"Si hoy todos los poderes del Estado están hablando y relevando a los niños, todo ha valido la pena. Lo único que yo quiero es mejorar las condiciones de vida de los niños en nuestro país. Este proyecto jamás buscó atacar a nadie, pero es un tema que debía ser visibilizado".

Mónica Jeldres, jueza del Segundo juzgado de familia de Santiago, ha pasado días difíciles.

Luego de que trascendieron los resultados de un informe que realizó junto a otras juezas de familia y Unicef sobre maltratos en hogares de menores -y el caso llegara hasta el Ministerio Público de manos de diputados DC-, la semana pasada fue denunciada por sus superiores por supuestas irregularidades: haber publicado en internet la ficha de una menor y haber formado una fundación que sería incompatible con su cargo.

Una de las denuncias fue presentada ante el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago y la otra ante el pleno de la Corte Suprema.

La situación incluso podría derivar en un sumario en contra de la magistrada, que debe aún presentar sus descargos.

De hecho, la jueza ya no trabaja en el tema de las residencias del Sename y tampoco tiene asignadas causas de menores. Ahora ve temas como divorcios y pensiones de alimentos. "El 11 de enero entregué mi comisión de servicio, y desde ahí estoy tomando audiencias en el segundo juzgado de familia de Santiago", describe.

Curioso giro para un caso que partió con la denuncia de que el informe con el resultado de la fiscalización a hogares de diez regiones del país contenía graves antecedentes de vulneraciones a menores, pero el Poder Judicial lo mantenía en reserva.

Ahí fue cuando se empezó a escuchar que el estudio tenía serios problemas metodológicos.

Cosa que Jeldres, como coordinadora del proyecto, desmiente en forma terminante. "La Unicef lo ha dicho" (que está bien hecho).

Recibió a "La Segunda" en su casa, ubicada en el sector alto de Santiago, con una impresionante vista de la ciudad. Allí, con elocuentes silencios de por medio, entregó su versión de los hechos.

Su experiencia en el tema partió en 2009, cuando junto a otras juezas de familia integraron una comisión para analizar el trabajo con los niños internos en hogares de menores. Ella era la presidenta.

-Lo que ocurre en materia de protección -sobre todo en programas de intervenciones breves, especializados o de reparación- es que se dicta una sentencia y pasan meses, incluso años, hasta que pueda cumplirse. Eso quiere decir que una niña violada o abusada tiene que esperar un año o un año y medio para ser reparada. Entonces dijimos, ¿cuál es el sentido de que nosotros los jueces sigamos dictando sentencias que finalmente no se cumplen? Y eso un poco motivó esta iniciativa.

-Ese trabajo fue previo al informe del año pasado que se volvió tan controvertido...

-Claro. Nosotros encontramos por ejemplo que los datos que tenía Sename muchas veces no tenían nada que ver con lo que sabían los tribunales de familia. Ahí se generó una ficha individual para cada niño interno, que fue la base de las 6.500 que aplicamos en el proyecto del año pasado. Es una especie de ficha Excel, donde hay ítems como educación, salud, plan de intervención, proyección de egreso. Porque ordenar el ingreso de un niño a una residencia debe ser sólo la última medida, cuando se ha determinado que su familia cercana o extendida realmente no puede hacerse cargo. Siempre con la idea de hacer una intervención para que salga lo más pronto posible a una adopción o a alguien de su familia. La lógica no es que se quede hasta la mayoría de edad, la institucionalización les hace mal a los niños.

"Hay metas de gestión que se deben cumplir"

Las 6.500 fichas que fueron parte de la discordia, asegura, "se construyeron con el Servicio Nacional de Menores, los organismos colaboradores y los jueces. Estos tres actores, revisando la carpeta del niño, un poco consensúan lo que debería hacerse y eso se deriva a los tribunales que son los que deben tomar las medidas".

