Gendarmería concluyó el balance preliminar de presos de origen boliviano que permanecen en las cárceles de Chile y que fueron beneficiados por la Ley de Indulto General.

En total, son 450 internos que cumplen condena por el delito de tráfico de drogas, según consigna El Mercurio.

El informe sería llevado hoy a La Paz por el ministro de Justicia Teodoro Ribera y el director de Gendarmería Luis Masferrer, para iniciar el segundo proceso de expulsión de indultados, que corresponde al 55% del total.

La semana pasada, en Arica, fueron repatriados 259 presos peruanos, en un operativo que duró casi tres días, y que contó con la colaboración de la Cancillería, la PDI y el Registro Civil.

El objetivo del viaje de ambas autoridades, es dar a conocer el plan al gobierno de Bolivia. En las próximas 48 horas, según el programa de visita, Ribera y Masferrer se reunirían con los ministros de la Presidencia de Bolivia, Carlos Romero, y de Justicia, Cecilia Ayllón.

Ribera explicó que "se enviarán a Bolivia a los reos que se acogieron a la ley de indulto. Hay que hacerlo a la brevedad, esperamos hacerlo a fin de mes o a comienzos del próximo".

La reunión con la secretaria de Justicia fue agendada para el miércoles, a las 15:00 horas. Allí se solicitaría la colaboración del servicio de identificación y de la policía boliviana para conocer si alguno de los indultados tiene procesos pendientes en su país, y luego preparar la entrega en la frontera.

En tanto, Gendarmería ya planifica el traslado al norte de los reos disgregados en el centro y sur del país. En Santiago, en la ex Penitenciaría se registraron 18 reos, y en la cárcel femenina 12, mientras que en Valparaíso hay 1, y en Quillota, 2.

Al igual que los peruanos, la gran mayoría de bolivianos se encuentra en el extremo norte. En la cárcel de Acha se anotaron 106 internos; en Alto Hospicio 90; en la sección femenina de Iquique 78; en Pozo Almonte 53 y en Antofagasta 30.

"Esto es fruto del reenfoque de Gendarmería de Chile a las labores que la ley que le ha encomendado, que se refiere tanto al resguardo de los imputados y condenados, como también a contribuir a la reinserción social", dijo ayer en la mañana el ministro de Justicia, Teodoro Ribera.