Un lapidario informe sobre el funcionamiento de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) -organismo autónomo encargado de certificar la calidad de las carreras y planteles de educación superior en el país- dio a conocer hoy la Contraloría General de República, a pocas horas que la Fiscalía Oriente formalizara al ex presidente de ese organismo, Luis Eugenio Díaz, por cohecho, soborno y lavado de dinero en medio del escándalo de pagos por acreditaciones (ver nota página 4).

La auditoría -cuyo informe final consta de 50 páginas- advierte que esa institución no cuenta con manuales de procedimientos internos, que se comprobaron "acreditaciones extendidas" en magíster y doctorados (es decir que se ampliaba mediante un procedimiento administrativo el plazo de vigencia de la acreditación de esos programas), que a los comisionados del período 2007-2010 les entregaron regalos de despedida por 382 millones, y que no hace seguimiento de las acreditaciones realizadas.

También señala que los propios miembros de la comisión mostraron su preocupación "porque existen constancia que en varias ocasiones las decisiones adoptadas son conocidas por los afectados antes que se efectúe la comunicación oficial". Incluso, dijeron, personas externas a la comisión conocían en ocasiones la forma en que los comisionados habían votado individualmente en los procesos de acreditación.

Acreditación "extendida"

Respecto de las acreditaciones de programas de magíster y doctorados, advierte que en abril de 2009 la Comisión creó una modalidad de acreditación (para los que debían renovar esta calidad) " que omite el proceso de evaluación ". Es decir, ellos podían seguir con la calidad de "acreditados siempre y cuando la institución ingresara la solicitud de renovación antes del vencimiento del período de acreditación. Se determinó la existencia de 31 contratos de este tipo "que se mantienen en calidad de acreditados sin que hayan sido sometidos al trámite previo de evaluación", dice la auditoría.

Y agrega que el procedimiento -llamado "acreditación extendida"- " no permite resguardar la calidad de los programas de educación superior, puesto que continúan como acreditados programas que en la práctica no han sido evaluados ".

Asimismo analizó los 34 contratos que hay entre la CNA y los planteles en esta materia, determinando que el organismo "no ha efectuado los mencionados procesos de evaluación a fin de conceder la calidad de institución acreditada, sin embargo, ha recibido los pagos por tales funciones ".

No hay manuales internos

La revisión comprobó que la CNA no cuenta con manuales de procedimientos internos relativos a la acreditación institucional (pregrado y postgrado) "situación que no se ajusta al principio de transparencia institucional e incrementa la exposición al riesgo, lo cual afecta su estructura de control interno, además de sus objetivos".

Advierte que por ejemplo la Unidad de Auditoría Externa aparece en su sitio, pero "en la práctica, no existe"; que la Comisión "no ha efectuado controles deliberados o seguimiento a las acreditaciones realizadas" tanto por ellos como por las agencias acreditadoras.

También señala los conflictos interés ya que algunos de los integrantes de la CNA son representantes de las propias entidades involucradas en los procesos de acreditación (Consejo de Rectores, universidades privadas, agencias acreditadoras) y que en algunos casos los comisionados asisten únicamente a la constitución de las reuniones, desvinculándose de todos los acuerdos posteriores que se sancionan, cobrando de manera íntegra su dieta.

También señala la auditoria que existen algunas entidades que publican en sus páginas web información incompleta relativa a los distintos procesos de acreditación. Menciona al Instituto Profesional Diego Portales, la Académica Politécnica Militar, el CFT Iprocec, la U. San Sebastián, la U. La República y la Uniacc.

 Conflictos de interés de agencias acreditadoras

En su informe, la Contraloría también menciona potenciales conflictos de interés porque "existen vínculos entre las agencias acreditadoras dadas por los miembros del directorio o quienes conforman dichas sociedades, y las instituciones que imparten la educación".

Según la Contraloría, esto "adquiere importancia porque la CNA carece de un reglamento que regule los conflictos de interés en relación a las agencias y sus miembros, no obstante estar dotada de potestades".

A modo de ejemplo, se cita a la Agencia Acreditadora de Arquitectura, Arte y Diseño, constituida por el Colegio de Arquitectos y la Asociación de Facultades y Escuelas de Arquitectura. "Las oficinas de la referida agencia están dentro del Colegio de Arquitectos", dice.

Menciona a la Agencia Acreditadora de Chile, cuyos socios son Oscar Garrido, dueño de la empresa Administración Universitaria, "cuyos socios son Gilbert Langdon, vicerrector de la Universidad Autónoma y miembro del directorio INCACEA, y Jaime Medina, que forma parte de la Sociedad Educacional Valle Central". También forma esta sociedad Sergio Thiers, "vicerrector de la Universidad Autónoma, y dueño de CENET", y Pablo Baraona, "fundador de la U. Finis Terrae, traspasada a Los Legionarios de Cristo".

Las advertencias de las minutas financieras de la Santo Tomás, U. de Viña y Esucomex

En la auditoría se destaca el planteamiento del jefe de Educación Superior del Ministerio de Educación, Juan José Ugarte, de objetar (en la forma y en el fondo) la inclusión al proceso final de las acreditaciones, una "minuta financiera" elaborada por el secretario ejecutivo de la comisión, ya que ésta no era conocida previamente por los planteles correspondientes ni realizada por un tercero especializado en la materia, lo que podría vulnerar garantías de un debido proceso.

Luego, por acuerdo interno se determinó pedir al departamento jurídico elaborar un informe que determinara los principios que debían cumplir esas minutas.

El informe, luego de advertir que el resguardo financiero de una institución es "un factor crítico a evaluar" en la gestión institucional porque "sin tales análisis podrían acreditarse instituciones que no permitan garantizar la generación o continuidad de una educación de calidad", advierte la situación de algunos planteles:

- U. Santo Tomás : Señala que la minuta dice que "los saldos por cobrar y pagar a empresas relacionadas no están sujetos a reajustes ni intereses, situación que en la práctica correspondería a una transferencia patrimonial de dicha universidad para con sus empresas relacionadas (...) significa un lucro para éstas en desmedro de la universidad". "Esa universidad presenta una contingencia financiera de magnitud no revelada en los estados financieros, toda vez que se ha constituido en aval y/o fiador y/o codeudor solidario como sociedad relacionada, al menos en 5 proyectos de la Sociedad Inmobiliaria Radices S.A. Esa situación, atendido los montos involucrados, ante una eventual cesación de pagos de dicha inmobiliaria significaría un impredecible daño de la posición económica y financiera de la universidad".

- U. Viña del Mar : La minuta indica que resulta "preocupante" la alta concentración de deuda relacionada con Laureate Education Inc, ascendente a MM$3.704, monto superior a su patrimonio que totaliza MM$ 3.444.

-Esucomex : La minuta consigna que del análisis efectuado es posible afirmar que esa institución presenta un problema de liquidez, originado por el pago por adelantado de arriendos a una persona vinculada a la empresa.