Legislación que establece la responsabilidad penal a "personas jurídicas" rige en el país desde 2009. Persigue delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho. Ya hubo un caso en que la empresa llegó a acuerdo reparatorio: pagará US$ 2,5 millones.
En la formalización de ayer estuvo presente el rector de la U. del Mar, Patricio Galleguillos.
A raíz de ello comenzó a funcionar en 2009 la ley que establece en Chile la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho.
Se trata de la misma norma que ayer fue utilizada por los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena -de la Fiscalía Metropolitana Oriente- para formalizar por cohecho a las universidades Del Mar, Pedro de Valdivia e Internacional SEK.
Así lo informó esta mañana una de las fuentes que indaga el pago de coimas para que las tres casas de estudios obtuvieran el reconocimiento de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), entidad que era dirigida por Luis Eugenio Díaz, quien habría recibido más de $97 millones para entregar las acreditaciones y que hoy permanece con arresto domiciliario total.
Los numerosos requisitos para formalizar
La ley no es fácil de aplicar, ya que requiere de varios requisitos previos para ponerla en funcionamiento, de hecho son pocos los casos registrado hasta la fecha en el país.
Por ejemplo, es necesario que previamente a la imputación de cargos a la persona jurídica, directivos o administradores de la misma entidad sean formalizados como personas naturales por los delitos de cohecho o soborno. También se exige que las acciones realizadas por los imputados vayan en directo beneficio de la institución, y que las personas jurídicas tengan implementados modelos de organización suficientes para prevenir los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho.
Y aunque tras la formalización de cargos realizada ayer a las universidades no se establecen restricciones financieras ni administrativas, de efectuarse un juicio, todas arriesgan multas que pueden llegar hasta las 10 mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM), además de la pérdida de beneficios fiscales y la prohibición de celebrar contratos con el Estado.
"La clausura de alguna de estas universidades podría darse sólo en el caso de lavado de dinero", explican, escenario que deberá esclarecerse una vez que los tribunales dicten sentencia. Por lo pronto, se extendió en 60 días el plazo de investigación.
En otros casos llegaron a acuerdo previo
Sin embargo también existe la posibilidad de que todo el proceso quede stand by .
Ello porque la ley permite que las universidades imputadas puedan llegar a un acuerdo conciliatorio con la fiscalía y optar por una suspensión condicional del procedimiento o reconocer que cometieron un delito, acordar un juicio abreviado y establecer un monto a pagar.
Esta opción fue tomada hace un par de semanas por la empresa Ceresita, que también enfrentó una formalización bajo esta ley.
Según estableció una investigación encabezada por la fiscal Macarena Cañas -de la Fiscalía Centro Norte-, la empresa pagó más de $20 millones al ex director de Obras de la Municipalidad de Recoleta para operar en una zona donde estaba prohibido.
La compañía optó por llegar a un acuerdo con el Ministerio Público, comprometiéndose a pagar más de 2,5 millones de dólares, los que se traducirán en la construcción de parques e infraestructura para la comuna.
"Hasta el momento ese era el único caso que se había registrado en la Región Metropolitana. Hay otros menores en regiones, pero éste (el de las universidades) es el más importante que ha habido desde que comenzó a regir la ley", señalaron desde el Ministerio Público.
Según fuentes del caso, hasta la fecha ningún representante de las universidades formalizadas se ha acercado oficialmente para buscar acuerdos reparatorios, pero no se descarta que lo hagan en las próximas semanas.
