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Lo que hay tras el cierre de un hogar de menores: Sename prepara traslados... niños deberán hacer un "duelo"

Cuatro centros dejarán de funcionar tras polémico informe del Poder Judicial y Unicef: Son 144 niños afectados. "Hay un grupo que nunca volverá con su familia. Tendremos que trabajar con ellos para que se preparen para la vida independiente y lograr alguna formación técnica", dice Angélica Marín (Sename). Expertos indican que los cambios pueden generar angustia y estrés a estos menores.  

por:  Patricio Pino M.
sábado, 20 de julio de 2013
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Unicef: "Hay que tener un plan de egreso y seguimiento de los niños"

Soledad Larraín advierte que cuando se cambia de residencia a un niño, por pequeño que sea, se debe escuchar su opinión.

La encargada de protección de Unicef Chile, Soledad Larraín , está preocupada por el destino de los niños que actualmente viven en los hogares que serán clausurados.

-Es un proceso que no se puede hacer en 24 horas. Tomar esta medida implica tener un plan de egreso y también -fundamental- un plan de seguimiento de los niños. Tiene que ser paulatino, porque los va a afectar no sólo a ellos, sino a sus familias y a los profesionales que trabajan ahí.

De hecho, afirma que en casos de víctimas de abuso o maltrato, el seguimiento debe prolongarse por, al menos, dos años.

Además, recuerda que cuando un menor pasa muchos años en una residencia, "muchas veces tienen problemas de adaptación social o cultural. No son personas que hayan crecido yendo a comprar el pan o eligiendo la ropa que se van a poner cada día".

Larraín también indica que es esencial que los menores sean informados del cambio que van a sufrir, sin importar la edad, porque "si un niño de 3 años se va a ir de un hogar, se le tiene que explicar según su capacidad de comprensión. Por pequeño que sea tiene que recibir información, en un proceso individual, y su opinión debe ser escuchada, porque puede manifestar reparos a volver con su familia. Ahí es clave detectar de qué tipo son los reparos".

De acuerdo con las cifras de la Unicef, el número de niños de 0 a 3 años que hay en hogares es cada vez menor.

"Hoy existen entre 1.200 y 1.400 niños de esa edad que están en una residencia. Desde 2012 hemos emprendido un plan piloto con Sename para que no haya más residencias de este tipo, porque a esa edad es fundamental que los niños desarrollen cosas como el apego y eso no ocurre en un hogar. Es un cambio cultural importante, porque estamos transformando la creencia de que para las familias pobres era mejor que sus hijos estuvieran en un hogar", afirma.

Larraín advierte que también se debe tener cuidado con la nueva institucionalidad que propuso el Gobierno, en que se separa los niños que necesitan protección -que pasarán al Ministerio de Desarrollo Social- de aquellos que son infractores (que seguirán bajo el alero del Ministerio de Justicia).

"Antes de dividir servicios, es importante avanzar en la ley. El riesgo que visualizamos es que la actual área de protección se traslade sin la revisión que se requiere. Por ejemplo, en el tema de las residencia hay que ver cómo el Estado garantizará los derechos de los niños. Eso significa mejorar la supervisión, que los temas de salud sean provistos por el Ministerio de Salud, no por el Sename, y lo mismo con la educación. Si no, vamos a tener la misma situación de hoy, pero en dos servicios".

La polémica por la cruda realidad develada por el informe del Poder Judicial y Unicef -sobre las graves vulneraciones que están produciendo en algunos hogares de menores- está lejos de aquietarse.

Ahora es la decisión de cerrar cuatro residencias la que pone en jaque la suerte de 144 niños y adolescentes que vivían en esas instituciones, ubicadas en Arica, Talca, Santiago y Valparaíso.

La jefa del Departamento de Protección de Derechos del Sename, Angélica Marín , reconoce que todos son menores de tratamiento complejo, por lo que se hace "muy difícil que los colaboradores de otros centros se puedan hacer cargo. Es mejor intentar el egreso hacia las respectivas familias de origen, porque son niños que vienen de un tiempo largo en el sistema. Hay otros que vamos a tener que reubicar temporalmente".

Desde 2010 a la fecha, cada año ha habido varios cierres de hogares ordenados por la autoridad. Ese año fueron 41, al siguiente 76 y en 2012 otros ocho debieron dejar de funcionar.

Por eso, en el Sename descartan que los cuatro cierres de este año se hayan decidido sólo por las denuncias del equipo que levantó los datos de los hogares. Marín indica que desde fines de 2012 estaban estudiando la situación de 11 centros privados. "Teníamos información preparada por funcionarios del servicio. Los antecedentes que aparecieron ahora nos sirvieron para decidir en tres casos. El otro, la residencia de Santiago, fue una decisión autónoma", señala.

El tema que ahora vendrá es dar un destino a esos niños. La jefa de protección advierte que "hay un grupo que nunca va a volver (con su familia), por lo que tendremos que trabajar con ellos para que se preparen para la vida independiente, terminen su educación y en algún punto lograr alguna formación técnica para que puedan desarrollar herramientas para la vida laboral".

Sename se puso un máximo de 30 días como plazo para resolver la situación (mediados de agosto). En el servicio están conscientes de los riesgos que implica para los menores dejar un hogar en el que han hecho su vida.

