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Las platas de la Iglesia, ante la posible demanda de las víctimas de Karadima

Las cuentas financieras del Arzobispado, asegura su administrador, Julio Poblete, son "deficitarias". Pero en el caso de que la Justicia les exigiera un pago, "la diócesis hará los esfuerzos" para cumplir.

por:  La Segunda / Por Miguel Ortiz A. y Felipe Díaz P.
viernes, 05 de octubre de 2012

En el caso del "cura Tato", la Ig lesia fue liberada del pago

La última vez que en Chile se planteó la responsabilidad de que la Iglesia pagara una indemnización por los abusos sexuales cometidos por un sacerdote fue en 2003, en el marco de la indagación contra José Andrés Aguirre, el "cura Tato", quien terminó condenado por abusos sexuales contra 10 menores y un caso de estupro entre 1998 y 2002.

Los tribunales, en primera instancia, lo condenaron a 12 años de prisión y una indemnización, por daño moral, de $50 millones. La sentencia también estableció que el Arzobispado de Santiago capitalino era "solidariamente responsable" del pago.

El caso llegó a la Corte de Apelaciones, donde se mantuvo la condena... y se aumentó la indemnización al doble ($100 millones). Esa resolución, del año 2004, establecía que el agresor "era sacerdote, persona que por su investidura goza de amplia confianza en la sociedad chilena". A modo de contexto, el fallo citaba la canción "Cura de mi pueblo", de Nicanor Molinare.

Ese mismo dictamen, se estableció que "la calidad del sacerdote encuentra su origen en su formación rigurosa", detallando que el Código de Derecho Canónico establece que el obispo diocesano "sólo debe admitir en el seminario mayor a aquellos que, atendiendo a sus dotes humanas y morales, espirituales e intelectuales, a su salud física y a su equilibrio psíquico, y a su recta intención, sean considerados capaces de dedicarse a los sagrados ministerios de manera perpetua". Y Aguirre había sido aceptado, en su momento, para ingresar al seminario.

La gran sorpresa en la causa llegó recién en 2005, cuando llegó a manos de la Corte Suprema. El máximo tribunal mantuvo la pena de 12 años contra y rebajó la indemnización a los $50 millones originales... dinero que debía pagar sólo él, liberando a la Iglesia de esa responsabilidad. La Suprema estimó que la relación entre el sacerdote y el obispo era sólo "pastoral", por lo que no correspondía que pagara por los delitos de los miembros.

"Alguna reparación deberíamos dar, pero económica... no sé de dónde".

Fue el obispo de Rancagua, monseñor Alejandro Goic , quien abrió el debate en torno a los bienes materiales de la Iglesia chilena.

En su calidad de presidente del "Consejo Nacional de Prevención de Abusos y Acompañamiento de las Víctimas" de la Conferencia Episcopal de Chile, el purpurado se refirió en esos términos a una posible indemnización, por parte de la Iglesia, para las víctimas de abusos sexuales a manos de sacerdotes. Días después aclaró que "el dinero no es la única forma de reparar" el mal causado.

Y como definiendo lo que -según él- podría significar un lineamiento en la materia, el propio arzobispo de Santiago, monseñor Ricardo Ezzati , complementó lo indicado por Goic con una sentencia que sacó ronchas entre los denunciantes del ex párroco de El Bosque, Fernando Karadima : "Las culpas son siempre personales, y no institucionales".

Antes este escenario, y tras lo anunciado por el abogado Juan Pablo Hermosilla (representante de las víctimas de Karadima) en cuanto a que están evaluando una "reparación forzada" por parte de la Iglesia, "La Segunda" le solicitó al administrador de los bienes del Arzobispado de Santiago, Julio Poblete , que aclarara en público las cuentas financieras de la Iglesia.

¿Tienen fondos como para responder ante una demanda millonaria?, ¿poseen propiedades y alquileres?, ¿cuál es su principal fuente de ingresos?, ¿cómo se guarda el dinero en la Iglesia?

Poblete accedió a responder un cuestionario por escrito en el que, sin mencionar cifras, dibuja el actual panorama económico de la institución. La mayoría de sus "activos", dice, "no están disponibles", ya que están "al servicio del culto" (templos, arte sacro, cálices, etcétera). Las cuentas -a finales de año- son "normalmente deficitarias".

En todo caso, Poblete -quien trabaja codo a codo con el padre Rodrigo Tupper , vicario general y moderador de la curia del Arzobispado de Santiago- sostiene que es "la Providencia de Dios" la que los ayuda a "terminar en equilibrio".