-Lo que se encontró fueron problemas en el orden judicial, organismos del Sename y otros. En lo judicial, en muchas regiones vimos ingresos a residencias sin plazo, lo que implica que al hogar llega un niño sin que se explicite para qué, qué se debe hacer y en qué tiempo. En otros casos, el juez ponía un plazo, pero al expirar no había un seguimiento.

Es que, agrega, mientras las causas están en tramitación "hay muchas más alertas, hay metas de gestión que se deben cumplir". En cambio, cuando ya están las causas en periodo de cumplimiento, "no existe el mismo seguimiento".

Durante el trabajo, que duró seis meses, también se encontraron problemas en el accionar de Sename: "La supervisión del Servicio Nacional de Menores es insuficiente. Existen niños por los cuales se paga subvención y otros por los que no. Estos últimos no tienen fiscalización estatal. Además, en Chile no existe trabajo con la familia extensa (para que pueda recibir a los niños cuando los padres no están en condiciones de cumplir su labor). Encontramos deserción y rezago escolar, niños que deben trasladarse incluso varias regiones para ser internados, encontramos muchos niños medicados para tranquilizarlos y muchas veces no estaba la receta.

-¿Y cuáles fueron los problemas más graves detectados en los hogares?

-Son muchos. El personal no está suficientemente capacitado y en ocasiones incluso se les contrata como trabajadora de casa particular. Ello, aunque aclaro que hay muchos hogares que sólo se sostienen por el amor de aquellas tías. Pero es que este trabajo no puede ser artesanal. Según los estudios internacionales, en Chile en cada residencia se gasta la mitad de lo que se debiera. También ocurre que los planes de intervención no se realizan, no hay coordinación entre las instituciones a nivel central y regional...

Fue toda esa información -con las mencionadas 6.500 fichas- la que se entregó a la Corte Suprema el 11 de enero. Antes se habían hecho "mesas técnicas" en regiones para empezar a cambiar los métodos de trabajo.

-También se hicieron encuestas anónimas a los niños, donde aparecieron las peores denuncias y que fueron las más cuestionadas por su metodología .

-Ese es un tema aparte. La gracia del proyecto 2012 es que ingresó la Unicef, y eso le da una perspectiva y una supervisión internacional inédita al trabajo de la comisión. Y la Unicef nos dijo que faltaba la visión del menor, entonces se genera una encuesta de victimización. Es de carácter anónima, la aplican los jueces y responden los niños mayores de 10 años, con un estricto protocolo. Ahora, claramente es un instrumento perfectible, como todo.

El objetivo más inmediato era que los antecedentes fueran enviados a las regiones, para que los jueces adoptaran medidas correctivas en los casos requeridos.

Sin embargo, pasó el tiempo y no pasó nada. Hasta que supo que "hubo una reunión el 14 de marzo entre Unicef, Poder Judicial y Sename, donde se decidió que las encuestas se trabajarían como documentos internos y que no se enviarían a regiones. Sí se entregaron al Sename".

"No he sido notificada de las denuncias"

-¿Por qué renunció a la comisión de trabajo el 11 de enero?

-Hay algunas personas que fueron desvinculadas y en su lugar ingresaron otras. Y la verdad es que éramos un equipo evaluado con nota 6,7, con un espíritu, las chiquillas dejaron su casa durante seis meses para recorrer Chile. Entonces encontramos que el enfoque se iba a perder con estos cambios. Por ejemplo se había pedido la desvinculación de Paulina Gómez, la doctora y abogada que más fuerza hacía en términos de efectivizar los derechos de los niños. Lo conversamos y dijimos está bien hasta aquí, además los proyectos no se personalizan, quedó todo para que vengan otras personas y lo tomen.

La jueza Gloria Negroni asumió al día siguiente de su renuncia la coordinación del trabajo.

-Hay dos denuncias en su contra, por la ficha y la fundación.

-De ambos temas me he enterado por la prensa, no he sido notificada de nada. Sobre la ficha puedo decir que es de prueba, tiene el nombre de una niña, pero con datos ficticios. Respecto de la fundación, históricamente muchos jueces de familia han participado de instancias de este tipo. La declaré y no hay inhabilidad.

