El insólito robo de un fusil de guerra a un conscripto al interior del regimiento Buin en Recoleta, la semana pasada, reactivó las alertas sobre las armas en manos de delincuentes. El fusil SIG 542-1, fabricado bajo licencia por Famae, tiene un calibre de 7,62 mm, un alcance de hasta un kilómetro y una potencia capaz de atravesar un chaleco antibalas.

Carabineros incluso pidió que quienes tengan información sobre el robo lo informen al 133, ya que el fusil puede ser sumamente peligroso en manos delincuenciales.

No se trata del único caso vinculado a armas de gran calibre. Hace algunas semanas un fusil M16 fue usado en el asalto frustrado a una sucursal bancaria, en Pudahuel. Tras la captura de tres de los cuatro autores -entre ellos un ex frentista indultado el 2004- se recuperó además, entre otras armas, una granada.

Y sigue.

A principios de junio, la PDI incautó en un domicilio de Conchalí otro M16. La casa resultó ser de la tía de Manuel Arce Córdova, un ex frentista preso por su participación en un asalto bancario el 2009 en Chicureo. También se encontraron más de 500 municiones. En el Ministerio Público se asegura que Arce coordinaba desde la Cárcel de Alta Seguridad, donde cumple su condena, el arriendo del arma a bandas. Entre sus "clientes" habría narcotraficantes y delincuentes que usaron el fusil para asaltos u otros delitos de alta connotación.

Según fuentes vinculadas al tema, "no es habitual que aparezcan en la comisión de delitos ese tipo de armamento. Tienen tal poder de fuego que la ley los calificó como prohibidos y sólo pueden estar en manos de las FF.AA.".

Desde el Ministerio Público señalan que aún es materia de investigación el origen de esos elementos. La tesis más fuerte, en el caso de los M16, es que sean armas de la internación de Carrizal Bajo, en 1986, en la que el FPMR ingresó toneladas de armas procedentes de Cuba. Aunque los organismos de seguridad de la época desbarataron la operación, se cree que un tercio de las armas nunca fueron ubicadas.

El fusil usado en el asalto de Pudahuel tiene su número de serie borrado en el cañón con tres perforaciones, mismo método usado en las armas de Carrizal, y corresponde al mismo año y modelo, dijo la fiscalía.

El jefe de la zona Santiago Oeste de Carabineros, general Rodolfo Pacheco, afirmó que el arma "no pertenece a las FF.AA.".

Cayeron ventas legales

Pero las armas de guerra en manos de delincuentes son, afortunadamente, contadas excepciones. Lo que tienen, y en gran cantidad, son del tipo convencional.

De acuerdo a estadísticas oficiales, en marzo pasado en el país había 765.551 armas inscritas. Las cifras más conservadoras señalan que habría al menos una cantidad similar de las ilegales, aunque un ex director de las Dirección General de Movilización Nacional habló de hasta dos millones.

Tras la promulgación en 2008 del nuevo reglamento de la Ley de Armas (más estricto que el de 2005), las inscripciones bajaron a la mitad: de 12.227 el 2004 a 6.656 el año pasado.

"Ahora se vende el 50 % de lo que se vendía históricamente", afirma Ennio Mangiola, presidente de la Asociación Gremial de Armerías, Pesca y Camping de Chile (Agapech).

No obstante, los detenidos por delitos con armas de fuego se mantienen constantes. Según cifras policiales, del 2010 al 2012 hubo alrededor de 3.500 detenidos anuales. Del total de aprehendidos, casi la mitad (47,38 %) tiene menos de 22 años. De hecho, el 23 % son menores de edad.

Evitar que armamento llegue a manos de jóvenes es parte de los objetivos de las modificaciones a la Ley de Armas que impulsa el Gobierno (ver recuadro).

"El mayor problema que tenemos es entre los menores, y con las armas hechizas particularmente. Eso da cuenta de lo difícil que es conseguir un arma en estos días", señala el general Christian Fuenzalida, director de Seguridad Privada y Control de Armas .

Actualmente la policía uniformada, a través del departamento O.S. 11, tiene a su cargo la fiscalización y la entrega de permisos para compra, tenencia y porte de armas. Fuenzalida recalca que: "El foco hoy está puesto en la prevención. El tema de las armas en estos momentos tiene un referente de seguridad pública".

Trámites podrían desincentivar inscripciones

En las tiendas del rubro afirman que lo que desincentiva a inscribir un arma irregular (por ejemplo, que ha pasado de padres a hijos) son los trámites, que pueden llegar a costar $80 mil y que incluyen un examen psicológico.

Los armeros también reclaman porque hay una estricta fiscalización a quienes tienen armas inscritas. "Llega una camioneta, se instala frente a la casa, y todo el mundo se entera que ahí hay armas. Ha habido casos de gente que les han ido a revisar y que son robadas a los pocos días", afirma Mangiola.

En marzo se registró una inusual seguidilla de tres asaltos a armerías en pocos días, incluidos dos alunizajes, en pleno Paseo Bulnes. "Se llevaron unas 15 pistolas y escopetas, además de munición. La delincuencia viene a las armería, porque no les es fácil conseguir armas", afirma el dirigente gremial.

