Una serie de informes contables solicitaron los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena -quienes investigan el caso de las acreditaciones irregulares de las universidades y el lucro en la educación-, a la casa matriz de la Universidad San Sebastián (USS) en Concepción.

Ello, luego de que el ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Patricio Basso, denunciara que en diciembre de 2011 esa casa de estudios habría adquirido por $21.344 millones la inmobiliaria sociedad Inversiones Laguna Blanca Dos S.A. que pertenecía a los mismos controladores del plantel, cuando su valor patrimonial era de $4.206 millones.

Según el denunciante, la empresa era la dueña de los inmuebles que la USS arrendaba para funcionar en diversas ciudades del país.

Revisión de 2008 a 2012

Entre los informes solicitados -pericias pedidas hace unas tres semanas desde la Fiscalía Metropolitana Oriente, a través del equipo especial que creó la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI- están los libros legales del plantel, las remuneraciones y todas las compras efectuadas entre 2008 y 2012 .

Además, se le pidió a la institución que entregara todos los datos sobre los miembros de la corporación educacional y de la junta directiva. Asimismo, se requirió el detalle de los contratos de arriendo realizados por el plantel en el mismo período.

Todo esto, detallaron fuentes de la investigación, para establecer si existe efectivamente alguna diferencia entre lo pagado por la inmobiliaria y el valor patrimonial que ésta tenía, y de ser así, a qué responde.

Investigación del CDE

Pero esta no es la única investigación que se estaría llevando a cabo en torno al plantel.

Según trascendió, desde hace unas semanas la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) indagan a la casa de estudios por el delito presunto de cohecho.

El caso estaría a cargo de la fiscal Macarena Cañas y el abogado del CDE, Diego Acuña, quienes investigan si existió un pago irregular para que el ex director de obras de la Municipalidad de Recoleta, Carlos Reyes Villalobos, entregara un terreno en comodato para la construcción de un estacionamiento subterráneo en el Barrio Bellavista.

La indagatoria, que aún no está judicializada ni formalizada, es una arista que nació del trabajo realizado por la misma fiscal en otro caso, en el que la empresa de pinturas Ceresita pagó una coima de más de $20 millones a Reyes para obtener autorización para funcionar falsamente como bodega en un lugar prohibido por el plan regulador.

A raíz de esto, la compañía fue formalizada por cohecho según lo establece la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Sin embargo, llegó a un acuerdo reparatorio por US$ 2,5 millones, tras conseguir que el Ministerio Público solicitara la suspensión condicional del procedimiento.

Consultadas las autoridades de la universidad, se informó que hasta el cierre de esta edición el plantel no tenía información respecto al caso.