Minutos antes de las 10 de esta mañana, en los comedores de la Presidencia, se realizó una reunión clave entre el Presidente Sebastián Piñera y el ministro de Justicia, Teodoro Ribera. La cita tenía como objeto comenzar los análisis de la propuesta de "Reforma a la Reforma Procesal Penal", anunciada por el propio mandatario tras conocerse el caso de un sujeto liberado por dos juezas de garantía tras matar a un barrista.

En la reunión participaron también la subsecretaria de Justicia, Patricia Pérez: el senador Alberto Espina (RN), los ministros vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, y de Interior, Rodrigo Hinzpeter, y asesores de Ribera que entregaron al mandatario una serie de carpetas de las propuestas recogidas con académicos y especialistas.

Tras más de dos horas y media de reunión, el Presidente entregó los resultados de la instancia, reseñando los seis puntos en los que se enfocará el "perfeccionamiento" del sistema.

En primer lugar, señaló Piñera, se va a "incrementar la protección y la participación de las víctimas". Esto apuntaría a uno de los reclamos escuchados más frecuentemente: si bien existe una defensoría penal pública que representa a los imputados, no ocurre lo mismo con las víctimas, ya que el Ministerio Público representa al Estado. De ahí incluso que haya surgido la preocupación porque en el fallo de la Corte Suprema en el caso Bombas los ministros establecieron que la fiscalía no tiene derecho al debido proceso porque eso incumbe a las víctimas. Pero como en la mayor parte de los casos las víctimas no tienen abogado particular, en definitiva es esa persona la que podría estar desprotegida.

Se fortalecerán los recursos judiciales

La segunda idea será fortalecer la labor de las policías. En tercer lugar, se van a incorporar mayores exigencias y controles en los otorgamientos de libertad cuando haya prisión preventiva.

El cuarto punto estuvo dedicado a los jueces de garantía, donde el Presidente indicó que la idea es "incorporar mayores controles a los jueces de garantía a través del de fortalecimiento de algunos recursos judiciales".

La quinta iniciativa está dirigida a facilitar la obtención de pruebas en los delitos para lograr condenas y, finalmente "se va a fortalecer la capacitación de las distintas instancias que participan en la lucha contra la delincuencia", dijo el jefe de Estado.

Para lograr estos objetivos, señaló el mandatario, se van a hacer reuniones con personalidades de la sociedad civil, y comprometió que antes de 100 días se enviará un proyecto al parlamento, para que sea esa instancia donde se discuta la iniciativa.

Recalcó: "Después de 12 años, el gobierno estima que llegó el momento de hacer una evaluación e incorporar perfeccionamiento a nuestro sistema procesal penal con dos objetivos principales: hacer más eficaz la lucha contra la delincuencia y ayudar a las víctimas".

Ministro Ribera: "Cuatro meses de trabajo"

El ministro de Justicia indicó que para elaborar esta propuesta han trabajado sigilosamente por cuatro meses, tiempo en el que solicitaron su opinión a la Fiscalía Nacional (ver segundo título), la Defensoría Nacional, Corte Suprema, parlamentarios y también sacaron antecedentes de artículos académicos.

"Nosotros hemos revisado 27 propuestas de tipo legislativo (...) Lo que nos anima es que el sistema persecutorio garantice la paz social", señaló el secretario de Estado.

Adelantó que la próxima semana se realizará otra cita con Piñera para informarle los avances.

- ¿Esto es una forma de criticar a los jueces?

- Estamos analizando el sistema como un todo, más que mirar caso a caso. Nosotros nos estamos enfocando en tres materias: En la coordinación de los distintos actores que participan en el proceso, en la capacitación y perfeccionamiento de éstos y también la revisión de la materia legislativa.

Ribera finalizó: "La reforma va sí o sí".