Presiones para modificar las metas institucionales del Ministerio Público -las que podrían influir en los bonos económicos por gestión y en la imagen interna de esta repartición- denunció el 26 de octubre una funcionaria de la División de Estudios de Evaluación de la Fiscalía Nacional ante los tribunales laborales, acusando un supuesto hostigamiento por su rechazo a ablandar el sistema que anualmente fija internamente objetivos medibles a las fiscalías del país.

Aunque no son públicas, las metas del Ministerio Público inciden en la imagen interna de cada fiscalía, y según la denuncia, se relaciona con el convenio de desarrollo institucional entre esta entidad y el ministerio de Hacienda. Evalúan, por ejemplo, los tiempos de atención a usuarios; la comunicación a víctimas de los archivos y días tope para cerrar casos.

Cambios porque "no les sería posible cumplir"

La demanda la presentó el 26 de octubre Lugarda Andrade Vera , ingeniera comercial que ingresó por concurso público en 2009 a la División de Estudios y Evaluación de la Fiscalía Nacional. La misma que hasta hace poco era gerenciada por Sergio Lillo Montero (quien salió en septiembre de la entidad, en el marco de la reestructuración ordenada por el fiscal nacional, Sabas Chahuán).

Allí asesoraba en las propuestas de metas de gestión, monitoreaba sus cumplimientos, y coordinaba el sistema de control de gestión comprometido con el Ministerio de Hacienda.

Según la demanda, a mediados de 2011 "algunas fiscalías regionales -como la Centro-Norte, la Occidente y la Sur- constataron que no les sería posible cumplir con ciertas metas" para ese año. Y "empezaron a canalizar peticiones en cuanto a ajustar de manera especial para ellas ciertos criterios de medición", con miras a mostrar así "un resultado positivo".

En la división se analizaron las peticiones. Se concluyó "que no era pertinente hacer excepciones puntuales con la finalidad que ciertas fiscalías regionales mostraran como cumplidas de manera artificial determinadas metas, ya que con ello se afectaría la credibilidad tanto interna como externa".

Agrega que ella y su jefe Lillo consideraron que "la información relativa al resultado de las metas es entregada a la Dirección General de Presupuestos, en el contexto del denominado convenio de desarrollo institucional que se suscribe año a año" con Hacienda.

La orden: "Que aplicáramos las excepciones"

Pero la negativa a los cambios dio paso -según su relato- a que la Fiscalía Centro-Norte acudiera al director ejecutivo nacional, Pedro Bueno, quien en abril de 2011 "nos ordenó que aplicáramos sin más las excepciones solicitadas". Tras expresar "enérgicos reparos", lo hicieron.

¿Qué ajustes? "No se midió cada fiscalía (...).Por el contrario, se agruparon fiscalías para ocultar ineficiencias locales"; además, "se les aceptó que dicha fiscalía definiera las bases de datos para aplicar la encuesta de satisfacción de usuarios", test que además se aplazó; y, por último, "se le permite modificar, en conocimiento y el apoyo de la División de Informática, datos de Sistema de Apoyo a los Fiscales (SAF), lo que impactó en una mejora sustancial los resultados de la meta regional".

"Fiscal nacional no quería más problemas con regiones"

El relato continúa. En enero 2012 debían comunicarse las nuevas metas, pero se entregó un texto para que los fiscales regionales hicieran ajustes: En marzo se materializaron estos cambios... pese a que, como denuncia la funcionaria, la División de Estudios no estuvo de acuerdo.

"Le indicamos (a Pedro Bueno) que no había ningún fundamento técnico para acoger las observaciones... Es del caso señalar que las referidas metas han sido modificadas en el mes de marzo y julio, ante las reiteradas presiones de regiones a la autoridad.", dice el texto de la demanda.

Además de esas modificaciones, nuevamente se aceptó una excepción para la Fiscalía Centro-Norte: Agrupar las siete fiscales en sólo dos grandes grupos, (...) "de forma tal que permitiera mostrar un mejor desempeño global".

Aunque la División de Estudios se oponía -según Andrade-, el 7 de mayo se reunió, entre otros, Sabas Chahuán y Andrés Montes (fiscal regional centro-norte): "Bueno nos instruyó que arregláramos de inmediato este impasse, ya que el señor fiscal nacional no quería más problemas con las regiones".

"Se me mantiene aislada y sin trabajo concreto"

Según su queja, estas situaciones se tradujeron en "hostigamiento, aislamiento, presiones y, en definitiva, desprecio y desprestigio a mi trabajo".

Tras problemas de salud que la obligaron a tomar licencia en julio, al volver a sus tareas fue alejada de sus labores habituales: "Se me mantiene aislada en una oficina y sin ningún trabajo concreto", señala en el texto en que acusa acoso laboral.

 Ministerio Público: "Son correcciones" hechas con criterio técnico

La vocera del Ministerio Público, Marta Herrera , rechaza tajantemente que se hubiesen cambiado metas institucionales, sino que se trata de correcciones propias de todo proceso de evaluación.

Explica que anualmente desde la Fiscalía Nacional se definen los parámetros que se evaluarán, en coordinación con los técnicos de las 18 fiscalías regionales: "Siempre queda definido que habrá elementos de corrección que quedarán sujetos a consideraciones técnicas : Hay alguna flexibilidad dentro de cada fiscalía regional, ciertas posibilidades de ponderación para efecto de cumplimiento de metas anuales".

Herrera enfatiza que la Fiscalía Nacional tiene acceso a todas las cifras locales, por lo que descarta cualquier tipo de ocultamiento del desempeño de alguna unidad.

-¿Es verdad que el jefe de la funcionaria y ella recomendaron no modificar?

-Lo desconocemos... Esas correcciones fuero informadas directamente al gerente de la época (Sergio Lillo) y a ésta profesional que lo apoyaba.

La vocera negó cualquier acoso a la funcionaria, pero reconoció que por excesivas ausencias laborales, hay muchas labores que no pueden esperar y debieron ser delegadas: "En lo demás, esta absolutamente normal, trabajando".

Finalmente, enfatizó que la ciudadanía debe tener "total confianza" en las cifras de la institución, pues es peligroso cuestionar la credibilidad por lo que diga uno de los cuatro mil funcionarios que tienen.