"Complicada, muy complicada"

Así describen dentro del Ministerio de Educación la actual situación que enfrenta la Universidad del Mar, plantel privado que desde mayo está bajo la lupa de esa cartera, de la Contraloría, del Parlamento y del Ministerio Público.

Todo, luego que el entonces rector, Raúl Urrutia, renunciara a su cargo acusando que a los controladores sólo les interesaba lucrar con el plantel, pese a que la ley no lo permite.

A 5 meses desde que estalló el escándalo, el panorama se enreda cada vez más por los problemas financieros y de gestión que algunas de las 15 sedes -unas más que otras- deben enfrentar a diario: profesores arrastran hasta 4 meses de sueldos impagos, no hay plata para cancelar arriendos de algunos inmuebles, hay un éxodo masivo de estudiantes y parte de los alumnos todavía no inician su segundo semestre de clases.

A ello se suma que en diciembre se les acaba la acreditación institucional que lograron por dos años, sobre la cual existen serios cuestionamientos.

Nuevas autoridades cuestionadas

"Es súper claro que la universidad sigue en una situación de inestabilidad muy fuerte. Y aunque han tratado de normalizar las cosas, no lo han logrado, todo lo contrario", advierte Alejandro Silva, presidente de la confederación de estudiantes del plantel a nivel nacional, quien además preside la federación de la sede de Iquique.

De partida -dice- existe "un problema grave de gobernabilidad" ya que la denuncia del ex rector Urrutia derivó en una división entre los 4 controladores del plantel: "Tres de ellos nombraron nuevas autoridades para la universidad (junta directiva y rector actual), pero el otro cuestionó esto en tribunales y le dieron la razón. ¿Resultado? Los directivos actuales jurídicamente no son válidos" y el tema está pendiente en la Corte Suprema.

Y aunque existe un rector nacional (Patricio Galleguillos), no todas las sedes cuentan con un rector regional que se encargue de la gestión local directamente. Maipú no tiene, La Serena tiene uno interino y en Punta Arenas e Iquique -después de meses- acaban de nombrar al titular.

Les piden que entreguen un mandato a un banco

Pero más allá de los cuestionamientos jurídicos, lo que más molesta a la comunidad universitaria son los problemas concretos y cotidianos que viven los distintos locales que tiene el plantel.

El principal es la falta de recursos frescos . Y en ello ha influido la retención de $6 mil millones por concepto de Crédito con Aval del Estado (CAE) de estudiantes nuevos y renovantes, platas que si la universidad estuviera en condiciones normales debieron haberse cancelado hace meses.

"Como no hay plata fresca, desde hace mucho que no se les pagan los sueldos a los profesores que se suman a las deudas previsionales que estaban pendientes desde mucho antes que partiera todo este problema", cuenta el dirigente estudiantil.

Esta semana la Comisión Ingresa -que administra las platas del CAE- informó la liberación del pago de $1.500 millones, pero para ello puso una serie de exigencias.

Entre ellas, que la universidad entregue un mandato a un banco para que con esos dineros la entidad financiera pague los sueldos pendientes e imposiciones a los profesores y funcionarios, de acuerdo a una nómina previamente elaborada sin que los recursos pasen por manos de la universidad.

¿Quién quiere hacer clases?

Según el coordinador nacional de los sindicatos de académicos y funcionarios del plantel, Cesar Guisado, cuando explotó públicamente la crisis había 4 mil docentes en toda la universidad. "El 80% estaba a honorarios y el resto, contratados. Es a los part-time a quienes no se les pagó el salario y la situación más complicada está en las sedes de Punta Arenas, La Serena y Maipú... Algunos no reciben dineros desde mayo", dice.

Pero con estas nuevas platas, espera que pronto todo ello se regularice.

Agrega que por lo mismo estos docentes dejaron de hacer clases: "Algunos se fueron a otros planteles y están los que ni siquiera han entregado las notas del primer semestre. Y mientras no les paguen... no lo harán. Es un circulo vicioso porque ahoracuesta mucho encontrar profesores dispuestos a venir, nadie quiere hacer clases acá".

Por lo mismo, no todas las sedes han logrado cerrar el primer semestre y en varias -estando a mitad de octubre- aún no parten las clases del segundo semestre. "Iquique, La Serena, Maipú y Punta Arenas tienen problemas para partir el segundo semestre. En cambio Calama, Antofagasta y Copiapó no tuvieron ningún problema, está bien normal incluso el pago de los descuentos sociales", dice Guisado.

Cortes de luz y órdenes de embargo

A esta situación se le suman una serie de problemas de infraestructura que los estudiantes están catastrando para elaborar un informe nacional. En el norte, por ejemplo, cuentan que "algunas sedes tienen pisos de tierra, sistemas eléctricos en el aire, instalaciones con plagas de ratones o cucarachas y una sede (Alto Hospicio) opera de noche en un establecimiento donde durante el día funciona un colegio".

En Punta Arenas y Antofagasta no se han pagado los arriendos de los inmuebles ni se han cubierto gastos mínimos necesarios para su funcionamiento. De hecho, en la sede austral hubo incluso un aviso de "desalojo" que finalmente no se concretó.

