Claudia Candiani, abogada que ganó el ‘caso la Polar’, dijo que la normativa “es avance simbólico, pero un escaso aporte real al problema de saturación del sistema de salud público”, aunque reconoció importancia al nuevo derecho a rehusar un procedimiento médico cuando se afecta la dignidad de una persona.
Como “un escaso aporte para revertir el problema de saturación del sistema público de salud” calificó la especialista en derechos del consumidor Claudia Candiani a la nueva Ley de Derechos y Deberes del Paciente, que entró en vigencia el 1 de octubre en el país. La experta, que tiene en su haber el triunfo sobre la empresa La Polar en el juicio por las repactaciones unilaterales de cientos de personas, y que entrega asesoría jurídica gratuita a través de la página web www.reclamosyrespuestas.cl-, desglosó los pormenores de la normativa que ha sido presentada como “un gran avance” por el Ministerio de Salud.
“Se ha presentado como algo novedoso el derecho a respuesta a los reclamos formales de la ciudadanía, pero eso ya existe, tanto en la Ley 19.880 de procedimientos administrativos como en la Ley 20.285 de acceso a información pública, que estipulan un plazo máximo de 20 días hábiles para responder a los reclamos, consultas o solicitudes. Cuando la gente acude a las Oficinas de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS) sí obtiene respuestas, pero éstas son burocráticas o puramente formales. O sea, le dicen ‘debe seguir en lista de espera’ o ‘su opinión es muy importante para nosotros’, pero eso no es una respuesta que resuelva el fondo del problema", explicó Claudia Candiani, quien se presenta de candidata a concejala por la comuna de Lo Espejo, con énfasis precisamente en los problemas de salud.
“Esta Ley hace una contribución sobre el nuevo derecho a rehusar un tratamiento médico cuando eso afecte a juicio del paciente o sus familiares la dignidad o el bienestar integral de una persona. Eso es muy importante, pero más allá de eso esta Ley queda al debe, y es crucial que todos lo sepan, porque no significa que a la gente la van a atender en menos tiempo o que la calidad de la atención va a mejorar sustanciosamente”, adujo Candiani.
En opinión de la especialista en derechos del consumidor “importa avanzar en la operacionalización de derechos como los que entregó en su momento el Plan Auge. A la fecha, los hospitales públicos son el último eslabón del Estado en materia de calidad, junto a las cárceles, a la Corporación de Asistencia Judicial y a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), que también depende del Ministerio de Salud, al igual que los hospitales. En el caso de las COMPIN, la gente puede pasar meses e incluso años en espera de que le paguen una licencia médica, lo que redunda en que el afectado desarrolla una segunda enfermedad, generalmente vinculada al sistema nervioso o a depresión. Hablamos de lo peor entre los 340 organismos públicos que integran el Gobierno según la Encuesta Nacional de Derechos (2011), y a esto debe agregarse el grave problema de los consultorios de salud, donde ni siquiera podemos hablar de malas respuestas, sino que derechamente no se responde a los reclamos formales de la comunidad”.
“Hay avances simbólicos, que no por eso son despreciables, como el derecho a rehusar informadamente un tratamiento, o como el derecho que desde hace un tiempo tienen las personas transexuales y transgéneros de ser llamadas por su nombre social, independiente del nombre que figura en el carnet de identidad. Así también, esta Ley de derechos y deberes del paciente es un avance simbólico, pero en el país sigue pendiente un avance real para solucionar la saturación del sistema de salud, porque desgraciadamente hay gente que se muere en espera durante años por cirugías, especialmente cuando se trata de cáncer”, finalizó Candiani.
