En los últimos meses, las máximas autoridades de once universidades privadas han acudido con sus abogados al cuarto piso del cuartel Borgoño de la PDI, donde opera la Brigada de Delitos Económicos (Bridec). Han debido detallar quiénes son los controladores y cuáles han sido sus movimientos financieros en los últimos siete años.

De forma sigilosa, aunque persistente, ha ido avanzando la investigación penal por la denuncia por lucro en la educación superior. A cargo de estas pesquisas están los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, de la Fiscalía Oriente.

Según la denuncia presentada por los parlamentarios -que nació de las conclusiones que la comisión investigadora que la Cámara no aprobó-, "la mayoría de las universidades privadas vulneran la ley (prohibición de lucrar) retirando sus excedentes mediante sociedades espejos de inversión, sociedades coligadas o empresas inmobiliarias que prestan servicios educacionales o arriendan las propiedades a las universidades. No reinvierten sus recursos para mejorar la calidad de las instituciones, sino que todo excedente generado es una ganancia económica que termina en manos de los dueños de las universidades, institutos profesionales o centros de formación técnica".

Autoridades ya han declarado

Siete fueron las universidades que estaban en la mira del informe presentado por la Comisión Investigadora: Las Américas, Andrés Bello, Viña del Mar (grupo Laureate), Santo Tomás, Del Mar, Uniacc y del Desarrollo. Sin embargo, por otros informes que han llegado a manos de los detectives y del fiscal, se sumaron las universidades Autónoma, Pedro de Valdivia, Central y Universidad San Sebastián.

Los detectives de la Bridec que están "de cabeza" en esta indagación han acudido a las casas de estudio para requerir los contratos de arriendo y las operaciones de venta y compra de inmuebles. Los policías además les han pedido que entreguen la información contable y nombres de los dueños de las empresas relacionadas y las sociedades espejos.

Según confirmaron a "La Segunda" fuentes de la indagación, ya han declarado Hernán Büchi y Federico Valdés, por la UDD. Por el grupo Laureate dio su testimonio Jorge Selume y por la U. Autónoma, Teodoro Ribera Beneit (padre del ex ministro de Justicia). Por la Santo Tomás fue hasta las dependencias de la Bridec el rector Jaime Vatter, mientras que por la U. Pedro de Valdivia, Angel Maulén.

Respecto de la U. del Mar, tuvieron que declarar Héctor Zúñiga y los otros tres controladores. También han sido citadas las autoridades de la Uniacc.

En una jugada estratégica, Gajardo decidió separar la investigación y abrir una causa por cada universidad. De esta forma, se protege la información que cada casa de estudios aporta a la investigación (algunas de ellas compiten por el mismo nicho de alumnos), y así sólo él tiene el panorama completo de la indagación.

PDI creó equipo especializado con 7 detectives

La Bridec creó un equipo especializado. Se trata de siete detectives, liderados por el subcomisario Pietro Hernández, quienes, además de policías, son contadores auditores o ingenieros comerciales.

Para establecer la operatividad económica de las universidades han recopilado información de los directivos, además de personal administrativo y de finanzas. También han acudido a diversos organismos públicos para rastrear los registros de sociedades y las constancias de venta y arriendo de inmuebles.

Aunque en un principio se quiso abarcar toda la información generada desde 2005 (fecha cuando comenzó la Reforma Procesal Penal en la Región Metropolitana), se dieron cuenta de que el volumen de datos era prácticamente inmanejable. Por ejemplo: Sólo para procesar la información del grupo Laureate se necesitarían 3.400 horas hombre.

Ante este escenario, los policías decidieron concentrar la búsqueda en períodos específicos de tiempo.

Si bien el grueso de la indagación se encuentra en estado de análisis de datos, ya han aparecido antecedentes que al menos llaman la atención de los expertos.

En la sede de Punta Arenas de la U. del Mar, la sociedad Valparenas (Héctor Zúñiga y su sobrino controlaban el 50%) arrendaba un inmueble a la Cruz Roja por $2,5 millones mensuales. Luego, la sociedad subarrendaba el edificio a la casa de estudios por $8 millones.

Respecto de la U. Viña del Mar, están en la mira algunos cursos que se convalidarían con universidades extranjeras, y en la U. Pedro de Valdivia se analiza un convenio con un instituto de inglés.

Entre los documentos que también están a mano de los fiscales se cuenta un oficio de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) enviado al Ministerio de Educación, que constató traspasos por $5.507 millones desde la Uniacc a una sociedad relacionada con la universidad: el Instituto Superior de Artes y Ciencias S.A. (Isacc).

Respecto de la Universidad Santo Tomás, la CNA constató un millonario préstamo a la empresa relacionada Sociedad Inmobiliaria Rádices S.A. De hecho, ayer se conocieron nuevos antecedentes relacionados en este caso, donde el año pasado, el Mineduc -tras realizar una investigación con un experto asesor- descartó que existiera lucro tras los hechos denunciados por el ex presidente de la CNA Patricio Basso. Sin embargo, ese mismo experto dijo ayer al Portal Ciper que los préstamos (por más de $ 13.000 millones), sin intereses ni reajustes, a empresas relacionadas, "sí provocaron daño patrimonial a las utilidades de la UST".

El Ministerio Público envió los datos de las operaciones de la Uniacc y la UST al Servicio de Impuestos Internos (SII) para que determine si hay alguna irregularidad o eventual delito.

También se indicó en fuentes de la causa que en la Universidad Central estaría prácticamente descartado el lucro, pues los inmuebles pertenecen a los propios académicos.

Nuevas indagaciones contra U. del Mar

Fuentes de la causa indicaron que la Fiscalía y los detectives, además de indagar la "causa madre" del lucro, llevan en paralelo tres causas relacionadas con la U. del Mar: Una denuncia por estafa, en la cual se acusa a la casa de estudios de ofrecer convenios inexistentes para hacer prácticas, el no pago de sueldos a profesores y, finalmente, existe una indagación en la sede Reñaca por la supuesta alteración de parte de un directivo de los estados financieros. Se cree que habría realizado contratos falsos para retirar dinero.