Trabas burocráticas y "vicios legales" en que incurren las policías y la Fiscalía son parte de los problemas que dificultan las investigaciones de los robos violentos, los cuales en su gran mayoría terminan cerrados sin lograr establecer al culpable.

Estas son algunas conclusiones de un estudio que elaboró el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), dependiente de la OEA, que analizó la capacidad de perseguir estos robos en el marco del proceso penal.

Los robos violentos, entre los que están los asaltos, son uno de los delitos que generan la mayor sensación de inseguridad en la población.

Eduardo Alcaíno, investigador del CEJA y encargado del proyecto, indicó que "uno de los principales hallazgos es que no hay una política del Ministerio Público para generar eficiencia en la persecución de los delitos. Está la idea instalada en que no se logrará esclarecer el delito, entonces se hacen diligencias sólo para justificar el archivo provisional... para que vean que sí se hizo algo".

El estudio también reveló que entre las policías y el Ministerio Público se está utilizando un método ineficaz: la orden de investigar. Alcaíno indicó que "a veces esa orden llega a la policía 30 días después de que ocurrió el hecho. Y la fiscalía sabe que lo más probable es que esa orden terminará sin un resultado, entonces el Ministerio Público sólo da esa orden en caso de que la víctima reclame. Así pueden decir que sí han hecho diligencias".

Esta misma "orden de investigar" genera un recargo de tramitaciones en las policías y que "ellos mismos hablan de casos muertos", dice el investigador del CEJA.

En la contraparte, en la fiscalía, tampoco se sabe si la orden llegará o no de vuelta. Esto, dice Alcaíno, se debe a que el trato entre el Ministerio Público y la policía es entre instituciones y eso genera un distanciamiento entre el fiscal y el policía investigador. "Ha habido experiencias positivas, lideradas por algún fiscal regional o fiscal jefe, que busca mejorar la relación entre las instituciones, pero han sido casos puntuales solamente", indicaron en el CEJA.

El problema de los incentivos

Otro de los escollos que no permite que los robos violentos sean indagados es que "en el Ministerio Público no hay un incentivo para indagar este tipo de delitos. Los fiscales son evaluados en términos cuantitativos; es decir, cuántas causas llegaron a un término judicial y cuántas sentencias definitivas alcanzaron, independiente de que sean condenatorias o absolutorias", indicó Alcaíno.

Agregó que "los fiscales dan prioridad a las causas más sencillas, que tienen menos duración. En general, es cuando se cuenta con un detenido en flagrancia". El investigador del Ceja agregó que "ellos también son evaluados por el tiempo que tienen las causas abiertas, entonces, tampoco les conviene abrir una causa que había sido archivada provisionalmente".

Otro problema, según el Ceja, es que para las policías el objetivo es lograr un importante número de detenciones, pero no recopilar evidencias para lograr una condena. "La policía y la fiscalía tienen metas dispares, lo que genera el fracaso en estas investigaciones", dijo Alcaíno.

En el Ceja también informaron que "este estudio demuestra uno de los nudos críticos del sistema, el problema está en la persecución penal. Más que reformas legislativas, se debe trabajar en las políticas de persecución de las policías y del Ministerio Público". Agregaron que una de las formas de lograr esto es equiparando los incentivos de las instituciones.