En una sorpresiva decisión, esta lunes el 13° Juzgado de Garantía excluyó más de una veintena de pruebas documentales durante la preparación del juicio contra el sociólogo Hans Niemeyer, quien está acusado de instalar una bomba en una sucursal del banco BCI de Macul en noviembre de 2011 y fabricar otra en el memorial del fallecido senador Jaime Guzmán, en una automotora y en un poste de alumbrado público.

Entre las pruebas excluidas figura el material encontrado en el computador que usaba el acusado en su trabajo en la Municipalidad de Lo Espejo: según un informe policial, en el disco duro se detectaron manuales de cómo fabricar artefactos explosivos y recortes de prensa sobre los atentados.

Por ello, la Fiscalía Metropolitana Sur recurrirá a la Corte de Apelaciones para intentar revertir la decisión.

"Esta prueba fue excluida por impertinencia, pero además por vulneración de garantías constitucionales que es una causal que permite al Ministerio Público recurrir de apelación y revertir esta decisión. Nos encontramos ante una decisión de primera instancia que puede ser revocada por un tribunal superior", dijo el jefe de la Fiscalía Sur, Raúl Guzmán, quien lamentó la decisión del tribunal.

También rechazaron documentos

El fiscal explicó que fueron al menos 28 -de un total de 69- la cantidad de pruebas excluidas.

Agregó que entre el material hallado en el computador (además de manuales de cómo fabricar artefactos explosivos y recortes de prensa sobre los atentados explosivos) existían documentos que se referían a Mauricio Morales, Luciano Pitronello y movimientos anarquistas de Chile y otros países, algo que calificó como sumamente relevante para sostener la acusación.

Abogado alega "pericias dudosas"

Sin embargo la jueza Marcela Figueroa -del 13° Juzgado de Garantía- rechazó la presentación de los documentos y antecedentes encontrados en el computador personal que usaba Niemeyer, argumentando "impertinencia", "vulneración de garantías" y "sobreabundancia".

Uno de los abogados del acusado, Julio Cortés, señaló que gran parte de la acusación del Ministerio Público se basa en "pericias dudosas del punto de vista químico que hace el Labocar y el Gope, que concluyen que ciertos artefactos (explosivos) se parecerían entre si".

El jurista añadió que en este caso está pasando lo mismo que en otros anteriores del mismo tipo (Caso Bombas). "Ante la fragilidad de las pruebas directas, ellos (el Ministerio Público) empiezan a tratar de probar cuestiones que derechamente no tienen nada que ver, como documentos o publicaciones de otros países", dijo Cortés.

Según la Fiscalía Sur, el sociólogo arriesga 19 años de cárcel por el delito de colocación de artefacto explosivo terrorista en el caso del ataque al banco BCI y por la fabricación de bombas en otros tres atentados.

Sin embargo, según el Ministerio Interior el sociólogo debiera pasar 30 años tras las rejas, porque los bombazos perpetrados en contra de la sucursal del BCI y el memorial al ex senador Jaime Guzmán, serían delitos terroristas.