Inasistencia del paciente (a una o dos citaciones) son la causal más frecuente para exceptuar a un enfermo.
Polémica causó el informe de la Contraloría -que realizó en seis hospitales del país- donde detalla que de 3.273 pacientes que no recibieron atención por Auge 1.455 (44,5%) fueron dados por cumplido en forma administrativa o "exceptuando" a los enfermos.
La opción está dentro de la ley y según detalló el superintendente de Salud, Luis Romero, se hace en tres situaciones específicas: "La inasistencia del paciente, la voluntad del mismo de no querer recibir el tratamiento y que por prescripción médica éste no sea recomendable".
La mayoría de los casos, explica la autoridad, se dan por la inasistencia y cada funcionario en todos los niveles de los recintos asistenciales, debe llenar un formulario detallando la situación. Agregó Romero que "si la garantía se debe entregar dentro de 30 días, el paciente sólo es citado una vez; si no asiste esa única ocasión, se exceptúa. En el caso de que el tratamiento se deba entregar en más de 30 días, se cita dos veces".
La forma para contactar a los pacientes cambió el año pasado. Hoy, dice Romero, "se hace a la dirección de la casa, por correo electrónico y mayormente por teléfono (fijo o celular), y ese comunicación también debe quedar registrada".
Estos datos son usados dice el director de Fonasa, Mikel Uriarte, para transparentar el cumplimiento de las garantías. "En el organismo tenemos un semáforo (que comenzó a funcionar a comienzo de este año) para determinar cuál es la lista de espera que tiene un hospital y las patologías que están más afectadas", explica Uriarte.
Acusaciones cruzadas
Al margen de las explicaciones técnicas, las declaraciones cruzadas entre parlamentarios y el gobierno siguen e incluso hay amenazas de juicios de cuentas, comisiones investigadoras y acusaciones al comité de ética de la Cámara.
Los diputados DC Gabriel Silber y Víctor Torres, miembros de la comisión de Salud , solicitarán a la Contraloría que inicie un juicio de cuentas. "Acá se gastaron más 19 mil UF, más de 430 millones de pesos, en una campaña sobre un logro inexistente, una publicidad engañosa sobre una meta no cumplida", dijo Silber.
Los parlamentarios, al igual que sus pares Juan Luis Castro (PS) y Marco Antonio Núñez (PPD), exigirán una comisión investigadora para hacer una revisión de esta situación en todos los hospitales del país.
Mientras en el oficialismo los diputados Javier Macaya (UDI) y Karla Rubilar (RN), se reunieron el lunes con la subcontralora, Patricia Arriagada. Tras la cita los parlamentarios acusaron a sus pares concertacionistas de hacer una "interpretación mañosa" del texto. Aseguraron que en el documento del órgano contralor nunca se ha señalado que la lista de espera siga existiendo.
Ante las inminentes acciones la diputada anunciadas por la oposición, la diputada Rubilar aseguró que: "Comisión investigadora, ningún problema, interpelación al ministro (Mañalich) o sesión especial tampoco, porque no tenemos miedo de demostrar que se está diciendo la verdad".
A esto se suma la posibilidad esbozada por los diputados UDI de pasar a los diputados Castro y Núñez al Comité de ética de la Cámara por sus acusaciones.
