La actual vicerrectora de la UDLA asegura: "Yo no podría trabajar en una institución que viola la ley". La Superintendencia de Educación Superior "debiera tramitarse con urgencia".
"Me gustaría que una comisión investigadora de la Cámara no hiciera suposiciones, sino que realizara una investigación en profundidad para no contribuir a algo más grave: el deterioro de las confianzas".
De esta manera, la actual vicerrectora de la Universidad de las Américas (UDLA), Pilar Armanet , califica el informe de la Comisión lucro, que finalmente fue rechazado por la Cámara de Diputados, y donde se menciona a ese plantel entre aquellos en que los controladores lucrarían, burlando las normas de la educación chilena.
Armanet, ex jefa de Educación Superior en el gobierno de Ricardo Lagos y vocera de la Presidenta Bachelet, siguió de cerca el debate. "El decano de nuestra Facultad de Derecho, Patricio Zapata, dijo que las comisiones investigadoras tienen como objetivo los actos de gobierno y comparto esta tesis. La comisión entró a un terreno discutible en términos constitucionales. Respecto de las acusaciones específicas, lo único que quisiéramos es que termine de tramitarse la ley de la Superintendencia de Educación Superior, porque lo que digamos no tiene importancia en este clima de sospechas".
-¿La UDLA es propietaria de sus sedes?
-La UDLA es parte de una sociedad, en la que participa como propietaria, que es dueña de su infraestructura.
-¿Qué responde ante las acusaciones de que en la UDLA hay lucro?
-Yo no podría trabajar en una institución que viola la ley. La ley chilena establece que las universidades son corporaciones sin fines de lucro. Y declarar que una institución lucra, en circunstancias que la ley se lo prohíbe, es imputar un delito.
-La UDLA pertenece a la red Laureate. ¿Cómo se explica el interés de ese grupo en las universidades chilenas?
-Los aportes tienen que ver básicamente con servicios que necesitamos, que nos vende a un precio que es menor al del mercado. Desde servicios de administración, pasando por el sistema de aprendizaje de inglés (que pagamos a un precio que no podríamos pagar si no fuera Laureate) hasta la incorporación a un sistema mundial de bibliotecas.
"Hay acusaciones mutuas de violar la ley"
-En la comisión del lucro se hicieron suposiciones sobre cómo una universidad podría generar recursos para sus controladores...
-Me preocupa la palabra suposición. Cuando alguien imputa una conducta reñida con la ley, hacer suposiciones es súper grave. Me gustaría que una comisión investigadora de la Cámara no hiciera suposiciones, sino una investigación en profundidad, de modo de no contribuir a lo que a mi juicio es lo más grave, que es el deterioro de las confianzas. Estábamos votando un proyecto sobre la base de suposiciones y eso es gravísimo. Cuando se hace esto en un tema de esta magnitud -60% de los jóvenes estudian en el sistema determinado como de lucro- es gravísimo. Aquí hemos retrocedido muchísimo. Hay acusaciones mutuas de estar violando la ley. Por eso le pediría a los parlamentarios avanzar en un proyecto que despeje esta gran duda que se ha sembrado.
-¿Cuál sería el beneficio directo de contar con una Superintendencia de Educación Superior?
-Es fundamental que un órgano independiente del Estado investigue y sancione los casos en que se vulnera la ley o simplemente declare que, como manda la ley, no tienen fin de lucro. A nuestro juicio éste es un tema que debiera tramitarse con urgencia para poder empezar a despejar un problema que afecta a las comunidades educativas de las universidades que están en entredicho, entre ellas la nuestra, obviamente.
-En el tema acreditación, se ha cuestionado la relación entre quienes acreditan y las universidades que están revisando.
-El proyecto de Acreditación tuvo 800 indicaciones. Era difícil sacar un proyecto coherente de esa manera. Salió lo que salió y hemos avanzado en el tema de crear una cultura de rendición de cuentas en materia de calidad en este país. Eso no existía. Había una total independencia y autonomía. Pero nunca he sido partidaria de que en un organismo como la CNA existan representantes de instituciones. Esa es una lógica que viene del Consejo Superior de Educación y que tuvo una gran discusión, para poder establecer equilibrios. Un órgano de calidad tiene que estar constituido por expertos capaces y dedicados, ojalá profesionales que pudieran trabajar en eso. Nadie vive de formar parte de este tipo de órganos. Otro tema son las agencias de acreditación. Las expectativas eran que esto se iba a llenar de agencias, que era un negocio impresionante y que no había para qué regular tanto. Eso no sucedió. El problema que tenemos es que existen pocas agencias.
En todo caso, señala, "uno puede tener muchos debates de cómo se ha aplicado la acreditación, pero en cualquier universidad privada -primero porque el CAE está ligado a la acreditación- existen agencias de calidad y un proceso de autoevaluación. La UDLA se acreditó por tres años y tenemos que acreditarnos el 2014. Y en cuanto a la empleabilidad... tenemos índices similares al sistema. Depende de las carreras. Por ejemplo, en Veterinaria en que según Futuro Laboral tenemos niveles bajos de empleabilidad, nuestros egresados tienen sus propias clínicas como pyme y una forma tributaria que no la refleja Futuro Laboral.
El rol de los gobiernos anteriores-En la Comisión lucro fue tema que los gobiernos anteriores no hicieron nada para fiscalizar a las universidades. Usted fue jefa de Educación Superior, ¿qué podría responder?
-En el tiempo que estuve en el Mineduc, entre el 2000 y el 2006, éste era un país distinto, con objetivos centrados en la cobertura. Con el sistema de universidades tradicionales estábamos en tasas de 10% a 12% de cobertura. Nos íbamos a demorar tres siglos en tener la cobertura actual. La educación privada ha contribuido a aumentar los espacios y las oportunidades. El tema de cumplir o no la ley del lucro es un objetivo que está en el centro, porque hoy tenemos las posibilidades de que estos jóvenes vayan a la educación superior. Hoy tenemos más oferta que demanda. El 2000 había 300.000 jóvenes en la educación superior, el 2006 eran 600.000. Hoy tenemos un millón. Tenemos otros problemas, el fundamental es igualar las condiciones de acceso a ayudas estudiantiles de todos los jóvenes de Chile.
