"Hay pocos proveedores y pocos compradores".

Así describe un conocedor el mercado de los elementos de seguridad que adquiere en forma periódica el Estado para reforzar la lucha antidelincuencia.

Con tan pocos actores, comenzó a producirse una opacidad en el negocio que se destapó sólo con la noticia de que en una licitación el Gobierno iba a pagar a la empresa Tecnodata hasta 400% de sobreprecios por densímetros (permite detectar droga al interior de vehículos o contenedores) y fibroscopios (microvisores por ejemplo para registrar tanques de combustibles).

El tema ya está en manos de la justicia, que determinó revisar no sólo ese negocio, sino varios otros hacia atrás que habían estado en manos de la División de Estudios del Ministerio del Interior.

En este reducido mercado -que comenzó a crecer exponencialmente a mediados de la década pasada- destacan cuatro empresas que venden productos especiales para el control policial.

Se trata de la mencionada Tecnodata Ltda., propiedad de Alfredo Giacoman; Sectrade Ltda., perteneciente a Francisco Cordero (hijo del ex general de Carabineros Fernando Cordero); Asesorías e Inversiones Santa Victoria Ltda., que tiene como representante legal a Daniel Weinberger, y Seguridad GEO Ltda., cuyo dueño es el ex subdirector operativo de la Policía de Investigaciones (PDI), René Castellón.

Estas tienen relaciones con empresas internacionales distintas, pero que a veces se cruzan. Por ejemplo, en la cuestionada licitación hoy suspendida, Santa Victoria compraba los equipos a SAS R&D Services Inc., pero quien los vendía al Estado era Tecnodata.

Cómo se ha repartido la torta

Revisando los registros de concursos públicos desde 2007 hasta ahora, Sectrade lleva la delantera con 287 licitaciones ganadas.

Le sigue Tecnodata con 268, Santa Victoria con 4 y finalmente se ubica Seguridad GEO, con 2.

Sin embargo, al hablar de dineros, la balanza se dispara en favor de la cuestionada firma de Giacoman, sobre todo en los últimos dos años.

La época dorada de la firma de Francisco Cordero fue entre 2007 y 2008, cuando obtuvo 228 licitaciones, la gran mayoría originadas en Carabineros. En junio de 2007 la institución policial entregó una orden de compra por US$ 2 millones 913 mil (más de $1.000 millones) por un software para automatizar el sistema de identificación forense.

Esa fue la oferta más cuantiosa adjudicada a la empresa, ya que el resto varía entre los $92 mil y los $51 millones.

Después de 2007, bajó su participación en concursos públicos -en 2010 aparece con 10 licitaciones- y su rubro se enfocó en insumos de uso diario y otros como tests de detección de drogas y alcohol, lumas de maderas, videocámaras, polvos para huellas dactilares, cintas de seguridad y capacitaciones.

Tecnodata tiene varias decenas de adjudicaciones entre 2007 y 2009, por montos que van entre los $50 millones y los casi $ 70 millones.

El panorama varía entre 2010 y 2012, cuando hace menos negocios, aunque sustancialmente más cuantiosos. Sólo en el marco del Plan Frontera Norte sobrepasan los $1.800 millones. Además de insumos varios en materia de seguridad como detectores de metales, ha vendido a intendencias, PDI, Carabineros y el Ministerio del Interior los cuestionados densímetros y fibroscopios.

El mismo tipo de material importa Santa Victoria, que en los registros de ChileCompra, aparece con pagos de entre casi $ 4 millones hasta $ 87 millones. También tiene participación en el rubro alimenticio. Le han adquirido insumos la Cámara de Diputados y la Subsecretaría de Hacienda, entre otros.

Pese a que no participó directamente en las últimas transacciones de tecnología, aparece como el proveedor de Tecnodata en la cuestionada licitación de densímetros y fibroscopios, donde se supone obtendría una comisión de un 25%.

Seguridad GEO, en tanto, es la más nueva de las empresas, ya que inició actividades a fines de 2009. También ha vendido fibroscopios por valores similares a Tecnodata (más de $ 8 millones cada uno). Dos de esos equipos los entregó al Gobierno Regional de Tarapacá en septiembre de este año. Otra licitación fue por $ 185 millones para la PDI en 2011.

¿Ofertas hechas a la medida?

Ningún representante de las empresas mencionadas aceptó hablar con "La Segunda" sobre los detalles de este mercado, pero otros especialistas sí entregaron algunas claves para entenderlo.

Enrique Margirott, jefe de operaciones de la Sociedad Seguridad Ciudadana, detalla que hay elementos que siempre se están solicitando, ya sea en el ámbito privado como el público: chalecos antibalas, lumas, productos químicos para la detección de drogas o alcohol, detectores de metales... los cuales se venden en grandes volúmenes. Pero, recalca, hay otros de alta tecnología que "se piden de uno, dos o, a lo más, tres".

De ahí que la licitación por los 52 densímetros y 52 fibroscopios para el Plan Frontera Norte resultara especialmente atractiva.

Otro dueño de compañía -que no es parte del listado conocido y que prefirió mantener su nombre en reserva- asegura que muchas veces las ofertas están "hechas a la medida".