"No existen datos"

Administrativamente, la Iglesia está organizada bajo un régimen jurisdiccional territorial, por lo que cada diócesis tiene una administración independiente. Poblete, en ese sentido, sólo responde por lo que ocurre en la Arquidiócesis de Santiago.

Es por esta razón, además, que "no existen datos sobre el patrimonio total" de las diócesis en su conjunto. Como tampoco de las instituciones ligadas al catolicismo, como las congregaciones o movimientos religiosos.

-¿Dónde se guarda el dinero en la Iglesia?, ¿tienen una cuenta en un banco?

-Por los diferentes proyectos que tiene nuestra diócesis, reservas para eventualidades, algunas donaciones o pequeñas ayudas que recibe de fundaciones para cumplir su cometido pastoral, que tienen un modo específico y que por lo tanto puede tomar un tiempo su uso, se da el caso de que siempre existe un fondo financiero. Desde hace ya muchos años la administración de esos fondos se encarga a bancos o instituciones financieras, especializadas en lo que es la administración delegada de cartera.

Y si bien, añade Poblete, "no se trata de grandes sumas", la administración de los dineros "es siempre de mucho cuidado e interés, justamente porque saben la precariedad económica de la Iglesia".

¿Qué haría la Iglesia ante una eventual demanda de dineros por parte de víctimas de abusos sexuales?

La respuesta del administrador es clara: "En el supuesto caso que los Tribunales de Justicia determinaran algún tipo de reparación económica, la diócesis hará los esfuerzos para cumplir con esas resoluciones".

El tema, sin embargo, "no es el meramente económico", dice, aludiendo a lo señalado por monseñor Goic: "El apuntaba a que los bienes eclesiásticos no son necesariamente tangibles, por ello se refirió también a la precariedad económica de su diócesis" (Rancagua).

-¿Cómo se financia la Iglesia?, ¿son muchas las donaciones que recibe?

-Desde hace ya décadas el principal financiamiento de la Iglesia es la corresponsabilidad de los fieles representada por su contribución del 1% de sus ingresos y la generosidad expresada en las colectas dominicales.

Las propiedades

Y en ese sentido, plantea, las cifras son preocupantes: no es más del 10% de las personas que se declaran católicas las que aportan con el 1%... "Pero si pensamos que detrás de cada uno de estos erogantes hay una familia, pudiera pensarse que hasta un 30% de la población católica podría estar comprometida con el 1%", explica.

En este punto, Poblete opta por explayarse: "Probablemente son muchos los católicos que hacen su aporte a la Iglesia en forma anónima, lo que no respeta exactamente el deber de justicia que tienen para con su Iglesia. Así, muchos contribuyen generosamente en las colectas dominicales o a instituciones católicas de caridad. Ojalá que con el tiempo, después de un proceso educativo en que estamos empeñados, todo el mundo pudiera entender que la caridad generosa de las donaciones es diferente al 1%, que es un deber de justicia".

Sobre los bienes inmuebles que tiene la Iglesia, Poblete destaca la Sede Arzobispal -que ocupa los pisos 2° y 3° del edificio de Plaza de Armas 444-, y algunos locales comerciales en Compañía y la misma plaza, que "han sido siempre una renta destinada al sostenimiento general del culto".

En todo caso, manifiestan en el arzobispado, ésos y otros inmuebles arrendados que posee la Iglesia de Santiago, representan sólo un 15% de sus ingresos.

-Y las donaciones, ¿cuántas son?

En este punto no obtuvimos respuesta. Poblete sólo se limitó a indicar que "las leyes de donación no dan las facilidades para que las personas jurídicas, sociedades de inversión, sociedades anónimas y otras puedan efectuar libremente donaciones, descontándolas de su patrimonio, aunque sus dueños lo desearan".

Por esta razón, explicó Julio Poblete, están a la espera del perfeccionamiento de la "Ley Valdés" que se estudia en el Congreso: "Así, esperamos, vendrán más adelante nuevas facilidades para donar".

¿Y los bienes de la Pía Unión?

En las reservadas tratativas que ha mantenido la Iglesia con el abogado de las víctimas de Karadima se ha evaluado la posibilidad de que los dineros utilizados para una posible indemnización sean los correspondientes a la Unión Sacerdotal del Sagrado Corazón, entidad que fue suprimida por Ezzati en abril.