"Se sufre con cosas básicas como cortes de luz o de agua a veces. Ha fallado internet por no pago o insumos para los baños. El martes en la mañana estuve en La Serena y justo llegó la empresa eléctrica local a cortar la luz por una deuda. Tras comunicarse con la Casa Central, se suspendió el corte, pero nadie sabe si se pagó o se sumó a las deudas", dice Guisado.

Salida masiva de estudiantes

Con todo este panorama, hace rato que comenzó a producirse un éxodo masivo de alumnos. "La Universidad de Tarapacá y otros planteles regionales convalidaron ramos en muchas carreras de la sede de Iquique, desde donde se debe haber ido como el 40% de los alumnos", asegura el coordinador de las federaciones estudiantiles, Alejandro Silva. Y cuenta que "por ejemplo la carrera de Psicopedagogía se quedó con cuatro alumnos".

Las cifras son respaldadas por el coordinador nacional de los sindicatos de académicos y funcionarios del plantel, César Guisado, quien agrega que "la merma de estudiantes en promedio debe ser cercana al 25%. En algunas sedes como Maipú supera el 30%, y en otras como La Serena es poco más del 20%. Estamos muy preocupados por lo que va ocurrir en marzo porque creemos que la fuga de alumnos va a llegar a un 40%".

Por eso, los presidentes de los sindicatos de cada sede se juntaron ayer en un hotel de Reñaca para coordinar acciones, ya que hoy se reunirán con la junta directiva y el rector nacional, Patricio Galleguillos: "Sabemos que esta baja de matrícula va a repercutir en los puestos de trabajo, así que queremos saber si habrá despidos para prepararnos".

Pero además, dice, llegan con una propuesta concreta: "Pedir la autonomía de las sedes con el fin de que puedan hacer algún tipo de emprendimiento que permita salvar la situación y generar financiamiento, porque lo que queremos resguardar es nuestra fuente de trabajo". Por ejemplo, dice, algunas sedes proponen crear un Centro de Formación Técnica o poner en marcha un preuniversitario.

La arremetida legal de los estudiantes

Los estudiantes también se están moviendo. La querella criminal que se presentó en junio con 30 alumnos querellándose contra la universidad por "estafa", sigue sumando adeptos. "Ya van más de 350 alumnos y la próxima semana se sumarán 100 o 150", dice el abogado que representa a los alumnos, Mauricio Daza.

Cuenta que pidieron una serie de diligencias -entre ellas que citen a declarar al ministro de Educación, Harald Beyer- "tendientes a comprobar cómo los controladores traspasaron fondos desde la universidad para su beneficio usando contratos con más de 85 sociedades sobre las cuales existen sospechas".

Y agrega que según le han informado en la Fiscalía, existe un grupo multidisciplinario de 16 profesionales formado por efectivos de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, junto con miembros de la Investigadora de Lavado de Activos "que está analizando una serie de información recopilada de interceptaciones de correos electrónicos y provenientes del secreto bancario para establecer si existe el delito de lavado de activos (...) También se indagan otras universidades".

Por ello, dice el abogado, " estimamos que antes que termine el año debiesen concretarse formalizaciones contra algunos de los controladores. La investigación quedó con estado de reserva por 6 meses, lo que termina en diciembre. Estamos muy esperanzados que habrá novedades".

 Ex rector Urrutia: "Volvería a hacer lo mismo"

"Nunca imaginé que mi renuncia iba a provocar todo esto... pero volvería a hacer lo mismo (renunciar y denunciar), es lo que correspondía hacer", dice hoy el ex rector Raúl Urrutia, quien está completamente desconectado del plantel y dedicado a ejercer su profesión de abogado.

El ex diputado RN cuenta que fue interrogado en la fiscalía y en el Ministerio de Educación: "Quedé muy conforme con las consultas que se me formularon y les entregué todos los antecedentes que adquirí como rector".

Y señala: "Lo más preocupante es que los estudiantes están en situación de completa zozobra, primero por los problemas internos de los controladores y en segundo lugar porque las autoridades tampoco definen nada cuando lo que está en juego es el destino académico de los muchachos".

Entregan platas CAE para pagar sueldos

Una serie de requisitos fueron las que puso la Comisión Ingresa a la Universidad del Mar para liberar el 50% de los dineros destinados al Crédito con Aval del Estado de sus Alumnos.

Según el acta de 7 páginas, los recursos se entregarán (están en proceso de pago) sólo por aquellos alumnos que deben renovar sus créditos y no por alumnos nuevos.

Pero además exigió que el plantel entregue un mandato a los bancos que participan en este proceso que los faculta a pagar el pago directo "de remuneraciones a sus académicos y funcionarios, cotizaciones previsionales de sus trabajadores y servicios básicos que permitan el funcionamiento de la universidad".

Pero también se pide que la Comisión Ingresa verifique "in situ" la situación académica de las distintas sedes, ya que la entrega del dinero se hará solo por aquellos estudiantes que ya finalizaron su primer semestre académico.