Las tratativas, encabezadas por el abogado Juan Pablo Hermosilla, quedaron ayer "en punto muerto" tras los dichos del arzobispo Ezzati.
A nombre de las víctimas del ex párroco de El Bosque, Fernando Karadima , el abogado Juan Pablo Hermosilla inició un reservado diálogo con la Iglesia chilena, en busca de una reparación -económica o simbólica- para los cuatro denunciantes en el caso: el periodista Juan Carlos Cruz , el médico James Hamilton , el filósofo José Andrés Murillo y el abogado Fernando Batlle .
Según una fuente ligada a la Iglesia, las tratativas "iban bien encaminadas" en cuanto a conseguir un traspaso económico a las víctimas, echando mano a los dineros que quedaron a disposición de la autoridad eclesiástica tras la disolución de la Unión Sacerdotal del Sagrado Corazón, que funcionaba al amparo de la iglesia de El Bosque y a cuya identidad canónica puso término el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati , en abril pasado.
La Pía Unión de Karadima poseía cinco inmuebles en la comuna de Providencia -que arrendaba, en las inmediaciones de la parroquia-, además de múltiples donaciones, atesoradas en dos cuentas corrientes. Sólo en los alquileres, la parroquia percibía $23 millones cada año, según lo consignó la investigación de Ciper "Los secretos del imperio de Karadima", además de otras cuantiosas inversiones en fondos mutuos.
Los denunciantes de Karadima, al ver que las "negociaciones" con el clero avanzaban, habrían desechado la opción de demandar a la Iglesia, tal como lo han hecho las víctimas de abusos sexuales en otros países, en busca de una indemnización.
Por esta razón es que las declaraciones que realizaron este fin de semana Ezzati y monseñor Alejandro Goic -"sin duda, alguna reparación deberíamos dar, pero económica, no sé dónde, ya que la diócesis no contaría con los recursos necesarios para esto", dijo- cayeron como balde de agua fría entre los denunciantes, quienes hoy optaron por no referirse al tema. Trascendió, en todo caso, que buscarían una "aclaración" al respecto, por parte de Ezzati.
Ayer, el arzobispo -tras participar de la tradicional procesión de la Virgen del Carmen- dijo que "las indemnizaciones dependen de lo que las víctimas hayan pedido y dependen de las posibilidades reales que existan de pagar", añadiendo que las culpas "son siempre personales, no institucionales".
Por ahora, las conversaciones quedaron en "punto muerto", mientras que en la Iglesia siguen buscando una fórmula para "reparar" el daño a las víctimas y así poder dar por cerrado el caso Karadima, de manera definitiva.
La experiencia en otros países
Por casos similares, en otras latitudes del planeta, la Iglesia sí ha respondido institucionalmente ante los abusos de algunos sacerdotes. Tal es el caso de la iglesia en Holanda, que accedió a pagar hasta 100 mil euros (unos $60 millones), incluso en casos de delitos ya prescritos. En Alemania, asimismo, los jesuitas optaron por indemnizar a más de 200 víctimas a través de un fondo especial.
En inmediata reacción a lo señalado por los obispos, el abogado Hermosilla indicó que "las declaraciones de los religiosos son lamentables y muy desafortunadas (...) La Iglesia Católica no está al margen del sistema legal de responsabilidad que hay en Chile".
Y añadió: "Creo que lo que manifiestan es una tradición de la Iglesia, o de al menos algunas autoridades de la Iglesia, de faltarles el respeto una vez más a las víctimas".