Si bien no hay un registro único de los bienes y propiedades que posee esa entidad, sabido es que, por lo menos, tiene seis propiedades a su haber. Poblete, sin embargo, reveló que "la entidad disuelta por el señor arzobispo es la entidad canónica y ella no poseía bien alguno". ¿A quién, entonces, pertenecen las propiedades? A una entidad civil que registra el mismo nombre de la Pía Unión, asegura el administrador del clero. Y es a ella, eventualmente, a la que podrían demandar las cuatro víctimas del ex párroco de El Bosque.

El abogado Hermosilla, en todo caso, ha sido claro al indicar que el Arzobispado de Santiago es responsable de "en la práctica, ocultar los hechos", teniendo los antecedentes de abusos en su poder. Y hacia allá apuntarían sus dardos.

Según los registros policiales, la propiedad de mayor cuantía de la Unión Sacerdotal son, por lejos, los terrenos donde actualmente está emplazada la misma parroquia de El Bosque, en Providencia. Su valor es cercano a los US$ 10 millones y, por tratarse de un terreno dedicado al culto, no paga contribuciones. Además del terreno del templo, la Pía Unión también posee cuatro departamentos ubicados en el Condominio Plaza Las Lilas. Cada uno de ellos tiene un valor cercano a los $160 millones.

Asimismo, y en la misma cuadra de la parroquia (por avenida Eliodoro Yáñez), opera el «Centro Médico y Dental El Bosque», cuyo administrador es el doctor Julio Raffo . Ahí trabaja un grupo de médicos que paga arriendo a nombre de una cuenta bancaria que aún está a nombre de la parroquia. Según consta en las carpetas investigativas que guarda la Iglesia sobre el ya zanjado caso Karadima, los inmuebles de la Pía Unión significaban un ingreso mensual de $3,5 millones que sólo eran utilizados para "gastos operacionales".

Finalmente, preguntamos a Poblete a qué dinero habría que echar mano para pagar una eventual indemnización: "Este tema está fuera de mi competencia y dependerá de la forma que se genere la obligación".

 Canonista: El vínculo con curas es "espiritual"

Según la doctora en derecho canónico de la U. Católica, Ana María Celis, "la jurisprudencia nacional ha liberado de responsabilidad civil a las diócesis", en casos de abusos sexuales por parte de sacerdotes.

Y añade: "Respecto de la responsabilidad penal, la legislación nacional sólo la establece en relación a las personas jurídicas en determinados casos, como por ejemplo respecto del delito de lavado de dinero".

Celis plantea que "lo habitual, en ámbito penal, es considerar que quien es responsable del delito debe cumplir la sanción y, si es el caso, responder civilmente".

-¿Y cómo es que en otros países la Iglesia ha entregado dinero?

-Son ordenamientos jurídicos distintos. Lo que ha ocurrido es que, en ocasiones, se han establecido extrajudicialmente montos como reparación a fin de evitar la entrada en juicio, o bien, el pago ha sido establecido como una sanción penal (al estilo de una multa).

-¿Y una responsabilidad "solidaria" de la Iglesia con sus sacerdotes?

-En el ordenamiento canónico no se contempla esa posibilidad, dado el tipo de relación de la autoridad con los clérigos, que es más bien espiritual.

Abogado civilista: Jurisprudencia es "restrictiva"

El profesor de Derecho Civil de la Universidad Diego Portales (UDP), abogado Carlos Pizarro , indicó que dependiendo de las circunstancias, la Iglesia sí podría responder por delitos que hayan cometido los sacerdotes a su cargo.

Si bien no maneja todos los antecedentes del caso Karadima -y que por tanto no puede hablar de ese caso en específico-, sostuvo que "no es la Iglesia la que tendría que hacerse cargo, sino que el Arzobispado el que podría ser demandado de responsabilidad civil, por los daños de un sacerdote. En este caso, no conozco en qué medida la Iglesia pudo haber evitado esta situación".

En otros casos, recordó Pizarro, el Arzobispado "ha sido demandado y la jurisprudencia ha sido más bien restrictiva y ha excluido su responsabilidad".

-¿Debe el Arzobispado responder por lo que hacen sus sacerdotes?

-No hay una respuesta definitiva. Me parece que, dependiendo de las circunstancias, la Iglesia podría hacerse responsable, siempre y cuando haya incurrido en una falta que hubiera posibilitado la comisión del delito. Un caso donde, a mi parecer, se daba esta situación era con el cura Tato. La jerarquía lo supo y dejó al sacerdote en cercanía a menores. Asimismo, si la jerarquía eclesiástica conociera de un delito sin hacer nada, habría un encubrimiento, lo que lo hace más grave.

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