El Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó a la Superintendencia de Valores y Seguros un informe para conocer en detalle si los dueños o directivos de los planteles de educación superior -algunos de los cuales están siendo investigados por la justicia por eventuales irregularidades en sus procesos de acreditación- tomaron las medidas de prevención de delitos (económicos) que establece la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas.

Con esto se busca establecer si esas casas de estudios aplicaron los resguardos que dicta la legislación, creando gobiernos corporativos para evitar que los ejecutivos (rectores), controladores o empleados, sobornen a algún funcionario público beneficiando a la propia empresa. De esta manera, se busca determinar responsabilidades institucionales, además de las personales.

Ello, tras el escándalo por las coimas que habría recibido el ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Luis Eugenio Díaz, para intervenir en la entrega de acreditaciones a algunas casas de estudios y centros de formación técnica, lo que garantiza al plantel recibir dineros fiscales a través del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Según el CDE, hubo un mal uso de al menos $4 mil millones de pesos por este concepto.

Los resultados de estos informes serán claves para que los fiscales del caso -Carlos Gajardo y Pablo Norambuena- formalicen, dentro de las próximas semanas, a personeros de las universidades Del Mar, Internacional SEK y Pedro de Valdivia.

No obstante, también se solicitaron informes sobre las universidades UNIACC, Bernardo O'Higgins, Andrés Bello, Gabriela Mistral, Autónoma de Chile, Las Américas y los centros de formación técnica Simón Bolívar, INCACEA, AIEP, Escuela Moderna de Música, Instituto Profesional Arcos y ESUCOMEX .

De concretarse la formalización, las universidades arriesgan desde multas -que podrían ser de $800.000.000- hasta la disolución de la personalidad jurídica, además de la pérdida de beneficios fiscales.

Tras la formalización de Luis Eugenio Díaz y el ex rector de la Universidad SEK, José Schröder, por delitos tributarios, el abogado del CDE, Rodrigo Reyes, adelantó: "Estimamos que existe responsabilidad de parte de las empresas, personas jurídicas, universidades que participaron o universidades cuyos rectores, directores, ejecutivos, dueños o controladores, participaron de alguna manera en los sobornos a funcionarios públicos".