"El problema es que las licitaciones públicas que aparecen en ChileCompra generalmente ya tienen un elegido. El organismo público que necesita algo lo pide, pero en base a lo que ya conoce. Entonces, se acomodan las bases de licitación para que la empresa en cuestión pueda competir con los productos que tiene. O, al revés, se le dan a conocer antes las bases para que traiga el producto y sea ella la única en condiciones de ofertar. Es decir, por el motivo que sea -incluso puede que sea sólo porque creen que es la manera más eficiente de actuar- están casados con una opción y no buscan realmente algo mejor o más barato".

De hecho, en una versión no desmentida, esta semana se informó que Giacoman conoció con varias semanas de antelación los requisitos técnicos que se pedirían en el negocio de los fibroscopios.

Y ni hablar, acota el empresario que prefiere no identificarse, de cuando se requieren equipos especiales por emergencias. "Ahí les dan más plata a los servicios, que compran nomás".

Otro hecho que llama la atención es que los mismos equipos han sido comprados por distintas entidades públicas a distintos precios. Es decir, pareciera que no hay siquiera un ejercicio de ver cómo ha comprado antes el Estado cuando se trata del mismo producto.

Durante 2007, Tecnodata vendió siete unidades de fibroscopios a la PDI y dos al Gobierno Regional de Rancagua, por un valor promedio de $ 9 millones cada uno. Mientras que Santa Victoria, el mismo año, ofreció el equipo a casi $12 millones al Gobierno de Tarapacá.

Al año siguiente, la misma Intendencia pagó $ 15 millones a Tecnodata por un fibroscopio.

Este año también hubo diferencias. Tarapacá compró a Seguridad GEO 2 unidades por $ 8 millones 500 mil cada uno, mientras Tecnodata vendía 52 al Ministerio del Interior por casi $ 10 millones la unidad.

Asesores y vendedores a la vez

Otro dato no menor es que a veces para indagar sobre la tecnología que podría adquirirse, los servicios estatales piden asesoría a las mismas contadas empresas que participan en las licitaciones. Así parece haber ocurrido al menos en el caso hoy investigado por la fiscalía, con informes elaborados para que los servicios estatales conocieran de los avances disponibles en materia de seguridad en el mercado internacional, así como la posibilidad de aplicarlos en Chile.

Una fuente ligada a una de las policías reconoce que "seguro que había relaciones de familiaridad entre Giacoman y mucha gente, sin que eso signifique necesariamente algo malo. El es antiguo en este negocio, donde siempre los oferentes y compradores son más o menos los mismos, por eso todos se conocen".

Y si bien podría esperarse una competencia encarnizada entre las empresas, no siempre parece ser así. Giacoman relató hace algunos días que antes de la cuestionada licitación de los fibroscopios, había consultado a su par de Sectrade, Francisco Cordero, si participaría en ella. Así supo que este empresario no había logrado reunir los dineros necesarios para las garantías.

En ese mismo contexto se entendería el mail filtrado donde el dueño de Tecnodata le daba instrucciones a un oficial del OS-7 de Carabineros para que intercediera ante la norteamericana proveedora Phoenix American Technologies, que estaba a punto de quitarle la representación en Chile. Dicho mail no fue desmentido desde la entidad uniformada, aunque en una declaración pública se enfatizó que el comandante René Martínez sólo habló para saber "quién en definitiva se haría responsable de la mantención de los equipos adquiridos".

Y si de redes se trata, Alfredo Giacoman también tuvo conversaciones vía correo electrónico con el sociólogo del Departamento de Crimen Organizado de la División de Estudios de Interior, Carlos Alvarez; con el jefe del Departamento de Proyectos del mismo ministerio, Felipe Baeza, y con el jefe del Departamento de Crimen Organizado, Marko Magdic. El padre de este último transparentó su relación con un participante en licitaciones del ministerio. No dijo con cuál.

Carabineros allanó casa del ex funcionario de Interior, Felipe Baeza

Pasadas las 7:00 horas de hoy un equipo compuesto por efectivos del OS-9 de Carabineros y personal de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte llegó hasta el domicilio del ingeniero comercial y ex asesor del Ministerio del Interior, Felipe Baeza.

La misión de los policías, según el encargo de los fiscales especializados en delitos de alta complejidad, Jaime Retamal y José Morales, era incautar un computador, un pendrive y un disco duro externo de propiedad del ex jefe de la Unidad de Proyectos del Ministerio del Interior.

En el entorno del otrora mano derecha del ex jefe de la División de Estudios de la cartera, Alejandro Peña, confirmaron la diligencia y señalaron que era esperable. Sin embargo, precisaron que el profesional estaba tranquilo porque "no tiene nada que ocultar".

Desde que estalló el escándalo por sobreprecios para adquirir equipos antidroga, Baeza ha sido el único de los involucrados que se ha reservado el derecho a guardar silencio. Según sus abogados, el profesional desestimó declarar porque no tuvo acceso a la carpeta investigativa que tiene el Ministerio Público y que permanece en reserva.

Sus representantes han afirmado que una vez que termine el secreto de la indagatoria, Baeza entregará su testimonio y todos los antecedentes que posee sobre la polémica licitación para adquirir densímetros y fibroscopios en el marco del Plan Frontera Norte.