Los pagos fueron hechos a la empresa de Luis Eugenio Díaz y su cónyuge... quien luego hacía depósitos en fondos mutuos sin tener inicio de actividades. A cambio el ex presidente de la CNA reveló información privilegiada, tomó contacto indebido con algunos rectores y ejerció su influencia ante sus pares para favorecer a ciertos planteles.
En los próximos días se deberán ver las prisiones de los tres imputados.
A cambio, Díaz reveló información privilegiada a esas instituciones, tomó contacto indebido con algunos rectores y ejerció su influencia ante sus pares para favorecer a ciertos planteles.
Ese es parte del modus operandi que los fiscales a cargo de la causa, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, describen en la apelación que presentaron ayer ante el Octavo Juzgado de Garantía con el fin de que los tres imputados la causa (Díaz y los ex rectores de la U. del Mar, Héctor Zúñiga, y de la U. Pedro de Valdivia, Angel Maulén) cumplan prisión preventiva luego de haber sido formalizados por soborno, cohecho y lavado de activos.
Revisó anticipadamente los informes
El documento -al que accedió "La Segunda"- indica que Díaz "aprovechándose de su posición y funciones públicas" dentro de la CNA "se concertó" con los entonces rectores de las universidades del Mar y Pedro de Valdivia, además de "directivos de la Universidad Internacional SEK", a partir del segundo semestre del 2010 para "colaborar indebidamente con ellos en los respectivos procesos de acreditación institucional de los años 2010, 2011 y 2012 (...) a cambio de pagos por dicha labor ilícita y de beneficios económicos a favor de terceros por parte de los imputados Maulén Ríos y Zúñiga Salinas".
En el escrito los fiscales detallaron algunas "infracciones" cometidas por Díaz. Por ejemplo, "influyó en la designación" de pares evaluadores y relator del proceso de acreditación (de las universidades) ante la comisión de acreditación y "ejerció influencias indebidas en miembros de la Comisión para favorecer a las instituciones" en las que él tenía interés. También "tomó contacto indebido con rectores de universidades que se encontraban en proceso de acreditación; les reveló información reservada y remitió documentación interna de la comisión relativa a los respectivos procesos de acreditación. Y, además, " revisó anticipadamente los informes de autoevaluación y otros documentos que debían ser elaborados por las universidades en proceso de acreditación".
"Contratos simulados"
Según los fiscales, Díaz y Zúñiga firmaron contratos de asesorías para "encubrir la verdadera finalidad y naturaleza de los pagos, que no era otra que proveer un pago para favorecer indebidamente la acreditación de la Universidad del Mar". Estos contratos (que no fueron informados a la CNA, como lo exige la ley) se firmaron el 20 de enero de 2011 entre la casa de estudios y la empresa Sociedad Gestión Ltda., representada por Díaz.
En paralelo, dicen los fiscales, con Angel Maulén Díaz acordaron el pago de $50 millones, pero las asesorías nunca se habrían realizado y tampoco fueron informadas a la CNA.
Asimismo, se señala que los pagos hechos por Maulén fueron realizados a la misma empresa de Díaz, pero "esas boletas son ideológicamente falsas. Toda vez que corresponden a pagos por infringir deberes del cargo y son ingresos personales del imputado".
La empresa de Díaz fue conformada con su esposa y posteriormente dos de sus hijas entraron a la sociedad. Según los fiscales, esta firma "sirvió como fachada para justificar retiros de dinero nominales, que en realidad era depositados en depósitos a plazo y fondos mutuos a nombre de la cónyuge de Díaz en el Banco de Crédito e Inversiones (BCI)".
Y según Impuestos Internos, durante 2011 la esposa de Díaz invirtió $20 millones en fondos mutuos, pese a que no registra iniciación de actividades.
Respecto a la UPV, dicen los fiscales, cuatro boletas fueron emitidas por el preuniversitario, "con el fin de encubrir el origen ilícito de los fondos".
Abogados adelantan argumentos de la defensaUtilizando argumentos que van desde la "colaboración eficaz" que han tenido los imputado hasta sostener que la Fiscalía Oriente ha "utilizado" la figura de lavado de dinero para impresionar a los magistrados, los abogados defensores de los tres imputados en el caso pedirán en los próximos días a la Corte de Apelaciones que se mantenga la libertad de sus representados.
El representante del ex rector de la U. del Mar (Héctor Zúñiga), Juan Carlos Manríquez, señaló que se pondrá énfasis que en julio el académico accedió voluntariamente a que la fiscalía se llevara sus dos computadores personales, entregándoles incluso las contraseñas de sus correos y acceso a sus cuentas bancarias. Y agregó que Zúñiga declaró por dos días seguidos de forma voluntaria, lo que demuestra que su libertad en ningún momento pone en riesgo la investigación.
Además, dijo, no corresponde invocar el delito de lavado de activos: "La fiscalía sólo lo ha hecho para impresionar a los magistrados y a la opinión pública, y para decretar el secreto de la investigación".
En tanto, Gabriel Zaliasnik, representante del ex rector de la U. Pedro de Valdivia, Angel Maulén, adelantó que no existen los delitos "en los términos planteados por la fiscalía" y que por eso mismo no es necesaria una medida cautelar de más gravedad.
