"Incumplimientos a la normativa y debilidades de los controles" es la conclusión a la que llegó la Contraloría General de la República tras auditar el programa "Salvemos el año escolar", implementado por el Ministerio de Educación -a fines del año pasado- para alumnos de los liceos en toma producto del las largas movilizaciones estudiantiles.

"Se observa la falta de control respecto de las bases de datos que gestionaron el plan, toda vez que sus registros presentan inconsistencias en cuanto a la integridad y veracidad de los datos, impidiendo determinar con exactitud el número de alumnos inscritos, aprobados y/o reprobados", detalla el informe.

Lo más grave se detectó en el registro de los alumnos beneficiarios del plan, ya que se detectaron más de 21 mil RUT con problemas.

T erminado el programa, el Mineduc informó que inscribieron a 159.686 estudiantes mediante su RUT. Sin embargo, dice el texto, "5.384 RUT se encontraban duplicados, triplicados o cuadriplicados, lo que representa un 3,4% del total de los alumnos inscritos".

A estos se suman 145 "RUT inválidos". Y a modo de ejemplo, dice: "Se puede consignar la existencia de 38 números con RUT sobre 39.000.000 y que 107 registros presentaban datos incompletos, al no contar con el apellido materno".

Falta "resguardo de fondos"

Para constatar la veracidad de los datos, la Contraloría contrastó el saldo de los RUT inscritos (154.157) con la información que tiene el Servicio de Registro Civil e Identificación "constatándose que 16.345 RUT no correspondían al alumno que aparecía inscrito, lo que representa un 10,6% del total de registros certificados", dice el informe.

Por ello, la Contraloría pidió al ministerio "verificar las medidas de control implementadas a fin de mantener información correcta sobre la materia".

El programa "Salvemos el Año Escolar" implicó una inversión del Ministerio de $281.837.452, ya que se gastaron "$279.601.692, en publicaciones y avisaje, y $2.235.760 por concepto de adquisición de pendones, almacenamiento y distribución de los mismos".

Y aunque la Contraloría no cuestionó el gasto de los fondos, advirtió que el personal a cargo de emitir las órdenes de compra no era el idóneo para resguardar el destino de recursos públicos.