La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió abrir un sumario administrativo en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, tras la controversia surgida entre una jueza de esa repartición y un fiscal del Ministerio Público, por una solicitud de interceptaciones de teléfonos celulares en el marco de un simulacro de secuestro que involucra a la embajada de Israel.

Los hechos se remontan al 28 de noviembre pasado, cuando -de acuerdo a lo que ha trascendido- la jueza Carolina Canales recibió una solicitud oral del fiscal adjunto de la zona oriente Anatole Larrabeiti , para autorizar medidas intrusivas, entre ellas interceptación telefónica a celulares vinculados a personal de esa legación. Todo, en el marco del presunto secuestro de la esposa del jefe de seguridad de la embajada, luego de dejar a sus hijos en el colegio.

La solicitud -de la que luego se dejó una constancia escrita- incluía además rastrear la ubicación del móvil de la supuesta víctima y la posible utilización de su tarjeta de crédito, además de pedir información a las autopistas concesionadas de su vehículo. También se mencionaba que se había solicitado un equipo del OS-9 de Carabineros.

Aquí es donde surgen las discrepancias entre las partes. De acuerdo a la jueza, semanas después de haber entregado la autorización se le informó, también vía oral, que en realidad se trataba de un "simulacro". El fiscal, en cambio, asegura que desde el principio se informó que se trataba de un ejercicio.

Simulacro se realizó

De acuerdo a un informe enviado por el fiscal nacional Sabas Chahuán y que ayer fue analizado por el pleno de la Corte de Apelaciones, se realizó el mencionado simulacro, pero no se llegó a ejecutar ningún tipo de medidas intrusivas. Asimismo, se insiste en que el fiscal siempre advirtió el carácter de "simulacro" que tenía el procedimiento.

Ante la diferencia de versiones, el pleno del tribunal de alzada decidió abrir una investigación interna en el juzgado, solicitando en primer término un informe sobre los hechos.

Según una alta fuente del tribunal de alzada, el sumario, que quedará a cargo de un fiscal judicial, deberá aclarar si la magistrada Canales citó a una audiencia para decretar las medidas intrusivas o sólo dio las instrucciones a través de una llamada telefónica con el fiscal.

De acuerdo a documentos a los que tuvo acceso 'La Segunda', a fines de enero la abogado asesor y administradora de la Fiscalía de Delitos Flagrantes zona oriente, Pamela Cisternas, emitió un certificado solicitando "eliminar del sistema del poder judicial el RIT de la causa", tras referirse al "simulacro de secuestro de un funcionario" de la embajada.

"Es a raíz de esta situación que me enteré que se había tratado de un simulacro (...) En ningún momento salvo a la fecha señalada tuve conocimiento de que se trataba" señaló la jueza.

Esta mañana el fiscal Alberto Ayala, jefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente , dijo desconocer el contenido del oficio enviado por la Fiscalía Nacional a la Corte de Apelaciones.

Sin embargo, aseguró que la jueza estaba al tanto de lo que estaba trabajando el fiscal Larrabeiti con las policías. Pese a ello, evitó comentar el tema de fondo y agregó: "Esto es algo interno que debe resolver el Poder Judicial".

Diversas fuentes vinculadas al caso confirmaron a 'La Segunda' que el "ejercicio" se realizó, "en coordinación" entre la fiscalía y la embajada, pero no ofrecieron detalles sobre el motivo por el que se efectúa un simulacro de esta naturaleza, o si este tipo de medidas de seguridad son habituales.

No fue posible obtener una versión sobre el caso desde la Fiscalía nacional.