Se trata de cinco funcionarios de la casa consistorial y de la hija del actual alcalde de esa comuna quienes están imputados de falsear sus datos para obtener viviendas sociales.
Para el 12 julio próximo quedó fijada la audiencia de formalización en contra de cinco funcionarios de la Municipalidad de Alto Hospicio y la hija del actual alcalde de la comuna, Ramón Galleguillos, quienes serán imputados por los delitos de fraude de subvenciones y falsificación de instrumento público.
Se trata de Carlos Álvarez Olivarez, encargado de la ficha de protección social; Alejandra Lobo Gonzalez, periodista; Eduardo López Parraguez, quien hasta el 2010 fue camarógrafo del municipio, Vanessa Menéndes Menéndes, directora de Dideco; Aileen Salfere Garrido, secretaria de servicios traspasados de salud y educación; y Eliett Galleguillos Rivera, hija del alcalde. Todos son investigados por la Fiscalía de Tarapacá porque habrían falseado sus datos de la ficha de protección social para obtener una vivienda mediante subsidio.
Según la denuncia que recibió el ente persecutor, las casas, que están destinadas a familias en situación de vulnerabilidad, serían arrendadas por los propietarios, situación que no está permitida por ley.
La audiencia fue solicitada por la Fiscalía, según se confirmó desde el mismo organismo, y fue fechada por el Juzgado de Garantía de Iquique para el viernes 12 de julio a las 08.30 horas.
La denuncia la realizó el diputado por la zona, Hugo Gutiérrez (PC) quien es parte querellante en la causa.
Para el parlamentario, la audiencia de formalización "viene a ratificar todo lo que dije en su oportunidad de que había instalada en el seno del municipio una corrupción descarada que impedía que los pobres recibieran sus viviendas para que fuesen adjudicadas por funcionarios que no tenían necesidad".
Y agregó que la "investigación está avanzada, los antecedentes son demostrativos de los ilícitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público".
Tema no menor para el diputado que este miércoles, señaló, debe enfrentar una audiencia de desafuero, en la Corte de Apelaciones de Iquique, por haber denunciado estos hechos.