Fuenzalida cuestiona que la presencia policial sea tomada "como sinónimo de preocupación, y no de protección", aunque comparte que los robos a armerías son un hecho que no ocurría hace años.

A su juicio, refleja que "no hay armas y los controles son mucho más rigurosos".

Tráfico "puertas adentro"

Aunque a menudo se menciona al "tráfico hormiga" desde el extranjero, principalmente Argentina, como una vía de abastecimiento de armas ilegales, las autoridades afirman que no hay datos duros que confirmen esa sospecha, y destacan que existen rígidos controles fronterizos.

Félix Inostroza, jefe de la Unidad Especializada en Delitos Violentos de la Fiscalía Nacional dice que sí se han registrado casos de tráfico de armas al interior del país, por ejemplo simulando robos.

Otra forma de evadir la ley, debido a la mayor estrictez de requisitos para comprar armas, ha sido la utilización de "palos blancos": personas sin antecedentes que son contactadas para comprar armas, y entregarlas luego a terceros.

"Que una joven de 18 años venga a comprar dos pistolas Glock, que cuestan $600 mil cada una, es raro", dice Mangiola, quien asegura que los mismos armeros toman precauciones y dan aviso entre ellos o a las autoridades ante conductas sospechosas.

"Si cumple los requisitos, no tienes por qué negarle la inscripción, pero hay otros métodos para controlar. Carabineros tiene la facultad de revisar. Permites la compra, pero vas a fiscalizar y el día que esa arma no esté en la casa, ahí la puedes tomar presa", señala.

El representante de los vendedores también cuestiona que la policía niegue permisos a personas porque tienen parientes con antecedentes.

Pero el general Fuenzalida responde de inmediato: "Estamos aplicando al concepto de la idoneidad. Y hay gente que ha apelado, pero la Contraloría nos ha dado la razón", recalca.

El celo ha llegado también a cancelar permisos vigentes, en casos de personas que han sido condenadas.

Armas robadas y hechizas

Aunque es más difícil de rastrear, en las policías señalan que también existe circulación de armas dentro de los mismos círculos delictuales. Narcos -habitualmente los que más invierten en armamento- que venden a delincuentes comunes. Estos a su vez las reducen cuando necesitan dinero.

La policía ha detectado también robos de armas entre las mismas bandas, en quitadas de droga, o desde los autos en los que las dejan, por ejemplo, al ingresar a un local nocturno.

No obstante, Inostroza afirma que el tráfico ilícito "no es la regla general" en la forma de obtener armas.

Las principales vías, insisten también en Carabineros, son las armas legales robadas desde las casas de sus dueños, a guardias, o extraviadas. "El arma se usa para tener una falsa sensación de seguridad, y esa es la que cae en manos de delincuentes", afirma Fuenzalida.

El presidente de los armeros, en cambio, califica de "simplista" culpar a los robos a particulares de las armar que circulan entre delincuentes. Y plantea que es necesario transparentar también las armas que importan directamente las Fuerzas Armadas y de Orden, y lo que sucede cuando se reportan pérdidas o robos.

A ello se suma que pocos reportan las sustracciones o extravíos, lo que puede traer problemas a los legítimos propietarios si el arma es usada en un delito. El 2012 sólo 200 armas fueron informadas como extraviadas o sustraídas.

Hace unas semanas, Carabineros detuvo a dos sujetos por el asalto a un servicentro en Melipilla. En su poder se encontraron cuatro armas, tres de ellas inscritas a nombre de otras personas, pero que no estaban encargadas por robo.

Armerías en la mira

A las armas robadas les sigue el fenómeno de las armas hechizas, que por su fabricación artesanal son imposibles de fiscalizar. La única forma posible de control, dicen las autoridades, es evitar que sus portadores puedan acceder a municiones, porque usan la del tipo legal. Por eso se piensa en incrementar la vigilancia de las municiones en lugares como los clubes de tiro, o verificar el uso que se hace cuando se compran grandes cantidades.

El 2012 se incautaron por infracción a la ley de armas 1.844 armas de fabricación industrial y 405 armas hechizas.

Y los delincuentes requieren municiones.

De acuerdo a lo denunciado por un particular, en la armería 'Target' se habría usado el poder de un cliente que había adquirido una escopeta, para adquirir munición a su nombre. El afectado se dio cuenta cuando intentó comprar por su cuenta, y se le informó que su cupo permitido por ley -3.000 tiros- ya estaba utilizado.

Por tratarse de la eventual adulteración de un documento público, la persona hizo la denuncia respectiva y, en paralelo, la autoridad fiscalizadora de Carabineros inició un proceso, suspendiendo las actividades comerciales de la empresa durante 20 días.

Otros dos procesos similares contra armerías suspendidas en la capital se abrieron este año, una de ellas luego que una empresa de buses detectara que se estaban enviando por encomienda dos cajas de munición 9 mm, de 50 unidades cada una, a la ciudad de Iquique.