Las policías, jueces y calidad de las pruebas bajo la lupa. Opinan abogados, ex fiscales, académicos y parlamentarios.
Ayer, dando un golpe de timón, el Presidente Sebastián Piñera anunció una "reforma" a la Reforma Procesal Penal, la cual se estaría estudiando hace meses con expertos de diferentes instancias, a fin de mejorar la administración de justicia penal en Chile y otorgar más derechos especialmente a las víctimas.
"La Segunda" consultó a abogados, ex fiscales, profesores de Derecho, parlamentarios y el defensor nacional sobre cuáles cambios consideran imprescindibles en la "reforma a la reforma". En definitiva, apuntaron a cinco sectores: las policías, los jueces, los derechos de las víctimas, las pruebas de la investigación y el rol de los tribunales superiores.
Facultades de las policías
El senador RN Alberto Espina indicó que se debe "aumentar las facultades de la policía en las primeras diligencias de la investigación, haya o no delincuentes flagrantes". Agregó que hoy esas facultades son muy limitadas y son causa directa de las pérdidas de pruebas fundamentales en las primeras horas.
Por su parte Lucía Dammert, profesora de la USACh , dijo que hay que "darles más capacidad de acción a las policías en los momentos iniciales para evitar que, por algún problema de desentendimiento con los fiscales, se genere un vacío".
Rodrigo Lazo, actual jefe de la oficina Fiscalía Privada, dijo que uno de los mayores problemas es que suelen declararse ilegales las detenciones realizadas a raíz de los controles de identidad. Por esto, plantea que la policía debería tener más facultades para realizar este procedimiento.
Derechos de las víctimas
El abogado penalista Juan Domingo Acosta se preguntó "hasta qué punto los derechos de las víctimas están debidamente resguardados. Por ejemplo, ¿qué posibilidad hay que la víctima le pida al juez de garantía que le imponga al fiscal formalizar la investigación, cuando el fiscal ha optado por no proseguir en la causa? Hoy, el 'forzamiento de la acusación', que es cuando el querellante sustituye al fiscal, está muy limitado".
El penalista Juan Carlos Manríquez agregó que "hay una deuda con la situación del querellante particular y las víctimas, que están obligados a bailar al ritmo de la fiscalía". Agregó que si el querellante "quiere presentar las pruebas, no son tomados muy en serio en el tribunal. Esto debería transparentarse: o se elimina esta figura o se potencia, dándole derechos como de forzar una formalización".
Los jueces
La directora ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana, Javiera Blanco , planteó que se debería aplicar un "accountability judicial, para que los jueces tengan sistemas de rendición de cuentas".
Cristián Riego, profesor de Derecho Procesal de la UDP y uno de los impulsores de la actual reforma, indicó que "tenemos un sistema de designación y promoción totalmente informal que no estimula la excelencia, no verifica las calidades y los estudios y las capacidades, sino que se basa en las influencias personales".
Manríquez estima también que "hay una deuda en la dinámica de juicios complejos", donde la estructura de la sentencia tiene entre un 60% y un 80% de reproducción de lo que se dice en el juicio y que "eso convierte a un juez en un digitador".
El abogado penalista Miguel Soto Piñeiroconsidera necesario que "los tribunales de garantía deberían tener más facultades en la etapa de la investigación".
Las pruebas
El senador Espina postuló que se deberían "modificar las normas sobre validez de la prueba, ya que muchos antecedentes que son decisivos para condenar, por el hecho de haber tenido errores formales en la forma como se obtiene, se invalidan, lo que prácticamente no ocurre en ningún país del mundo".
Al respecto Juan Domingo Acosta dijo que "hay dos grandes razones para excluir una prueba: Una es la falta de pertinencia y la otra es la obtención de pruebas mediante violación de garantías fundamentales. La última es apelable ante un tribunal superior, la otra no. Esto, a mi parecer, debiese estar sujeto a la posibilidad de que sea controlado por un tribunal superior".
Acciones en los tribunales superiores
El defensor nacional, Georgy Schubert , indicó que "si la fiscalía puede apelar en la ilegalidad de la detención, también la defensa debiera tener la posibilidad de apelar cuando una declaración se declara legal y pudieran existir vicios en el procedimiento".
Por su parte, el abogado Claudio Feller dijo que sería pertinente que la Corte Suprema "vuelva a tener el conocimientos de la nulidad de fondo (actualmente en manos de las Corte de Apelaciones), con lo que se le va a reestablecer su papel de dictar la jurisprudencia".