Hoy, los hogares apercibidos de cierre se encuentran bajo supervisión permanente.

Privilegiará especialización antes que distancia

Uno de los temores de los especialistas es que el cierre sea un segundo golpe para los niños, en especial si significa que terminen viviendo en una región distinta a la de su familia de origen.

Respecto de ello, Marín anuncia que "hay que confrontar la cercanía versus la especialización. Aquí privilegiaremos lo último. Ellos van a vivir un quiebre y por eso habrá que hacer un trabajo doble: trabajar el duelo que significa la separación de un grupo humano que los ha venido conteniendo y seguir buscando que esos niños vuelvan con su familia de origen".

La encargada de Protección Infantil de la Unicef, Soledad Larraín , plantea que "habría que reforzar el desarrollo de planes de seguimiento de los niños. Eso significa generar indicadores en salud, educación e inserción social. Requiere dinero, pero lamentablemente muchas veces no hay financiamiento" ( ver nota aparte ).

Un posible cambio de región preocupa al psiquiatra Rodrigo Paz , quien recuerda el caso de Cristóbal "Cizarro", el cual empezó a delinquir a los 9 años, en 2008. "Se escapó del primer hogar al que lo mandaron, porque lo único que quería era volver al Hospital Calvo Mackenna, donde ya había desarrollado lazos, aunque fuera con los especialistas".

"Los niños generan vínculos", añade, "y cambiar bruscamente puede generar angustia, estrés e incluso llegar al suicidio", asegura.

El académico y ex director del Programa de Derechos del Niño de la UDP Jaime Couso señala que " ahora los centros no son tan masivos como antes. Igual tienen números altos, de 20 o 25 menores, pero eso es más cercano a un ambiente familiar".

Por eso, "el que exista un cambio es una pérdida de todos modos. Existe un costo cuando los vínculos se rompen" y advierte que en el caso de los niños que vivieron en una residencia donde sufrieron maltrato, se da una pérdida doble: no lograron satisfacer su necesidad de un ambiente familiar y aun así, por fallas que no son su culpa, lo que tenían se los quitan para mandarlos a otro lugar".

De acuerdo con la abogada Paulina Gómez , quien sacó a la luz el Informe del Poder Judicial y la Unicef, asegura que en estos casos lo más habitual es que el Sename traslade a los menores "a cualquier lugar". Parte de la responsabilidad -dice- es de los magistrados, porque "si a un juez le importa, va monitorear a cada uno de esos niños y no los va a soltar hasta tener una solución satisfactoria".

Jueces son informados cada 3 meses

La actual encargada del Centro de Medidas Cautelares de los tribunales de Familia de Santiago, Gloria Negroni (Tercer Juzgado de Familia de Santiago), y su antecesora en el cargo, Karen Hoyuelos (Primer Juzgado de Familia), descartan que los jueces dejen a los menores en manos del Sename sin preocuparse después de ellos, como han señalado las autoras del informe.

Negroni indica que "hoy cualquier decisión que tome un juez respecto de un niño dura sólo un año. Se puede modificar antes, pero ese es su tiempo de duración. Después tiene que tomar otra decisión".

De hecho, señala que en el primer semestre ya realizaron un catastro exacto de cuántos niños tiene el sistema en Santiago: se trata de 2.200 niños. "Ahora también comenzamos a examinar las 18 residencias particulares que están fuera del Sename, que no reciben subvención, que se suman a las 76 que actualmente hay en la Región Metropolitana", insiste.

Asimismo, asegura que para velar por los menores, los jueces exigen a las instituciones privadas que los resguardan un informe cada tres meses. "También estamos obligados a hacer visitas cada 6 meses. Aquí ya no quedan niños invisibilizados. Puede que ocurra con casos del sistema antiguo, pero es una fracción mínima. Hemos tenido un avance notorio en ocho años".

 1.400 menores están con familias de acogida

Las residencias son sólo una parte del sistema que acoge a los niños que requieren protección. La magistrada Negroni indica que desde el año pasado también están revisando la situación de los 1.400 menores que están en familias de acogida especializada (parientes lejanos o grupos con los que no tienen ningún vínculo).

"No se habían visitado nunca", indica la jueza Hoyuelos. "Encontramos que estos niños se encontraban mejor de lo que nosotros esperábamos. Encontramos familias preocupadas de que exista un ambiente familiar, pero también nos encontramos con casos en que el agresor por el cual el niño tenía una medida de protección seguía visitando a la familia. Como lo constatamos, pudimos tomar las medidas para corregirlo".

Además, la jueza detalla que "hay niños que tenían otro tipo de dificultades. Por ejemplo, algunos estaban hacinados o vivían en poblaciones, en condiciones de vida muy difíciles, en barrios altamente vulnerables o lugares donde fue difícil acceder. De hecho, los jueces tuvieron que llegar incluso apoyados por Carabineros".

Pese a ello, indica que el propósito es "alentar esta modalidad, siempre va a haber casos donde la modalidad residencial sea inevitable, pero para ir disminuyéndola está esto otro y uno de los hallazgos que tuvimos es que el sistema es poco conocido".

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