnos, Raúl Soto.

Y mientras la sede central de la institución, ubicada en Reñaca, sigue en toma y con todos sus accesos bloqueados (va a cumplir 7 meses en ese estado), los funcionarios y académicos de la universidad intentan hacer verdaderas maniobras de resucitación para evitar la muerte de la universidad.

"Es poco lo que podemos hacer", dice Guisado, el dirigente de los académicos, casi resignado. "La ley no nos protege en absoluto. Hemos recorrido todas las instancias posibles: querellas, demandas, ministerios, diputados, senadores... Lo único que queda es que sea intervenida, pero no se atreven y tampoco se sanciona a los controladores, que sólo están a la espera que la universidad se muera".

"La están dejando morir... de a poco"

Hace 9 meses que el plantel no cuenta con un representante legal.

Precisamente ese fue el argumento que utilizó uno de los controladores (Sergio Vera) en tribunales para suspender -en marzo- el proceso de quiebra, reversar lo hecho por la síndico (que alcanzó a recaudar varios millones de pesos que serían usados para continuar las clases y hoy están retenidos por el tribunal) y anular las notificaciones judiciales que se le habían hecho al plantel.

En este escenario, las más de 500 demandas y querellas ya presentadas no tienen quién las recepcione, porque no hay a quién notificar.

Para nombrar a un representante legal, los actuales controladores (Mauricio Villaseñor, Sergio Vera y el heredero de Raúl Baeza -quien falleció hace dos meses-), se deben reunir y designar a una nueva persona.

"El gran problema aquí son los controladores que no colaboran con las distintas alternativas que se barajan porque, tal como están las cosas, la Universidad del Mar es inviable", aclara el diputado de la Comisión de Educación de la Cámara, Romilio Gutiérrez (UDI), donde se ha analizado el tema.

Igual postura tiene el diputado Gabriel Silber (DC), de la misma comisión: "El gobierno tomó la decisión de cierre, que era lo mejor. Pero los dueños no permitieron generar una salida responsable para los miles de estudiantes que confiaron en ese proyecto y ahora simplemente la están dejando morir, de a poco".

"Universidad solidaria"

Y mientras el plantel se sigue deteriorando, en la Casa Central una muralla de sillas, mesas, trozos de madera y hasta alambres de púas impiden el paso de cualquier intruso que llega al lugar. Sólo la brisa que corre en el cerro donde la enorme construcción está ubicada, mueve la docena de lienzos que cuelgan con una serie de consignas, entre las que se lee: "víctimas en toma".

El edificio parece estar vacío... pero adentro hay una treintena de estudiantes que -encabezados por el presidente del centro de alumnos- hace poco más de 7 meses vive en el edificio de seis pisos.

"Esto lo construyeron con nuestra plata y no se los vamos a entregar... No tan fácilmente", advierte el dirigente estudiantil, quien cursa tercer año de Kinesiología. Pese al evidente estado de abandono del inmueble -donde aún hay luz y agua- algunos "profesores solidarios" van a la sede a impartirle clases al grupo en toma.

"Es que los estudiantes le pidieron a algunos académicos que no los dejaran solos, que les ayudaran a terminar sus ramos y sus tesis. Así que se formó la universidad solidaria que funciona en el sexto piso", cuenta.

La semana pasada, todos los alumnos y funcionarios de esa sede debieron trasladarse hasta la de Recreo -donde seguirá funcionando la U. del Mar hasta su cierre- tras ser notificados de una orden de embargo y luego de que reventara una cámara de alcantarillado.

De hecho personal de la universidad está trasladando en un furgón una serie de carpetas y computadores desde el edificio contiguo a la enorme mole de concreto. "Se están llevando las cosas del Centro Integral de Salud y Rehabilitación antes del desalojo que va pedir Vida Security y que nos va a sacar de aquí", dice.

Docentes se están "auto despidiendo"

Una de las profesoras "solidarias" es María Teresa Almazara. Cada martes y miércoles llega hasta la sede en toma para hacer clases de Psicología Social y Psicología Política. "Desde 1996 estuve contratada. Pero el año pasado me dijeron que me iban a despedir y me ofrecieron una indemnización menor a la que me correspondía que me la cancelarían en 8 cuotas... Ahí los demandé", cuenta.

Con la brusca caída de alumnos (de 18 mil a poco menos de 5 mil), se redujeron fuertemente los ingresos por concepto de aranceles. Y temen que, cual virus, se propague en todas las sedes los que ya está ocurriendo en la de Iquique o en Maipú, donde el nivel de morosidad ya alcanzó el 65%.

"Los estudiantes no pagan y tienen razón. Y como no hay plata, desde mayo que hay deudas en los sueldos de los profesores, al igual que en las imposiciones", dice el dirigente de los académicos.

Cuenta que cada sede tiene su propia realidad. "La que mejor funciona es la de Quillota, al igual que San Fernando. Es lo que le da un poco de aire a este plantel. Pero en Iquique por ejemplo, convencieron como a 50 trabajadores de firmar unos documentos para despedirlos, prometiéndoles una indemnización en cuotas, pero eso no tiene validez legal", dice.

El problema, agrega, es que muchos funcionarios y académicos quieren seguir trabajando en la universidad, pero económicamente no pueden porque no les pagan: "Ante eso no les queda más que auto despedirse. Es lo que ha pasado en Antofagasta, Viña y Maipú".

De los 1.267 funcionarios que tenía la universidad, hoy no superan los 600.

Y aunque las autoridades del plantel han reconocido que tuvieron serios problemas de gestión, ahora reclaman que las medidas que tomó el gobierno -decreto de cierre, retención del CAE y varias precautorias ante tribunales- en vez de ayudar a resolver la crisis, los asfixiaron a tal punto que hoy están en un coma inducido. 

Ministra Schmidt: "Sólo queda ayudar a los alumnos de manera individual"

 "Lo que se está viviendo en la universidad es una situación muy compleja y estamos trabajando con el foco puesto en los estudiantes y trabajadores", asegura la ministra de Educación, Carolina Schmidt.

Junto con aclarar que "la responsabilidad de proveer los recursos para que siga funcionando el plantel es de los controladores y no del Estado", explica que los eventuales pagos del CAE "deberán ser traspasados íntegramente al pago de sueldos de los académicos, para asegurar así las clases que requieren los alumnos para terminar sus estudios".

Explica que la ausencia de representante legal complica todo, "porque si queremos establecer una administración de terceros, es decir que otra universidad se haga cargo de una sede determinada, como no hay poder de firma, no se puede. Sólo queda ayudar a los alumnos de manera individual y focalizada, que es como estamos trabajando".

Junto al rector Patricio Galleguillos están estableciendo nuevos mecanismos "para ayudar a los alumnos reubicándolos en otras instituciones y gestionando convenios con universidades que les presten servicios de clases".

También, dijo, se están haciendo gestiones para agilizar la graduación de los estudiantes. "Se llegó a un acuerdo con el Consejo Nacional de Educación (CNE) para que los muchachos puedan titularse".