La directora ejecutiva de la fundación es Carolina Bascuñán, quien renunció a Unicef para ocupar dicho cargo.

-¿Por qué cree que no encontró apoyo en sus superiores?

-Es que siempre he encontrado apoyo en mis superiores. Históricamente he presentado los proyectos que realizamos un grupo de jueces al presidente de la Corte Suprema y nos ha dado su apoyo. Esta vez también (ocurrió así).

-Pero ahora tuvo que irse...

-Sí.

-Faltan 7 mil o más fichas por aplicar en las residencias, ¿cuándo se van a hacer?

-Lo desconozco, habría que preguntar a la nueva coordinación.

"Se requiere una defensoría del niño"

-La ministra de Justicia anunció la intervención y chequeo de todos los hogares del país...

-Si a mí me hubiera tocado, habría partido con los hogares más complejos. Ellos tienen esa radiografía. Pero si a la ministra le parece que haya que intervenirlos todos...

-La bancada DC la ha apoyado, haciendo una denuncia ante el Ministerio Público y luego cuestionando la actitud del ministro Héctor Carreño, encargado del tema familia en la Corte Suprema. ¿Usted es DC?

-Soy independiente, no tengo partido. Lo que pasa es que yo fui una de las primeras invitadas a la Comisión de Constitución el año pasado, por la división del Sename en protección y responsabilidad penal. Y esto mismo que dije el miércoles, ya lo había dicho. Ellos conocían el trabajo que yo estaba desarrollando. Y que considero que se requiere una ley integral de los derechos del niño, así como una defensoría del niño.

-Con franqueza, ¿ha pensado en renunciar?

-No por el momento.

 Piden comisión investigadora

Con cerca de 45 firmas se presentó esta mañana la petición formal para constituir una comisión especial investigadora en la Cámara de Diputados. El objetivo sería que se indaguen responsabilidades frente a la posible vulneración de derechos a menores en riesgo social en hogares dependientes del Sename.

La solicitud debe ser aprobada por 48 diputados y se votará en Sala al regreso de la semana distrital.

El presidente de la bancada DC, Ricardo Rincón, dijo que la idea es que las indagatorias incluyan a todos los sectores vinculados a la protección de los niños: Poder Judicial, hogares del Sename, Ministerio de Justicia, entre otros. "Hay versiones contradictorias, hay hechos que sin duda deben ser aclarados frente a la opinión pública", indicó el parlamentario.

Magallanes y Arica, las peores regiones

-¿Qué pasó en aquellos casos donde la comisión constató abusos sexuales en los hogares?

-Eso ocurrió en Arica y Parinacota, donde hago la visita a la residencia y encuentro niñas que a las 12 del día estaban durmiendo y no había como despertarlas. También recibimos antecedentes de una posible red de explotación sexual infantil, las niñas refirieron maltrato y no tener una dieta adecuada. Dos menores tenían un cáncer cérvico uterino sin tratamiento y una tercera un VIH no tratado. Todo eso se puso inmediatamente en conocimiento del juez presidente del juzgado de familia. El tribunal tomó las medidas del caso y hubo gente formalizada por aquello. Sin embargo, hace poco un medio de comunicación mostró que la situación había continuado, y el hogar habría sido cerrado sólo recientemente.

-Sename cerró cuatro hogares hace poco...

-Uno sería éste, pero no tengo los datos exactos.

Las situaciones más complejas, indicó la jueza, se encontraron en las regiones extremas: Arica y Magallanes. "No sé por qué, habría que hacer un análisis más detallado".

-¿Se tomaron otras medidas mientras funcionó la comisión?

-Se tomaron miles de acciones. En cada una de estas 6.500 causas en que con Sename encontramos situaciones irregulares, fuimos solucionando problemas de los niños. La riqueza más grande del proyecto es haber dado movimiento a esas causas con acciones concretas.