Un fuerte cuestionamiento a la industria de la seguridad privada en Chile mostró un análisis realizado por el Centro de Estudios del Desarrollo (CED) y encargado por el Consejo Regional Metropolitano (Core).

El informe -titulado "Estudio de Oferta de Servicios de Seguridad Privada en la Región Metropolitana de Santiago"- explora la situación de las empresas que brindan dicho servicio y consideró, entre otras, la opinión de las cuatro prefecturas de Carabineros de la capital. El estudio incluyó también entrevistas a los dueños y directivos de dichas compañías y a los municipios.

Las cifras que acompañan el estudio son sorprendentes.

Sólo en Santiago hay más guardias que toda la dotación de Carabineros a lo largo del país. En la Región Metropolitana "la cifra de guardias de seguridad y vigilantes privados alcanza a los 73.997 agentes registrados (y continúa en aumento) y el número de carabineros a nivel nacional es cercana a los 50.000", asegura el documento.

Tecnología ad-hoc

En este contexto, el informe expresa que los principales labores que realizan estos funcionarios son las de vigilancia y protección de residencias e industrias, y la custodia y traslado de valores.

Sin embargo, esta alza en el número de agentes no ha significado una mejor calidad en los servicios que se prestan, dicen en el CED. Según el documento, las empresas proveedoras -en especial las pequeñas y medianas- se limitan a vender un producto (horas de un guardia, una alarma, etc.) sin que ese producto responda a estándares de calidad asociados a la "seguridad" que ofrecen.

En este contexto, apunta el informe, es necesaria una integración de "diversos elementos que componen la seguridad privada, desde los recursos humanos hasta el desarrollo de softwares ", además de una "entidad superior rectora (como una superintendencia o la oficina de Seguridad Pública, tal como considera un proyecto de ley en tramitación), experta en el tema desde el punto de vista técnico y normativo". Además, se indica, "el sistema debe clasificar los riesgos de las empresas aseguradas y exigirles un nivel ad-hoc de tecnología".

En paralelo, el estudio sostienen que las relaciones entre las empresas de seguridad y Carabineros se limitan sólo al ámbito "de los actos administrativos", es decir a la petición y entrega de autorizaciones y credenciales para operar. "No existe otro tipo de coordinaciones o instancias de colaboración", se concluye.

¿En qué se traduce esto? En no exista un bajo nivel de denuncias reportadas a Carabineros desde la seguridad privada, para combatir los delitos.

Es así como el documento agrega que "no se observa de parte de los directivos de empresas, ni tampoco de parte de la policía, un real interés en lograr mayores coordinaciones. En el caso de carabineros, sí hay una reflexión a este respecto, y concluyen en que no se ha sabido aprovechar los posibles aportes que la seguridad privada podría hacer a la labor que les compete".

El informe continúa que en la mayoría de las prefecturas de la Región Metropolitana se considera que la seguridad privada no es un aporte "importante" a la seguridad pública, ya que -salvo excepciones, explican- las empresas no comparten información útil para el trabajo policial, ya sea preventivo o de control. "La misma opinión expresan los directivos de las empresas", dice el trabajo.

En el informe las empresas de seguridad explican lo anterior diciendo que a ellas "sólo les compete actuar para prevenir o proteger las instalaciones o dependencias en que cumplen sus servicios".

Por parte de la policía uniformada -y según consta en el documento- lo anterior se debe a "que los empresarios instruyen a sus agentes de seguridad para no involucrarse en hechos que ocurran fuera de las dependencias o espacio en que cumplen funciones. La excepción está en la zona cordillera, donde Carabineros reconoce que la seguridad privada aporta informaciones específicas y útiles para el trabajo policial".

"Para algunos asesores de oficinas de seguridad de carabineros, esta falta de colaboración y entrega de información de interés policial de parte de la seguridad privada a la policía, se debe a la falta de comprensión del concepto de seguridad pública y privada, y comprender su rol de coadyuvantes en la materia", remata.

Empresas infraccionadas

El estudio del Core muestra también un alto número de empresas multadas por infracción a la normativa vigente. Así, por ejemplo, en la Prefectura Cordillera de Carabineros (comunas de La Florida, La Granja, La Pintana, Macul, Peñalolén, San Joaquín y Puente Alto) de los servicios que han realizado las empresas de seguridad que han sido fiscalizados por Carabineros, un 21,7% presentan algún tipo de infracción.

En tanto, en la Prefectura Sur (comunas de El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, San Ramón, San Bernardo, Buin y Paine) a pesar de los pocos servicios en materia de seguridad que se realizan, existe una alta proporción de infracciones. De las 1.337fiscalizaciones efectuadas por entidad fiscalizadora, el 11,5% de éstas resultan con infracción, dice el informe.

La mayoría de estas multas dicen relación con mantener a guardias sin identificación o capacitación... y compañías que no tienen los permisos de Carabineros para operar.